Los vecinos de la urbanización ‘Nueva Sierra’ se han manifestado este 2 de mayo en las calles de Albalate de Zorita, en Guadalajara, contra un supuesto desfase en las cuentas de la entidad que gestiona la propiedad que cifran en 15 millones de euros y que está provocando “una situación insoportable para miles de afectados”.
La movilización supone un punto y seguido a sus denuncias ante la opinión pública, ante las administraciones e incluso ante los tribunales, sin respuesta a su favor, de momento. Hablan incluso de presunto “fraude urbanístico”.
La historia viene de lejos. En noviembre de 2022 los vecinos relataban a elDiarioclm.es la impotencia de asumir las consecuencias de que nunca se terminaran los trabajos de urbanización. Debían haber concluido hace ya más de 30 años. Entonces denunciaban “indefensión” porque, según aseguran, parte del dinero que pagan (en teoría) para conservar y mantener las instalaciones se destina en realidad a urbanizar lo que falta. En otras ocasiones sirve para poner en marcha nuevas infraestructuras con elevados costes que consideran injustificados.
Decidieron presentarse a las elecciones municipales del pasado 28 de mayo, con la candidatura Grupo Independiente de Albalate (GRIAL). El Ayuntamiento cambió de signo político —se pasó de un gobierno del PSOE a otro del PP— y obtuvieron dos de los nueve concejales del municipio. “Conseguimos ser la segunda fuerza política en seis meses. Estuvimos muy cerca del tercer concejal y creímos que una vez dentro tendríamos acceso a la información. Ha sido todo lo contrario”, según explica Diana Da Silva, presidenta de la Asociación de Propietarios de ‘Nueva Sierra’ y también concejala. En el actual ayuntamiento gobierna Julio Vicente Villalba, del PP. Tampoco hubo respuesta, dicen, bajo el gobierno del PSOE en la anterior legislatura.
El entonces alcalde Alberto Merchante explicaba en 2022 a elDiarioclm.es que “legalmente no cabe exigir a los nuevos adquirentes más allá de la asunción de las cargas de urbanización de sus propias fincas” y reconocía que la entidad urbanística debe ocuparse de la conservación de las obras de urbanización y de determinados servicios, pero insistiendo en que no tiene obligación de finalizarlas.
En este sentido se remitía a la Ley Ordenación del Territorio y Actividad Urbanística de Castilla-La Mancha (LOTAU). La obligación, añadía en una respuesta por escrito, “correspondería al agente urbanizador” y “en su defecto”, le toca a los propietarios.
Reclaman una Comisión Informativa en el ayuntamiento
La presidenta de la Asociación de Propietarios de ‘Nueva Sierra’ dice que a los vecinos la situación les genera “impotencia”. Los dos concejales y propietarios se muestran preocupados porque en el pueblo les “acusan de estar en contra de Albalate y de ensuciar su nombre”. “No es así. Una urbanización saneada y con las cuentas claras, crearía riqueza para todos. No queremos ser unos apestados”.
En diciembre de 2023 plantearon ante el nuevo ayuntamiento la constitución de una Comisión Informativa mediante una moción de urgencia para analizar la situación de esta urbanización. No salió adelante. Ni siquiera llegó a debatirse. “Y eso que tanto PP como PSOE se mostraron partidarios en los primeros momentos de la legislatura en conversaciones privadas”, explican. Tampoco se debatió en la sesión plenaria de marzo de este año.
No se trata, dice, de cuánto pagan, sino a qué se destina ese dinero. Y tienen muchas, muchas dudas. Culpan al Consejo Rector de la Entidad Urbanística Colaboradora de Conservación (EUCC) que se ocupa de la gestión y el mantenimiento de la urbanización.
De esta entidad forma parte Mar de Castilla SA, la empresa urbanizadora y propietaria de buena parte de los terrenos, tanto urbanizados como sin urbanizar, y que posteriormente comercializa. Esta empresa cuenta con mayoría entre los miembros del Consejo Rector. “Los vecinos no tenemos información, no tenemos ni voz ni voto. Siempre nos dicen que, si no estamos de acuerdo, que vayamos a los tribunales”, lamenta Diana Da Silva.
“Tenemos más de dos millones de presupuesto, pero no lo vemos reflejado en la urbanización. Basta con ver cómo están las calles. No se gastan un duro. En los últimos años apenas han gastado 10.000 euros anuales en los viales”, explica Raúl Reyes, otro de los vecinos y el segundo concejal de GRIAL.
¿A dónde va a parar el dinero?, preguntamos. Ellos hablan de “inexplicables contratos a precios muy por encima de mercado” en los servicios de agua, basuras, abogados… “Esos proyectos no son ni más ni menos que una forma de recaudar dinero de los vecinos para terminar de urbanizar y eso es algo que les corresponde a ellos, no a los vecinos”, señala Reyes.
Hasta tres empresas han gestionado esta urbanización desde que su promotor allá a finales de los años 60 del siglo XX, Teodulfo Lagunero, empresario millonario militante del PCE proyectase urbanizar más de 50 millones de metros cuadrados entre los pueblos de Almonacid y Albalate de Zorita.
Nunca se completó, pero la urbanización sigue creciendo. Y según sus vecinos, a su costa, sin que la empresa haya dado su versión. “Nos sentimos estafados. Queremos que la urbanización se termine, pero que la pague quien la tenga que pagar”.
La urbanización ‘Nueva Sierra’ es una de las más grandes de Europa y dicen sus vecinos que “si estuviera terminada sería el tercer núcleo más grande de la provincia de Guadalajara”, debido a sus casi 6.000 parcelas y más de 2.000 viviendas construidas.
“Estamos moviendo cielo y tierra, dejando nuestras vidas personales para poder solucionar el problema a través del ayuntamiento, pero vemos que esa solución no llega. Igual si nos escuchan pedir ayuda, quizá se muevan”.