A los pies del Alcázar de Toledo, Izquierda Unida ha querido seguir haciendo presión para que el Gobierno ponga en marcha el proceso de exhumación del general José Moscardó y el teniente coronel Jaime Milans del Bosch de la cripta de este monumento en el que permanecen enterrados, y que pertenece al Ministerio de Defensa. La petición ya la habían realizado una vez aprobada la Ley de Memoria Democrática, pero esta vez lo han hecho de la mano de Mauricio Valiente, coordinador de IU en el Grupo Parlamentario de Unidas Podemos en el Congreso, responsable de memoria del Partido Comunista (PCE) y uno de los impulsores de la nueva ley.
Junto al coordinador de Izquierda Unida de Castilla-La Mancha, Juan Ramón Crespo, Mauricio Valiente ha expresado su apoyo a esta petición, y ha recordado que el impulso a esta ley lo realizan desde Izquierda Republicana y el Partido Comunista por ser dos de las organizaciones “más perseguidas y que más sufrieron la privación de la libertades y la represión en el conjunto de España”.
“Por eso, estamos impulsando que desde todos los ámbitos, todas las administraciones y toda la sociedad civil, se impulse el cumplimiento de una ley que tiene un componente de reparación, de eliminación de vestigios del régimen dictatorial, pero también un componente de reconocimiento a las mujeres y hombres que se enfrentaron a la dictadura”, ha subrayado.
Ha puesto como ejemplo el caso de la exhumación de los restos de Queipo de Llano en Sevilla, que se realizó inmediatamente después de la aprobación de la norma y con un “alto grado de consenso, que parecía imposible”. Por eso ha hecho un llamamiento a las administraciones para que se “adelanten” y tengan un “papel activo” en la aplicación de la norma.
Las administraciones tienen que actuar de oficio
Preguntado por el hecho de que ni desde el Gobierno de Castilla-La Mancha ni desde el Ayuntamiento de Toledo se haya llevado a cabo ninguna iniciativa para impulsar el cumplimiento de la nueva ley, Mauricio Valiente ha recordado que la norma contempla que las administraciones tienen que actuar de oficio pero también que las organizaciones sociales y políticas deben impulsarla con carácter subsidiario. Es el motivo por el que, ha recalcado, “reclamamos hoy la puesta en marcha de este procedimiento”.
“Todas las administraciones públicas tienen la obligación de hacerla cumplir con la diligencia debida. Es una obligación que las administraciones locales y autonómicas elaboren un censo de vestigios en un plazo máximo de un año, pero eso no es óbice para que la actuación sea inmediata. La importancia es que nos adelantemos para que la ley no se vea como un conflicto sino como una oportunidad. Queremos, no reclamar, sino acompañar en su aplicación aquí en Toledo y en el conjunto de España”, ha resaltado.
En este sentido, ha añadido que en la Alemania democrática de hoy “a nadie se le hubiera ocurrido tardar tanto tiempo en eliminar los vestigios del nazismo”. “Siempre va a haber tendencias a dejar todo como estaba porque forma parte de la política equivocada que se ha llevado a cabo desde la Transición: la de poner debajo de la alfombra lo que tiene que ver con la guerra y la dictadura, pero la historia y nuestra experiencia han demostrado que no ha sido una solución inteligente. Si seguimos con esa situación de impunidad y de mirar hacia otro lado, esto volverá a estallar y uno de los objetivos de la ley es la garantía de no repetición y que la democracia sea una realidad”.
“No se puede demorar por más tiempo”
Por su parte, Juan Ramón Crespo ha insistido en que se trata “una buena ley que llega muy tarde, que se tenía que haber aprobado hace 30 años” y que debe ponerse ya en marcha en Castilla-La Mancha. Para ello, IU va a seguir dirigiendo peticiones a la Secretaría de Estado de Memoria Democrática y al Ministerio de Defensa para que agilicen los trámites que permitan la salida de los restos de Moscardó y de Milans del Bosch del Alcázar de Toledo. “No se puede demorar por más tiempo, son muchos años con este esperpento”.
En cuanto a las denominaciones franquistas de pueblos como Llanos del Caudillo, Alberche del Caudillo y Numancia de la Sagra, este partido también se dirigirá a los tres ayuntamientos, pidiendo que cambien las denominaciones, al igual que en otros donde todavía hay calles con nombres franquistas o símbolos de exaltación de la dictadura.
A este respecto, Mauricio Valiente ha recordado finalmente que la Ley de Memoria Democrática establece un procedimiento sancionador “bastante claro” para todas aquellas administraciones que no quieran cumplirla.