El debate en torno al polémico proyecto de extracción de tierras raras en la provincia de Ciudad Real llegará este jueves hasta las Cortes de Castilla-La Mancha a través de una pregunta oral de Podemos. El diputado David Llorente interpelará al Gobierno regional sobre la situación en la que se encuentra este proyecto de la empresa minera Quantum en una decena de municipios que abarcan las comarcas de La Mancha, Montes de Toledo, Campo de Calatrava y Campo de Montiel, donde se estudia la extracción principalmente de monacita, elemento químico utilizado en la fabricación de nuevas tecnologías.
Concretamente, el parlamentario de Podemos preguntará sobre el plan estratégico de la Junta de Castilla La Mancha relacionado con la explotación minera de las denominadas tierras raras sobre unas 27.730 hectáreas en diversos municipios de Ciudad Real: Torrenueva, Torre de Juan Abad, Santa Cruz de Mudela, Alhambra, Membrilla, San Carlos del Valle, Valdepeñas, Manzanares y Moral de Calatrava, dentro de los proyectos denominados ‘Mulas’, ‘Rematamulas 2’, ‘Bailones F1’, ‘Bailones F2’, ‘Siles’ y ‘Cabeza del Buey’. Se trata de la primera de una batería de ocho preguntas que el Grupo Parlamentario ha registrado en las Cortes regionales, junto con una petición de documentación.
Este proyecto, aprobado durante la legislatura de María Dolores de Cospedal en Castilla-La Mancha, comenzó a tomar cuerpo en el debate político durante el Gobierno de Emiliano García-Page cuando se creó la Plataforma Sí a la Tierra Viva, formada por ciudadanos de municipios afectados y diferentes expertos para denunciar la “opacidad” y dudas con que se estaba llevando a cabo en el Campo de Montiel y aledaños.
La Junta de Castilla-La Mancha manifestó en respuesta a estas protestas que el proceso se realizará con transparencia y con todas las garantías, y que no saldría adelante si existía una mayoría social ciudadana que se opusiera al mismo. Desde entonces, algunos municipios afectados han comenzado a participar en el proceso de alegaciones públicas para la evaluación ambiental de los tres expedientes ya abiertos: Valdepeñas, Castellar de Santiago, Carlos del Valle y Torrenueva han enviado por escrito sus reservas en torno al proyecto, que tienen que ver con la salud pública, la posible contaminación del agua y el medio ambiente.
Entre el contexto de dudas expresadas por vecinos y expertos, se encuentra la cuestión relacionada con el agua, debido a una posible toma de 500.000 metros cúbicos anuales del pantano de la Cabezuela, que abastece a 36.000 habitantes del Campo de Montiel, principalmente a Valdepeñas. Además, la planta de tratamiento (la misma para los 10 proyectos) estaría a 8 kilómetros del embalse, al igual que el almacenaje de aguas desechadas. Ahí estaría el riesgo de contaminación química y radiactiva “bien por tratamiento rutinario o por fuga accidental”, con afección a la agricultura vitivinícola.
La Junta ha hablado de rigor y transparencia
Sobre este punto, el consejero de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, Francisco Martínez Arroyo, explicó a eldiarioclm.es que es en el procedimiento de evaluación de impacto ambiental donde el promotor debe demostrar que su proyecto es “inocuo para la calidad y la disponibilidad del agua”, así como para los recursos agrícolas de la comarca. Afirma que la Consejería garantiza que se analizarán estas afecciones “con el detalle y el rigor que se merecen”. “Nos aseguraremos de que, en su caso, el proyecto no tenga ningún efecto negativo ni sobre el agua ni sobre la agricultura”, destaca.
También en cuanto al riesgo para la salud, debido a la asociación de la monacita con elementos radiactivos como el torio y el uranio, desde la Junta han afirmado que el proceso está garantizado a ese respecto y que en este sentido el Gobierno regional va a ser “muy escrupuloso”. Lo mismo ha sucedido en referencia al patrimonio natural y cultural, donde los ecologistas alegan la posible afectación en zonas de importancia para el buitre negro, el águila imperial ibérica y el lince ibérico.
Los detractores del proyecto tampoco salvan al propio procedimiento administrativo. Afirman que se ha dividido en varias piezas y piden que todos los expedientes se agrupen en uno solo porque con ello se evitaría “separar artificialmente” una gran superficie en varios proyectos para que “parezca que hay un menor impacto ambiental”. Desde el Gobierno regional es otro el punto de vista: “la individualidad de cada expediente viene marcada por su consideración como expediente minero”, pero el propio procedimiento de evaluación de impacto ambiental “podrá requerir que se entren a analizar los efectos sinérgicos de los expedientes más próximos”.
El consejero detalló respecto a esto último que, dado que el requisito de evaluación de impacto ambiental es exigido igualmente aunque estén tramitados de forma individual, “entendemos que no existe una fragmentación del proyecto intencionada por parte de los promotores tratando de esquivar requisitos legales”.