Cinco telefonistas con discapacidad abocados a un ERTE tras 20 años de prestar servicio a la administración

“Decepción, indignación, impotencia y frustración”. Son los sentimientos con los que resumen su situación los cinco trabajadores con discapacidad que prestaban sus servicios como telefonistas de emergencias en el Parque de Bomberos de Talavera de la Reina a través del Centro de Especial de Empleo (CEE) que ellos mismos crearon hace 20 años. Como ya adelantó elDiarioclm.es, se quedaron sin trabajo a finales de 2023 aunque llevaban sin cobrar ya nueve meses.

La absorción del parque local de bomberos por parte del Consorcio Provincial (CPEIS), dependiente de la Diputación de Toledo, no conllevó la subrogación de estos cinco trabajadores con discapacidad (cuatro socios-empleados y un empleado) del Centro Especial de Empleo (CEE) Eboratel. La Diputación ha contratado a otras cinco personas.

El acuerdo para la “unificación del servicio” del parque local con el Consorcio Provincial se oficializó en septiembre de 2022 cuando tanto en el Ayuntamiento talaverano como en la Diputación gobernaba el PSOE. Ambas instituciones cambiaron de signo político en las elecciones autonómicas de mayo de 2023 y ahora están en manos de PP y Vox.

Ninguno de estos partidos políticos ni las administraciones abordaron la subrogación de estos cinco trabajadores. Ni cuando elDiarioclm.es publicó su denuncia ni hasta ahora. Por lo tanto, siguen “en la calle” y “casi arruinados”.

Tras el cambio de titularidad en la gestión de este parque de bomberos, estos cinco trabajadores aceptaron en diciembre de 2022 trasladarse a Toledo con el turno de ocho horas y optar a la licitación de gestión del servicio, si el pliego de condiciones se lo permitía.

Pero finalmente no hubo licitación porque en el pliego se incluía ya la subrogación de los seis empleados del Consorcio Provincial y no la de ellos. Entre tanto, se dio a Eboratel una nueva prórroga hasta el 30 de abril de 2023, hace más de un año. Un mes antes, todavía no habían recibido la formación prometida para incorporarse al Consorcio Provincial y el día 31 de ese mes les notificaron que rescindían el contrato.

Es en este punto cuando se vieron obligados a recurrir a la justicia, solicitando medidas cautelares para mantener su puesto. Se las concedió un juzgado de Toledo. El Ayuntamiento de Talavera de la Reina “decidió no pagar” y hasta el pasado 31 de diciembre (elecciones municipales y cambio de gobierno mediante) la empresa estuvo prestando el servicio. La última nómina que pudo pagar este centro especial de empleo a sus trabajadores fue la de noviembre pasado.

El pasado 31 de diciembre, el gerente les impidió el acceso al puesto de trabajo ya que el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha había anulado las medidas cautelares. César Barquín del Mazo, uno de estos empleados y socio del CEE desde sus inicios, dice no entender por qué está tardando tanto la resolución de la pieza judicial que se derivó de esas medidas cautelares. “Entendemos que el procedimiento principal sea lento pero las medidas cautelares las dictó la jueza para, precisamente, evitar lo que está ocurriendo”.

Esta situación provocó que el pasado mes de febrero el Centro Especial de Empleo se viera obligado a aprobar un ERTE parcial con una duración de un año, hasta febrero de 2025. Eboratel mantiene actualmente solo a una empleada con el mínimo de horas semanales con la intención de no perder la condición de Centro Especial de Empleo.

Es decir, están prácticamente sin actividad y con las deudas que ha generado la empresa al seguir pagando el IVA de las facturas que nunca han cobrado. Además, como consecuencia de no haber podido pagar las últimas nóminas, Eborarel ha perdido el derecho al cobro de la subvención que el Gobierno de Castilla-La Mancha concede por el mantenimiento de puestos de trabajo.

Aportaciones de familiares y amigos

De esta forma, para poder pagar el IVA, los seguros sociales, el préstamo del ICO que solicitaron hace tres años, la asesoría judicial y las comisiones del banco, los socios del CEE están realizando aportaciones. “Cada uno lo que puede” y mediante lo que donan familiares y amigos. La última nómina que percibieron fue en noviembre del año pasado y hasta el pasado mes de marzo no empezaron recibir la prestación por desempleo.

Su impotencia es aun mayor tras hacerse público que el Ayuntamiento de Talavera de la Reina sí ha mantenido al personal de la ORA en la ciudad tras haberse aprobado la remunicipalización del servicio. Aunque el caso no es el mismo, consideran que es “muy similar”.

Tras las negociaciones desde que se aprobó la absorción, estos trabajadores no han vuelto a tener contacto con ningún representante público en los últimos tres meses. “Siempre hemos sido nosotros los que les hemos solicitado ser escuchados. Ni el Ayuntamiento ni la Diputación se han puesto en contacto con nosotros. Con el Gobierno regional ni lo hemos intentado. Están consiguiendo lo que querían, que el tema se olvide y nos aburramos y casi nos arruinemos esperando. Mientras, ellos siguen eludiendo responsabilidad con la estrategia de culparse el uno al otro”.

“Hemos perdido la esperanza de mantener nuestro trabajo. En el parque de bomberos de Talavera obviamente ya es imposible y tampoco veo posible lo que en su día prometieron, trabajar en el CORE (Servicios contra Incendios) en Toledo”, lamenta César.

Para estos trabajadores es “decepcionante” ver cómo una decisión política puede provocar la pérdida de trabajo a cinco personas que llevan dedicándose a ese servicio desde 1997, con lo que ello conlleva para ellos y sus familias.

Nos genera impotencia ver que tenemos un CEE, que queremos trabajar y que tenemos ideas que podrían funcionar. Y ver que es imposible porque no disponemos del dinero y la estabilidad necesaria para llevarlo a cabo es frustrante

“Todo esto también es indignante, porque se contrató a cinco personas para hacer lo que tendríamos que haber seguido haciendo nosotros. Se nos dijo que tendríamos que aceptar trabajar en turnos de ocho horas en Toledo, planteamos la inviabilidad de ese horario proponiendo que fueran turnos de doce horas. Se nos negó y sin embargo, al mes de comenzar el servicio la nueva adjudicataria, se cambió el turno de ocho horas por el de doce horas”.

También mantienen, como denunciaron en su momento, que el tiempo de respuesta en las llamadas de emergencia del parque de bomberos de Talavera ha aumentado, “con el consiguiente riesgo para los ciudadanos”.

“Nos genera impotencia ver que tenemos un CEE, que queremos trabajar y que tenemos ideas que podrían funcionar, al menos intentarlo. Ver que es imposible porque no disponemos del dinero y la estabilidad necesaria para llevarlo a cabo es frustrante. La complicada situación económica de la empresa y de los socios hace totalmente imposible cualquier intento de iniciativa”, concluye.

Cuando los trabajadores denunciaron su situación, Juan Carlos Trujillo, diputado provincial y presidente del Consorcio Provincial, explicó a este periódico que al tomar el acta de diputado, esta situación ya se encontraba en un procedimiento judicial, en medidas cautelares. “Nos encontramos con una empresa que había estado contratada por el Ayuntamiento de Talavera pero esa vinculación laboral ya había finalizado, por decisión del anterior equipo de Gobierno. Por lo tanto nunca ha llegado a haber un vínculo laboral con el Consorcio ni con la Diputación”.

Lamentó que el anterior equipo de gobierno talaverano, que aprobó la absorción, no adoptara ningún acuerdo para que estos trabajadores se mantuvieran en su puesto de trabajo. “Es un problema que se nos escapa de las manos. Me duele porque he hablado con ellos personalmente, pero este procedimiento ya nos lo encontramos en un juzgado, que es ahora quien tiene que decidir. Tenemos las manos atadas y no podemos actuar de manera arbitraria”, concluyó. 

Por su parte, el Ayuntamiento de Talavera de la Reina sigue sin responder, como no lo hizo tampoco hace tres meses, a la petición de este periódico sobre si existe alguna solución, ayuda o posibilidad alternativa para estos trabajadores.

El acuerdo que generó todo el problema

El acuerdo de septiembre de 2022 entre el Ayuntamiento de Talavera de la Reina y el Consorcio Provincial de Bomberos, entonces con gobiernos socialistas, se llevó a cabo para la “unificación” de la prestación del servicio de extinción de incendios, una medida para reducir tiempos, ganar en medios personales y materiales y “ser más eficaces”.

Durante la precampaña electoral de los comicios locales de mayo de 2023, el candidato del PP (y ahora alcalde), José Julián Gregorio, pidió que Talavera tuviera una segunda central operativa que atendiera las llamadas del servicio de extinción de incendios desde la ciudad, “y que lo hagan los cinco trabajadores discapacitados que lo hacían hasta ahora y que no pueden desplazarse a Toledo”.

Acusó a la entonces alcaldesa, Tita García Élez, de “falta de sensibilidad” al permitir que se “desmantelara” un servicio fundamental que durante 25 años “ha captado las llamadas de alerta y de socorro de los talaveranos y que ha sido regentada por un plantel de personas con discapacidad de nuestra ciudad”. Por todo ello, pidió la subrogación de los trabajadores de Eboratel, una medida que no ha propiciado ni llevado a cabo siendo ya alcalde de la ciudad.