Se extienden las amenazas que “cierran y usurpan” caminos públicos y vías pecuarias para “cazar y hacer carreteras”

Hay aproximadamente 140.000 kilómetros de vías pecuarias y alrededor un millón de kilómetros de caminos públicos En España. Estas figuras están protegidas legalmente: desde la Ley de Patrimonio de las Administraciones Públicas, hasta la norma estatal sobre vías pecuarias y las regulaciones autonómicas que existen en algunas regiones. La gestión de las vías pecuarias es competencia de las comunidades autónomas y la de los caminos públicos, de los ayuntamientos.

El marco parece muy claro, pero lo cierto es que desde hace décadas el mapa de estos trazados se ha ido borrando. Se cierran, se “usurpan” o se ocupan, para asfaltarlos, convertirlos en carreteras o para dejar vía libre a la caza.

Es lo que constatan desde la Plataforma Ibérica por los Caminos Públicos (PICP), que trabaja desde hace 16 años con el objetivo de defender estas figuras y que ha celebrado en Sigüenza (Guadalajara) del 25 al 27 octubre un nuevo foro estatal para analizar la situación actual, en colaboración con Ecologistas en Acción y WWF. Estos colectivos han puesto en valor el potencial de “las arterias que conectan el medio natural”, corredores de la biodiversidad que “atesoran además vestigios de otras épocas y de la actividad sociocultural, económica y oficios de las comunidades locales”.

Manuel Trujillo, miembro de la Junta Directiva de PICP, resalta que Andalucía, Extremadura y Castilla-La Mancha son las tres comunidades donde más vías pecuarias y caminos públicos se han cerrado o están amenazados. “Ha habido avances de procesos de recuperación de terrenos, pero la tendencia general es la contraria. Los cierres, ocupaciones y usurpaciones se extienden cada vez más y hay un claro objetivo de que su uso no sea ecológico o de senderismo. La intención es desmantelarlos y que pasen a ser carreteras y zonas para cazadores”, argumenta.

Pero ¿quién está detrás de todo ello? La plataforma apunta a varios actores: las administraciones (tanto la central como las autonómicas y locales) por un lado, y los propietarios privados y empresas, por otra parte.

Incluso con legislación, las administraciones hacen “poco o nada”

Los gobiernos autonómicos hacen “poco o nada” en la defensa de las vías pecuarias que son de su competencia, incluso en aquellas donde hay legislación propia. Y en cuanto a los ayuntamientos, en la mayoría de los casos ni siquiera tienen inventariados, como obliga la ley, sus caminos públicos. “Los particulares y las empresas se aprovechan de esta situación, a veces sin saberlo, pero otras veces aprovechando esta dejadez”.

Uno de los últimos casos más polémicos y que ha centrado buena parte del mencionado foro nacional es la reforma legislativa que el Gobierno de Castilla-La Mancha llevó a cabo a principios de año para permitir actividades cinegéticas en el patrimonio caminero. Se hizo “de tapadillo” y a través de la reforma de la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos regionales, pero desató una oleada de protestas que todavía colean.

La propia Plataforma Ibérica de Caminos Públicos, junto a Ecologistas en Acción y la Federación de Deportes de Montaña, denunciaron durante meses esta medida ante el Ministerio de Transición Ecológica. Finalmente, la Administración General del Estado notificó al Tribunal Constitucional la creación de una Comisión Bilateral con el Gobierno castellanomanchego para analizar esa reforma legislativa, que otorga derechos de caza a titulares de terrenos cinegéticos en vías pecuarias. Así se publicó en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha al pasado mes de junio.  

El plazo máximo para acordar una solución al conflicto de constitucionalidad es de nueve meses desde que se publicó la modificación legislativa. Eso fue en marzo. Y en caso de que no se alcance un acuerdo entre ambas administraciones, la Administración General del Estado habría de formular el correspondiente recurso de inconstitucionalidad.

Para estos colectivos hay al menos dos cuestiones de “dudosa constitucionalidad”: el incumplimiento de la Ley estatal de Vías Pecuarias en el sentido de que “no sería legal otorgar derechos de caza sobre las mismas”; y, en segundo lugar, que se puedan celebrar actividades cinegéticas que son “incompatibles con los usos que sí son propios de estas infraestructuras verdes como el ganadero, el medioambiental y el uso público”.

Aunque el plazo para que esta comisión arroje sus conclusiones termina a finales de año, este medio se ha puesto en contacto con el Gobierno regional para conocer algún detalle más. Fuentes de la Consejería de Desarrollo Sostenible confirman que ha habido una primera reunión de la Comisión Bilateral para “acercar posturas” y que “la sensación es positiva”. El Ejecutivo autonómico prevé así evitar el conflicto con el Tribunal Constitucional, aunque apela a la prudencia.

En una entrevista con elDiarioclm.es, la consejera de Desarrollo Sostenible de Castilla-La Mancha, Mercedes Gómez, explicó en su momento que tanto en la legislación estatal como en la de la comunidad autónoma hay un apartado específico relacionado con la seguridad de las personas cuando se lleva a cabo una cacería.

“Se establecen medidas de distancia para lograr que las personas que discurren por caminos y vías pecuarias tengan protección. Pero cuando hay una montería, puede suceder que los animales atraviesen estos caminos y aunque se dispare desde lejos, puede haber algún tiro en la zona por donde pase algún viandante”. Esto, argumentó la consejera, “preocupa mucho” al Gobierno regional, por lo que decidió “blindar” esos caminos con “medidas muy estrictas” que se desarrollarían posteriormente para su incorporación al Reglamento de Caza.

Se está partiendo del hecho de que estas vías y caminos públicos no sirven para nada, y que si alguien las quiere, pues que se las quede

Otro caso que menciona Manuel Trujillo y que también se analizarán en el foro estatal es la intención de los gobiernos de Andalucía y de la Comunidad de Madrid de “convertir en carreteras” algunos de estos espacios. “Se está partiendo del hecho de que estas vías y caminos públicos no sirven para nada, y que si alguien las quiere, pues que se las quede”.

No ayuda a esta situación la falta de inventarios de caminos públicos en los ayuntamientos. La plataforma está realizando un estudio por entidades locales para conocer más al detalle la situación, y solo en Andalucía, constata que alrededor del 80 por ciento no lo tienen, y casi la mitad “ni saben lo que son”. Y hay más: los registros que hay en tan solo el 20% de ayuntamientos “no son válidos ni se han realizado en condiciones”. “Sabemos que la situación en España es similar y que incluso puede ser peor”, avisa Manuel Trujillo.

Frente a esta situación y a “la expansión de las amenazas”, la plataforma defiende como factor positivo el hecho de que cada vez hay más conocimiento social del tema y que aumenta el número de personas concienciadas que defienden estos espacios. Aunque es “una batalla difícil”, agrega.

Un medio natural “cada vez más tensionado”

El año pasado, las Jornadas de la PICP se celebraron en Montánchez (Cáceres) en el mes de abril y la Asamblea General avaló por unanimidad la candidatura de Emiliana Rubio, de Hinojosa del Duque (Córdoba), como nueva coordinadora, agradeciendo a Manuel Trujillo y su equipo la labor realizada como coordinador. Es la primera mujer que asume la coordinación de esta plataforma estatal que integra a asociaciones, federaciones, clubes deportivos y demás entidades en defensa de los caminos públicos.

La PICP defiende con estas jornadas un patrimonio caminero relevante para la ganadería en trashumancia y como corredores de biodiversidad en un medio natural “cada vez más tensionado”. Pero también quiere que sean “palanca de cambio para la promoción de hábitos saludables, propuestas de turismo sostenible”.

Por eso su preservación, dinamización y mantenimiento constituye “una fuente de riqueza y de empleo para la comunidad”, especialmente en el área rural, y es positiva para la ordenación del territorio y en caso de emergencias para facilitar el acceso a medios de extinción de incendios o al personal sanitario.