La Fundación Franz Weber ha denunciado la promoción de un “espectáculo cómico taurino” con personas con acondroplasia previsto para el próximo día 14 de septiembre en el municipio de Numancia de la Sagra, en la provincia de Toledo.
Recuerdan que este tipo de convocatorias contraviene el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social.
Trasladarán su queja ante la Junta de Comunidades para pedir la suspensión inmediata de la convocatoria atendiendo al marco estatal.
Así fundamentan su escrito en la Disposición adicional decimotercera, que en su apartado 2 señala que “quedan prohibidos los espectáculos o actividades recreativas en que se use a personas con discapacidad o esta circunstancia para suscitar la burla, la mofa o la irrisión del público de modo contrario al respeto debido a la dignidad humana”.
También resaltan que hay colectivos como la Asociación Nacional para Problemas de Crecimiento, la Fundación ALPE Acondroplasia, ADEE España, Afapac, CERMI o Fundación ONCE que han trabajado durante años para que esta normativa fuera ratificada, y desde octubre de 2022 existe un programa para mejorar la empleabilidad de las personas con acondroplasia fuera de estos eventos.
La Fundación considera “muy grave” que el propio Ayuntamiento patrocine este evento, contribuyendo a perpetuar estereotipos sobre la forma en que se representa a las personas con acondroplasia en actos públicos.
Incluso el Comité sobre las personas con discapacidad de Naciones Unidas en 2019 advirtió a España sobre esta imagen que se producía en eventos taurinos, instando a prohibir este tipo de actos que provocan humillaciones y su degradación por su mera condición física.
El pasado año, señalan, Extremadura, Región de Murcia, Castilla y León y la propia Junta de Andalucía denegaron actos similares atendiendo al marco normativo vigente en toda España. FFW no descarta tomar otras acciones administrativas y jurídicas para paralizar “una actividad discriminatoria, que atenta contra los derechos de un colectivo vulnerable al que se ridiculiza con estas convocatorias”.