Castilla-La Mancha está muy por encima de la media estatal en número de plazas residenciales por cada cien mayores de 65 años. La ratio es de 7,2 frente a la de 4,2 de la media del país. Se trata de un dato que no llama la atención porque esta comunidad autónoma tiene un alto porcentaje de población envejecida. Lo que sí es significativo es el hecho de que, al mismo tiempo, sea con diferencia la que menos dinero destina a financiarlas: 53 euros por plaza frente a los 68 euros de media estatal.
Es una tendencia generalizada en todo el país debido a la gestión privada de estos centros residenciales o de plazas que se anuncian como públicas, pero que luego son externalizadas. El debate sobre este tipo de modelo es continuo, sobre todo desde la pandemia de COVID-19 y de las numerosas personas fallecidas en estos centros.
Muchos de estos centros caen en manos privadas, algunas en fondos buitre que principalmente buscan el lucro. Es parte de la denuncia que realiza el documental 'Pactos de silencio' realizado por asociaciones y particulares como Afectados BBS, #LaRealidadDe, Cecilio Cean, RTVP y Moviment de Residències i SAD.
Pero ahora es CCOO quien ha puesto el foco en Castilla-La Mancha, principalmente en el desequilibrio de datos y en los efectos que tiene sobre las condiciones del personal, la mayoría mujeres.
Con datos del IMSERSO, del Laboratorio del Envejecimiento en Red del CSIC y de la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, la Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios del sindicato ha emplazado directamente al Gobierno de Castilla-La Mancha y a patronales como ACESCAM y ARTECAM a mejorar de forma “urgente y sustancial” las condiciones asistenciales y laborales en las residencias privadas de mayores de la comunidad autónoma.
Se basa en las ratios mencionadas y también en el hecho de que existe un superávit de más de 7.000 plazas en la región, de acuerdo a los parámetros de la Organización Mundial de la Salud (OMS).
Es necesario aumentar la inversión pública y destinarla a mejorar la calidad asistencial
“Tenemos que afrontar un cambio radical y una apuesta firme por la reconducción del sector en nuestra región. Es necesario aumentar la inversión pública y destinarla a mejorar la calidad asistencial a las personas usuarias y las condiciones laborales de las trabajadoras, en vez de a seguir incrementando el número de plazas”, ha reclamado la secretaria general de CCOO-FSS CLM, Chelo Cuadra.
Recuerda que hace un año, el presidente autonómico, Emiliano García-Page, decía que las políticas de mayores son una prioridad, “no solo por devolverles el esfuerzo que han hecho durante toda su vida, sino por justicia social”. “Pero, a día de hoy, al menos en lo que se refiere a las residencias de gestión privada, en nada se nota que para este gobierno sea un sector prioritario”, subraya Cuadra.
De hecho, afirma que, al contrario, en los centros residenciales de Castilla-La Mancha no solo no han mejorado las condiciones asistenciales sino que, de no poner medidas de forma urgente, “nos veremos abocados a una crisis de relevo profesional importante y grave”.
Según el informe publicado por el IMSERSO el pasado 24 de abril, sobre Censo de Centros Residenciales de Servicios Sociales en España con datos del año 2022, en cuanto a ratios de personal existe en Castilla-La Mancha una “diferencia abismal” entre las ratios de los centros públicos y las de los centros privados o de gestión privada.
Así, las residencias de gestión pública, las minoritarias (60 de las más de 400 que hay en la región), hay casi un profesional (0,95) por cada persona usuaria. Entre las de gestión privada, las gestionadas por entidades sin ánimo de lucro no llegan ni a la mitad (0,47, el mínimo establecido por la legislación autonómica) y las que están en manos de empresas con lucro lo superan por muy poco (0,48).
“A la vista de los datos, es más que necesario un cambio radical y una apuesta firme por la reconducción del sector en nuestra comunidad autónoma. Las modificaciones que se han realizado en los últimos cuanto a condiciones mínimas de los centros de atención a personas mayores han sido claramente insuficientes y no han corregido las debilidades de un sector precarizado y con escasas perspectivas de relevo generacional en cuanto a profesionales”, advierte Cuadra.
En este contexto sitúa la “fuga de profesionales”, ya no solo al sector público, sino también a otros sectores mejor remunerados o con mejores condiciones laborales.
Considera que la mayor parte de las residencias no cuentan con personal de enfermería y “ya empieza a haber problemas para cubrir la totalidad de plazas de gerocultoras”. A ello añade “incidencias muy graves” que se producen “por orden de las propias empresas” que, ante la falta de profesionales de Enfermería, derivan a otras categorías profesionales funciones para las que “no están ni formadas ni capacitadas”.
“Tras la pandemia, todos pensábamos que iba a haber una revolución en el sector. Pero no, todo el mundo ha pasado página. El sector sigue igual o más precarizado, la financiación es insuficiente, la profesión, que es muy vocacional, pierde cualquier atractivo. Hay que actuar. Dejemos de crecer en número de plazas y mejoremos la calidad asistencial y laboral de cada una de ellas”, concluyó Cuadra.
Otros datos sobre personal
Otros datos de estos informes desvelan que en Castilla-La Mancha hay un total de 20.297 personas residentes de forma permanente, de las cuales 13.254 son mujeres y las 7.043 son hombres. Cada centro tiene una media de 69 plazas, pero en el caso de titularidad y gestión pública cae hasta las 48. La ocupación en toda la región se encuentra en un 83,5%, y las públicas, de gestión privada con y sin lucro, van desde el 97,5% al 96,4% de ocupación.
El 73,8% de las personas trabajadoras en estos centros lo está a jornada completa, mientras que el 26,2% está a jornada parcial. La jornada parcial es especialmente llamativa entre los centros de gestión privada con titularidad pública, ya que van desde a un 38,1% de personal en jornada parcial en el caso de las que tienen gestión privada con lucro y un 32,6% en el caso de gestión privada sin lucro.
No es la primera vez que el modelo de residencias de Castilla-La Mancha recibe críticas. El decreto aprobado por el Gobierno regional a comienzos de 2022 en el que se establecen las condiciones básicas de los centros destinados a las personas mayores provocó el malestar de varias asociaciones y colectivos.
Este documento establece una serie de “condiciones básicas” en su desarrollo reglamentario que se basan en el concepto de “buenas prácticas profesionales”: el proyecto de vida, la calidad de la atención, la persona de atención directa de referencia, la integración en el entorno, la autodeterminación en cuantas materias sea posible o el respeto a la intimidad, entre otros.
Respecto de los recursos humanos con que debe contar un centro de atención a personas mayores, se distingue entre el personal técnico, el de atención directa y otro tipo personal. Se introducen en la norma criterios de flexibilidad respecto del personal técnico, permitiendo que las entidades titulares de los centros puedan elegir aquellos/as profesionales cuyas funciones sean más convenientes, de acuerdo con las características de las personas usuarias y sus demandas.
Las ratios establecidas, los criterios para los puestos de dirección, la no inclusión reglada del trabajo social y la “flexibilidad” para que las entidades titulares puedan elegir al personal técnico han sido los motivos principales por los que las críticas han arreciado tras cuatro años desde la pandemia de COVID-19.