Desde el pasado mes de junio, la Diputación de Toledo, que gobiernan el PP y Vox, tiene vigente un convenio con Cáritas para la concesión de ayudas sociales destinadas a familias vulnerables con hijos a su cargo en pueblos de menos de 6.000 habitantes. En total, 183 localidades de la provincia. Está dotado con 300.000 euros hasta final de año y es la entidad diocesana la que se encarga de evaluar los casos conforme a los criterios de sus trabajadores y trabajadoras sociales.
Los detalles del convenio los han explicado el vicepresidente de Bienestar Social, Familia y Juventud de la Diputación, Daniel Arias (Vox), junto con la secretaria general de Cáritas Diocesana de Toledo, Mónica Moreno, y el administrador de esta última, Ramón Martín.
Son siete las trabajadoras sociales de Cáritas encargadas de evaluar las concesiones de estas ayudas, con la colaboración de servicios de voluntarios de Cáritas Parroquiales. Cada municipio tiene asociada una trabajadora social de referencia.
Las familias interesadas pueden solicitar la ayuda en los servicios sociales del Ayuntamiento o directamente a Cáritas. Sin embargo, en el convenio se establece que en aquellos pueblos donde esta organización no tiene sede o representantes, pueden dirigirse al párroco de la localidad.
Este último no decide sobre si la ayuda se concede o no. Solo es una “vía” para llegar a las ayudas, puesto que su función en estos casos sería trasladar la petición a los trabajadores sociales de Cáritas. “Lo que queremos es llegar a todo el mundo y los sacerdotes ya realizan esa labor. Es una vía para llegar a nosotros”, afirma Mónica Moreno.
El proceso de concesión y sus críticas
Los perfiles de las familias beneficiarias hasta ahora son aquellas que no llegan a fin de mes, incluso con alguno de sus miembros trabajando; las que llevan años demandando esta ayuda; o las que no reciben este tipo de ayuda. Hasta el momento han recibido estas ayudas un total de 121 familias.
Las ayudas públicas, bautizadas como 'Proyecto San José', cuentan con un presupuesto de 300.000 euros para el segundo semestre de este año. El requisito es que la familia que las solicite esté empadronada en el municipio y tenga hijos a su cargo en situación de vulnerabilidad.
Si los profesionales de Cáritas consideran, tras una evaluación del caso, que necesita esta ayuda y una vez aportada toda la documentación, se les transfiere una cantidad de dinero que debe gastarse en artículos de primera necesidad como la higiene, la ropa, la alimentación, la vivienda, la salud y el pago de suministros básicos de electricidad y gas. Durante el primer trimestre de 2025, se realizará el proceso justificativo de estas compras.
Pero el proceso no tiene “rigor técnico” según la Plataforma por la Equiparación de los Servicios Sociales de Castilla-La Mancha. Considera que pedir únicamente a los ayuntamientos que sean ellos quienes informen de los posibles beneficiarios puede provocar que la concesión de ayudas “se realice mediante criterios clientelistas, sin criterio profesional y meramente discrecionales”.
“No dudamos de la profesionalidad de los trabajadores del sector social con los que cuenta la entidad Cáritas, pero consideramos que estas ayudas carecen de rigor técnico y criterios profesionales en cuanto a su acceso. Puesto que estamos hablando de dinero público de la Diputación Provincial, debemos levantar la voz contra esta nueva fórmula de gestión, que se convierte en una prestación de carácter finalista sujeta a criterios de diversa índole: religiosos, políticos, clientelares, discrecionales, alejados de lo que debe ser la gestión de los fondos públicos que pagamos los ciudadanos con nuestros impuestos”, argumenta este colectivo.
De hecho, añaden que con este convenio, el trabajador social se convierte en un “mero informador” y que puede suponer “mala gestión e ineficacia, además de alejarnos de la laicidad que debería exigírsele a las administraciones públicas y que recoge nuestra constitución”.
El problema de retroceder 50 años es que te puedes quedar fuera de la Constitución Española de 1978, incumpliendo la la garantía de libertad religiosa del artículo 16, al obligar a las personas no católicas a acudir a las Iglesia para percibir una prestación pagada con dinero público
Asimismo, el hecho de que pueda ser el párroco quien “derive” a las familias es “un despropósito”, además de suponer “volver a formas de caridad y beneficencia con dinero público, que creíamos superadas desde la llegada de la democracia”.
“Con esta gestión se deshumaniza el trato a los más vulnerables que con tanto cuidado se hace diariamente desde los servicios sociales tras un perfil profesional. De esta forma las familias tendrán que revivir sus historias personales y contarlas a personas que no conocen, que no son profesionales con códigos deontológicos, en muchos casos voluntarios de la entidad, quienes no tienen ningún criterio técnico para garantizar una adecuada gestión tanto de las ayudas como de la información facilitada”, concluye.
No es la única crítica. Gustavo Fabra, de STAS-CLM, avisa de que esta propuesta supone “un retroceso de medio siglo” en la gestión de los servicios sociales, implantando un modelo “cercano a la beneficencia que recuerda al Auxilio Social”. “El problema de retroceder 50 años es que te puedes quedar fuera de la Constitución Española de 1978, incumpliendo la la garantía de libertad religiosa del artículo 16, al obligar a las personas no católicas a acudir a las Iglesia para percibir una prestación pagada con dinero público”.
“¿Alguien se imagina que se obligue a la gente con necesidad a ir a una mezquita o una sinagoga en un pueblo con mayoría no católica? ¿Qué dirían en ese caso el representante de Vox?”, se pregunta. Este sindicato está estudiando con su asesoría jurídica la posibilidad de interponer una demanda por vulneración de derechos fundamentales.
Al rechazo de esta iniciativa se ha unido también el Colegio Oficial de la Educación Social de Castilla-La Mancha (CESCLM), que ha mostrado su “total desacuerdo”. “Los servicios sociales están presentes en todos los municipios de la provincia y tienen un profundo conocimiento de las familias, manteniendo en ocasiones una intervención de manera prolongada”, argumenta. Y consideran estos profesionales que es la única manera de conseguir la igualdad de oportunidades, sin “decisiones políticas de índole política o religiosa”.
La secretaria general de Cáritas en Toledo garantiza, por su parte, que estas ayudas se otorgan “a quien realmente lo necesita” siguiendo con su dilatada trayectoria de acción social centrada “en la persona en tanto poseedora de la máxima dignidad posible, en tanto ser integral y social, y en proceso de hacerse en la sociedad y de hacer sociedad”. “No se trata de un modelo asistencialista, sino de intervención y acompañamiento”.
Sobre la cuestión de los párrocos, subraya que no es la única “vía” para solicitar las ayudas, sino que se produce solo en casos en los que la organización eclesiástica no está presente. Según detalla, en el 80 por ciento de los casos, las peticiones llegan de los servicios sociales de los ayuntamientos.
Ramón Martín, administrador de Cáritas Diocesana de Toledo, insiste por su parte en que “se dará cumplimiento a este convenio siempre desde criterios de profesionalidad, eficiencia, eficacia y transparencia, valorando las necesidades reales de las familias”. El convenio, subraya, está sujeto a la Ley general de Subvenciones y su reglamento de desarrollo, y garantizará “un uso optimo de los recursos públicos” con el proceso justificativo del primer trimestre de 2025.
Estas ayudas sociales de la Diputación de Toledo para familias con hijos en situación de vulnerabilidad no son nuevas. Anteriormente las gestionaba Cruz Roja, el Gobierno de Castilla-La Mancha y la Diputación con el mismo presupuesto, pero ese convenio ha cambiado de manos. El representante de Vox en la institución lo explica así: “Cruz Roja realizó un trabajo estupendo, pero hemos considerado que Cáritas es la organización que mejor reúne los requisitos para el cuidado integral de la persona”.
Además de estas ayudas, la Diputación de Toledo dispone de otras destinadas a los municipios de más de 6.000 habitantes. La dotación también es de 300.000 euros pero las gestionan directamente los ayuntamientos.