“Nos tendrán que llevar por la fuerza y esposados”: activistas de la PAH se niegan a ser enjuiciados a puerta cerrada

El caso de ‘los 8 de Caixabank’, los y las activistas imputados y a la espera de juicio por intentar frenar un desahucio hace más de cinco años, puede derivar en su detención y puesta a disposición judicial tras declararse todos ellos “en rebeldía”. Han anunciado que no acudirán a ese juicio, fijado para el 5 de abril tras aplazarse en noviembre, debido a que se celebrará a puerta cerrada. “Nos tendrán que sentar esposados en el banquillo”.  

Esta decisión se produce tras la orden de la jueza de lo penal nº1 de Guadalajara, María del Carmen Molina Mansilla, de celebrar el juicio a puerta cerrada y que según apuntan los activistas, “busca evitar la presencia de los observadores de Amnistía Internacional que solicitaron formalmente su asistencia”.

También precisan que la jueza fue trasladada a Guadalajara tras su paso por el juzgado de violencia de género de Vitoria, por la polémica generada tras preguntar a una víctima de violación “si había cerrado bien las piernas”. “Que la hayan asignado a este caso no es casualidad”, señalan desde la Plataforma Antirrepresiva de Guadalajara.

Los encausados se declaran en rebeldía y aguardan su detención. “Nos tendrán que sentar en el banquillo esposadas, y con toda la sociedad de Guadalajara como testigo; porque sí, somos culpables de impedir que Caixabank dejara en la calle a una familia”.

El juicio que enfrenta a 8 activistas de la PAH a penas de entre 1 y 3 años y medio de prisión, por la protesta que el 5 de diciembre de 2017 realizaron en la sucursal de Caixabank de Cabanillas del Campo, en la que reclamaban el aplazamiento de un desahucio de una familia de la localidad previsto pocas semanas después.

Según Amnistía Internacional, este caso presenta características graves de vulneración del derecho a la protesta pacífica. El organismo, “manifiesta preocupación por el hecho de que estas ocho personas fuesen privadas de libertad por espacio aproximado de ocho horas y enfrenten penas de privación de libertad por los delitos de resistencia y desobediencia y de coacciones, pese a la naturaleza totalmente pacífica de la acción de desobediencia civil realizada”. Sin embargo, la providencia firmada por la magistrada titular ha acordado, esta vez por escrito, que el juicio que se ha señalado para el 5 de abril sea vedado al público, incluyendo a los observadores independientes y los periodistas.

La defensa de las personas imputadas ha recurrido la decisión, recurso que probablemente sea resuelto por la Audiencia Provincial de Guadalajara, y donde el juzgado, sin esperar dicha resolución, ha ordenado celebrarlo igualmente. 

Según la defensa de los activistas, el derecho a un juicio público es un derecho “de alcance constitucional y una garantía de las personas acusadas que solo puede prescindirse de él de manera muy excepcional y justificada”. Según la Plataforma Antirrepresiva de Guadalajara, esta decisión revela que no va a haber un juicio justo.

“¿Qué quiere esconder la jueza?”

 “¿Por qué esa falta de transparencia?, ¿qué miedo tiene la jueza a cargo de este proceso de que sus decisiones o interrogatorios sean observados por el público?, ¿por qué ese derecho se cercena sin justificación?. El Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha ha levantado todas las restricciones de acceso a sedes judiciales, ¿qué quiere esconder la jueza?”, señalan desde la Plataforma.

 Según la Asociación Clara Campoamor, que por estos hechos interpuso una denuncia contra la magistrada ante el Consejo General del Poder Judicial, órgano que evitó pronunciarse, refiere que el comportamiento autoritario y abusivo de esta jueza es “habitual y conocido”. 

Desde la Plataforma Antirrepresiva de Guadalajara han anunciado que no pueden asumir someterse a un juicio sin garantías. “Un juicio en el que no se respetan las garantías básicas de quien es sentado en el banquillo, es una condena segura”. Por ello, no van a asistir a una vista “donde se pretende impedir que un proceso, que será analizado como caso testigo en materia de derechos humanos en instancias internacionales, se realice sin que la sociedad en su conjunto pueda evaluar si fueron respetados los derechos de todas las partes. Un juicio que comienza cercenando garantías no podemos convalidarlo con nuestra participación”.

La Ley de Enjuiciamiento Criminal permite celebrar el juicio en ausencia de los acusados siempre y cuando las penas solicitadas no excedan de los 2 años de prisión, pero al formular Caixabank acusaciones superiores, es obligatoria su intervención en el juicio, lo que aboca a que las personas imputadas sean puestas en búsqueda y captura al no presentarse voluntariamente.

Para la defensa, ejercida por el abogado Francisco García Cediel, la ley es “muy clara” en ese sentido: para determinar la posibilidad de los llamados “juicios en ausencia” se deberá tener en cuenta la solicitud de condena contenida en los escritos de conclusiones provisionales, sin que se pueda admitir una modificación de las penas solicitadas sin el conocimiento del acusado ausente, ya que sería un evidente fraude de ley“. 

La Plataforma Antirrepresiva de Guadalajara ha anunciado que las #8deCaixabank no se presentarán a juicio en estas condiciones. “Nos tendrán que llevar por la fuerza, y con toda la sociedad de Guadalajara como testigo”.