El STE pide la dimisión de Marcial Marín por “vulnerar derechos constitucionales”
El Sindicato de Trabajadores de la Enseñanza de Castilla-La Mancha, STE-CLM, ha pedido la dimisión del actual secretario de Estado de Educación, Marcial Marín, tras conocerse la anulación de la sanción impuesta al maestro Ángel Renieblas después de comunicar su intención de sumarse a la huelga general de 2012. Fue Marín, entonces consejero de Educación de Castilla-La Mancha en el Gobierno de María Dolores de Cospedal quien ratificó la sanción de un mes sin trabajo ni sueldo a Renieblas.
Desde el sindicato recuerdan también que la que fuese coordinadora provincial de Educación, Violeta Miguel, fue la que “decidió sancionar” al profesor “en contra de la opinión de la inspección educativa que no vio ninguna anomalía en su actuación”. Tras ser ratificada la sanción por el consejero, el sindicato decidió recurrirla ante los tribunales. La organización señala que el Juzgado de lo Contencioso-administrativo número 1 de Guadalajara consideró la “conducta” de Renieblas como “falta leve” por “incumplimiento de los deberes y obligaciones de funcionario, del código ético y de conducta” de los empleados públicos.
Esta sentencia, explican, “justificaba” la sanción del maestro al considerar que “adoctrinó” a sus alumnos de 11 años al explicar las causas por las que no iría al colegio al día siguiente. “Consideraba igualmente que con el escrito que dirigió a las familias donde se exponían las razones que le llevaban a sumarse a la huelga, el maestro se excedió en su derecho a la libertad de expresión”, explica el sindicato que recalca que no se dieron “por vencidos” y por eso se recurrió la sentencia ante el Tribunal Constitucional “por vulneración de derechos fundamentales”.
“Tras años de lucha el Constitucional nos da la razón y anula tanto la sanción de la Consejería como la sentencia que la ratificaba”, celebran desde STE que consideran que lo “único que considera acreditado” el Tribunal es que el maestro informó de la convocatoria de huelga y su voluntad de secundarla. “Esa circunstancia no denota, por sí sola, un propósito de adoctrinamiento o, al menos, un propósito de influir tendenciosamente en el alumnado”, citan.
Entre las conclusiones del tribunal se señala que no se cometió la falta por la que fue sancionado “consistente en incumplimiento de los deberes y obligaciones del personal funcionario”. “La consejería basó la sanción en que Ángel usó bienes públicos para usos particulares e incumplió el deber de neutralidad en el ejercicio de sus funciones como docente. La sentencia considera que la actuación del maestro, que solo dedicó unos minutos de la clase a explicar a sus alumnos las razones de la huelga y entregó una nota dirigida, con la misma finalidad, a sus padres, no tiene encaje en el tipo sancionador, dada la naturaleza de la información transmitida y el escaso tiempo que dedicó a ello”, afirman desde el sindicato.
El sindicato celebra la sentencia del Tribunal y quieren dar la “más sincera enhorabuena” al maestro, cuyo caso “se añade a una larga lista de ataques a la libertad de expresión y de criminalización de la protesta social que tuvo lugar en nuestra región en los años de gobierno del PP”. Ante los hechos, consideran tanto a Marcial Marín como a Violeta Miguel de “vulnerar derechos constitucionales” y por eso piden su dimisión de sus cargos en el Ministerio de Educación. “No son dignos de ostentar cargos de semejante responsabilidad, ni de ejercer labor alguna en el desarrollo del Pacto educativo que se está tramitando en la actualidad”, concluyen.
