Emiliano García-Page anunció esta semana que su equipo de Gobierno aprobará la Ley de Transparencia de Castilla-La Mancha antes de que acabe 2015. Será, en sus propias palabras, “la más ambiciosa” de todas las que hay ahora mismo en España. El socialista señaló también que se trata de valores que son parte de su partido, puntualizando que su Gobierno quiere ayudar a la gente “con las manos limpias”.
Page ha recordado también que la Ley era parte de su programa electoral, por lo que se ha comprometido a aplicarla “cuanto antes”, para evitar que en la región haya presidentes o políticos “que se dediquen a todo”. Cabe también recordar que los socialistas durante la legislatura del PP se dedicaron a criticar que María Dolores de Cospedal compatibilizase su cargo de presidenta con la de secretaria general del PP.
En este sentido, el socialista ha señalado que con dicha Ley se conseguirá que el presidente de Castilla-La Mancha no considere la tierra como un “plato de segunda o tercera”, sino que se dedique de forma “integra” a esta tierra.
La legislatura del PP acabó en mayo de este año, sin que se cumpliese el compromiso que la antigua presidenta, María Dolores de Cospedal, adquirió para regular la gestión de la Administración Pública regional. Los mecanismos y medidas sólo se recogieron en un anteproyecto aprobado en diciembre de 2014 pero que no logró pasar a mayores, ya que se disolvieron las Cortes.
Se trataba de una normativa que señalaba principios de buen gobierno, entre las que se encontraba la actualización de las declaraciones de bienes de los responsables políticos, y también se incorporaba un régimen sancionador. La Junta de Comunidades aprobó, de hecho, en febrero de 2013 un Modelo de Transparencia y Buen Gobierno, y también abrió un Portal de Transparencia. Sin embargo, no incluyó los sueldos de los cargos, aunque sí su trayectoria, así como la relación de las retribuciones del personal del Gobierno regional correspondiente a 2012.
Este anteproyecto también pretendía fomentar la participación ciudadana, de modo que se pudiese recibir sugerencias y contar con los castellanomanchegos para mejorar los servicios que ofrece la Administración Pública. Sin embargo, durante el primer trimestre de este año no se incluyeron aportaciones, y de hecho sólo se recaban poco más de treinta propuestas en la sección digital que se habilitó para estos propósitos. Tampoco se tramitó el código ético que debían acatar los altos cargos.