La Justicia requiere por segunda vez al Gobierno de Castilla-La Mancha el expediente de una macrogranja porcina
El Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha se ha dirigido por segunda vez al departamento de Medio Ambiente del Gobierno regional para que remita el expediente ambiental relacionado con la construcción de una macrogranja porcina en la localidad conquense de Almendros que albergará unas 80.000 cabezas al año y que se encuentra a tres kilómetros del parque arqueológico de Segóbriga.
Lo ha dado a conocer la Asociación en Defensa de la Economía Responsable de Almendros (ADERA) y fuentes del Alto Tribunal confirmaban a eldiarioclm.es que el procedimiento, que se encuentra en la sección 1 de la Sala de lo Contencioso Administrativo está en fase de tramitación. Se ha remitido un requerimiento a la Junta para que envíe el citado expediente al haber pasado el plazo dado por la Sala para recibir la documentación.
La asociación vecinal de Almendros recurrió el pasado mes de agosto la Autorización Ambiental Integrada, emitida por el departamento de Medio Ambiente de la Junta.
Fue a principios de septiembre cuando el Alto Tribunal castellano-manchego resolvió admitir a trámite el escrito presentado por la Asociación en Defensa de la Economía Responsable de Almendros (ADERA) e instó a la Junta a que, en un plazo de 20 días, enviar el expediente ambiental en el que se sustenta la autorización de esta granja.
La asociación ADERA, que paga su defensa con las cuotas de más de un centenar de sus asociados, explica en un comunicado que se constituyó para defender “un atropello ambiental y un escándalo político” que se sustenta “básicamente”, según aseguran, “en el interés económico de Incarlopsa” - la cárnica situada a escasos 15 kilómetros de la granja y copromotora de la misma- y del alcalde del municipio, Acisclo Jiménez, del PP, “que ha vendido sus tierras para facilitar la construcción de esta explotación”.
ADERA explica que el requerimiento remitido a la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Ruural otorga un plazo de diez días con “la advertencia de sanción disciplinaria”.
En opinión de los vecinos, “quieren dejar pasar el tiempo sin entrar en el fondo del asunto, conocedores de las deficiencias, y esperar a que transcurran las próximas elecciones y sea en última instancia un tribunal quien determine”.
ADERA ha solicitado de nuevo una reunión con el viceconsejero de Medio Ambiente, Agapito Portillo, “para tratar sobre las denuncias planteadas que han sido firmadas y avaladas por un equipo multidisciplinar integrado por técnicos industriales, medioambientales, expertos en minería e hidrología” y sobre las cuales, aseveran, “la Consejería no ha querido entrar”.
Acusan a este departamento del Gobierno regional de “falta de determinación política para abordar el fondo de la cuestión”, algo que dicen, unido a la participación del alcalde (PP), en su doble calidad de cargo público y propietario de terrenos que “pudiera tener derivaciones penales” lo que, añaden, “inquieta especialmente al municipio que observa una aparente colusión de intereses de la que el único beneficiado es Incarlopsa”.
Además, apuntan que “indigna sobremanera la posición de silencio, falta de transparencia y cinismo del propio alcalde, que se beneficia de la venta de unos terrenos y sitúa en exclusiva la responsabilidad administrativa en la Junta”. En este sentido, concluyen, “si esa situación la planificara Incarlopsa para que le resultase como se observa, es imposible que le hubiera salido mejor”.
