Marta García de la Calzada, consejera de Fomento de la región, anunció la aprobación de casi ocho millones de euros en ayudas al alquiler de la vivienda en el pasado Consejo de Gobierno. Se trata de una ayuda que la consejera calificó de “ayuda social”, para “facilitar el acceso a la vivienda a las familias con dificultad económica”. Se trata de unas subvenciones dentro del sexto Plan de Vivienda de Castilla-La Mancha, que tardó más de un año en aprobarse desde su anuncio.
Los criterios de las ayudas las limitan a aquellos hogares que no ingresan más de 1.600 euros al mes, que se aplica al solicitante, pero une a todos los miembros de la unidad de convivencia. Además, los alquileres no podrán ser de más de 500 euros, 600 en el caso de las familias numerosas, ni tampoco se podrá disponer de otra vivienda, con excepciones como que los ciudadanos tengan que desplazarse a otra provincia para trabajar. El límite es de 2.400 euros al año, y se concederán en un plazo de doce meses, prorrogables.
Estas ayudas llegan a casi doblar las de años anteriores, como los 4,5 millones de 2014, y significan que en total se destinarán unos 19 millones de euros en total durante la legislatura, aunque las ayudas empezaron en 2013, para ayudar hasta un tope de seis mil ciudadanos a pagar el alquiler de sus viviendas. Las ayudas entrarán en vigor en mayo.
En la última convocatoria de subvenciones, 1.688 solicitudes de ayudas al alquiler se quedaron sin crédito, mientras se concedieron unas 1.612, si bien fueron admitidas por la Consejería, y fueron resueltas casi ocho meses después de que finalizara el plazo de presentación de solicitudes. Muchas solicitudes quedaron en “reserva”, debido a que el crédito se agotó, a pesar de ser un 6% más alto que en 2013.
La consejera no señaló si los solicitantes que quedaron en “reserva” durante 2014 se podrían ver beneficiados de estas subvenciones, mientras que los beneficiarios no habían ingresado todavía en febrero las ayudas concedidas. Quienes no recibieron las ayudas, señalaron además que la “dificultad” para rellenar los documentos fueron parte del problema a la hora de solicitar las subvenciones, debido al lenguaje burocrático que llegó incluso a que las solicitudes no fueran aprobadas.