El grupo de Unidos Podemos en el Congreso de los Diputados registró el pasado 1 de marzo una solicitud para la realización de un informe de fiscalización “específico sobre los recursos públicos” que la Empresa Pública de Gestión de Infraestructuras de Castilla-La Mancha, GICAMAN, recibe del Estado. Según explicó el coordinador regional de Izquierda Unida, Juan Ramón Crespo, se trata de un compromiso adquirido con los vecinos que viven en las viviendas de dicha empresa, dependiente de la Consejería de Fomento.
Esta empresa, explicó Crespo, se está “portando como un mal casero, un pésimo casero, un brutal casero”, algo que “no podemos permitir”, afirmó. Desde Izquierda Unida critican que mientras hay denuncias de edificios en mal estado de titularidad pública a lo largo de toda la región, a la vez se trabaja en una propuesta de Ley de Vivienda regional “ en la que pretenden aplicar a terceros una política de vivienda que ellos mismo no aplican cuando son caseros”. “Es un hipocresía enorme que el Gobierno regional intente suavizar su cara con este proyecto de ley”, afirmó Crespo.
En la solicitud que han presentado desde el Congreso de los Diputados, explican distintas situaciones que se están viviendo en Guadalajara, Toledo y Puertollano. Por ejemplo, citan el desalojo del edificio de la calle Laguna de la Colmada, construido en 2005 en Guadalajara, debido a las “grietas y el riesgo de derrumbe que presentaba”. A este caso, suman el de la calle Laguna de Taravilla, donde hay “otras viviendas sociales construidas y gestionadas por GICAMAN, cuyas vecinos y vecinas han denunciado la existencia de importantes grietas y persistentes humedades”.
Por otro lado, explican que existe una situación de “especial gravedad” en la promoción de 84 viviendas en la calle Joan Miró de Puertollano, entregadas en el 2001 “de la que GICAMAN se ha desentendido hasta tal punto que la mayoría de inquilinos se han visto obligados a dejar sus viviendas”. Ninguno de ellos, señalan, optó a la posibilidad de compra “debido a la falta de mantenimiento del edificio”.
Finalmente, citan el caso de las 148 viviendas sociales en Toledo, situadas en la calle Río Yedra del polígono, que tras sólo seis años presentan “importantes grietas y un preocupante deterioro sin que hasta el momento se haya resuelto la situación”. El grupo ha debido acudir al Tribunal de Cuentas porque “no hay instancia regional”, ya que el PSOE no ha reinstaurado la figura del Síndico de Cuentas, eliminada por el gobierno de María Dolores de Cospedal. “Muchas veces tenemos que instar a terceras instancias, a otras administraciones para conocer los datos”, lamentó Crespo.