La Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA) de Castilla-La Mancha ha recurrido ante la sala tercera del Tribunal Supremo el Real Decreto 1/2016 de 8 de enero de propuesta de distintos planes de Cuenca, en particular el que se refiere al río Guadiana.
El sindicato agrario ha pedido la nulidad del decreto en lo que hace referencia a la cuenca del Guadiana entre otras cosas porque “existe un baile de cifras en cuanto a la superficie de regadío, puestas de manifiesto por la propia Confederación Hidrográfica del Guadiana, en muchos casos contradictorias y que obedece a un tratamiento interesado pero con consecuencias dramáticas para los regantes”.
Según Julián Morcillo, secretario general de UPA Castilla-La Mancha, “se incrementa la superficie de riego legal, manteniendo el recurso renovable invariable, lo que nos lleva a una dotación media de 1.000 metros cúbicos por hectárea. Esto es llevar a nuestros regantes al secano”.
UPA Castilla-La Mancha acompaña en esta demanda a las comunidades de regantes de Alcázar de San Juan, Argamasilla de Alba, Bolaños y Almagro, Campo de Criptana, Arenales de San Gregorio y Pedro Muñoz, Campo de Montiel, El Provencio, Herencia, Las Mesas, Las Pedroñeras, Manzanares, Sierra de Altomira, Socuéllamos, Tomelloso, VIllarrobledo, Villarrubia de los Ojos, Fuente El Fresno y Malagón, Villarta de San Juan y Puerto Lápice, así como a la COAG de Castilla-La Mancha.
“La dotación legal media es de unos 4.278 metros cúbicos por hectárea y ahora se plantea una media de 1.000 metros cúbicos por hectárea, lo que no permite desarrollar nuestros cultivos, es una pérdida de productividad tremenda, menores ingresos, afecta al patrimonio, la sostenibilidad de las explotaciones. Tendrá gravísimas consecuencias socioeconómicas para una zona donde se sitúa la mitad del regadío de la región: 250.000 hectáreas” ha denunciado Morcillo.
Desde UPA CLM se ponen en duda todas las declaraciones de riegos del Alto Guadiana, incluso las declaraciones de sobreexplotación que afectan a los anteriores acuíferos 23 y 24. “Por poner un ejemplo, en el acuífero 23, la Confederación reconoce 195.659 hectáreas de riego legal. Superficie que por imperativo legal desde la propia declaración de sobreexplotación en febrero del 87 no se ha podido incrementar, ni han existido otorgamiento de nuevas explotaciones ni derechos por lo que no entendemos el motivo por el que el plan de Cuenca en algunos apartados solo aparecen unas 124.000 hectáreas”.
Aportarán nuevas pruebas periciales y testificales
Julián Morcillo ha explicado que “en las últimas tres décadas, en este acuífero hemos venido usando con los planes de extracción aprobados (2.000 metros cúbicos en herbáceos y 1.500 metros cúbicos por hectárea en leñosos), 326,72 hectómetros cúbicos al año. Y utilizando estos recursos disponibles, según informes del Instituto Geológico y Minero de España del 2012-16, la evolución del acuífero es positiva y han subido los niveles freáticos”. Este dato pone en evidencia la propia declaración de sobreexplotación de las masas y UPA Castilla-La Mancha insiste en la nulidad de pleno derecho del proceso.
Explican que hay cuestiones específicas en el propio recurso como la situación hidrogeológica del Alto Guadiana que nada tiene que ver con lo plasmado en el plan de cuenca, tales commo el funcionamiento de la masa de agua del Campo de Montiel, los recursos disponibles de la Sierra de Altomira o la valoración de la transferencia de agua subterránea de la masa Rus-Valdelobos hacia el Júcar. Además, en el periodo que ahora se abre de prueba, se aportarán nuevas periciales y testificales a las que habrá que sumar el recurso que ha anticipado el Gobierno de Castilla-La Mancha.
Desde UPA Castilla-La Mancha se felicita a todas las comunidades de regantes mencionadas, a los servicios jurídicos y técnicos que han armado un expediente importante y consideramos que tiene que terminar revocando el plan de Cuenca de Guadiana aprobado en 2016.
Finalmente, la organización agraria considera que “es inconcebible la actitud y el uso de datos tan variables y erróneos” por parte de la Confederación Hidrográfica del Guadiana “y es menos concebible todavía o más dañina esta actitud cuando quiere que sean las propias Juntas Directivas de las Masas de Agua quienes trasladen el recorte en las dotaciones a los regantes”, concluye.