El 14 de noviembre de 2012, día en que se celebró una huelga general en España, una treintena de personas participó en una acción en Guadalajara convocada por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) en una sede del BBVA de la capital alcarreña. Protestaban de forma pacífica por el caso de una pensionista sobre la que pesa una ejecución hipotecaria por haber avalado el piso de su hijo. Por esta acción no violenta fueron todos ellos sancionados y multados con un total de 7.000 euros, acusados de alterar el orden público.
Después de tres años y medio de varios recursos, primero de amparo y después por la vía contencioso-administrativa contras las sanciones que se les interpusieron desde la Subdelegación del Gobierno en la provincia, el asunto ha llegado este miércoles a juicio después de que se aplazara el pasado mes de septiembre.
En la vista celebrada hoy, donde el caso ha quedado visto para sentencia, la representación legal de los que se manifestaron se ha reafirmado en la defensa de la acción de protesta, pidiendo la retirada de las sanciones y su absolución. Además, han acudido al juicio la gran mayoría de los afectados por estas multas, mostrando así la defensa colectiva de los recursos.
Entre los manifestantes que se encontraban ese día en la acción contra la sucursal bancaria se encontraban el ahora diputado regional de Podemos David Llorente y los concejales de Ahora Guadalajara, José Morales y José María Gil. Llorente ha explicado que las sanciones fueron injustas y que se trató de una acción no violenta, circunscrita a la libertad de manifestación y encaminada a defender los derechos constitucionales de los afectados por los desahucios, como es el derecho a la vivienda.
Por su parte, José Morales, ha destacado en un artículo de opinión que esa acción respondía a la necesidad de ir “más allá de una legalidad injusta”. “Cuando nos dicen que lo peor de la crisis ha pasado hay que recordar que sigue sin haber dación en pago, que se sigue desahuciando, que las personas que agotan las prestaciones y subsidios aumentan y que en el proceso se ha intensificado la represión, en defensa de minorías que han resultado beneficiarias de la crisis”.
La Plataforma de Afectados por la Hipoteca de Guadalajara, que trabaja dentro de la Plataforma Antirrepresiva, ya calificó en su momento las denuncias como “represivas” al venir desde la Policía, no desde la entidad financiera. Mamen Sánchez, portavoz del colectivo, adelantó que no aceptarían “ninguna negociación” que no sea la de eliminar las denuncias. De las 35 personas que se vieron afectadas por este caso, sólo una ha logrado una sentencia favorable, mientras que el resto queda ahora a la espera de la resolución del juez.