- La consejera de Economía ha detallado los aspectos del primer decreto regional que las regula y que ya adelantó eldiarioclm.es
Castilla-La Mancha ya cuenta con su primera regulación de apartamentos turísticos y viviendas de uso turístico. El Consejo de Gobierno ha aprobado el decreto en el que el Ejecutivo ha trabajado durante dos años y que responde al crecimiento exponencial del alquiler residencial de la segunda modalidad, coincidiendo con la derogación en 2010 de toda la normativa estatal. Los detalles de esta nueva iniciativa, que ya adelantó eldiarioclm.es, los ha explicado la consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, junto a la directora general de Turismo, Ana Isabel Fernández Samper, destacando que se trata de un decreto “muy esperado”.
En primer lugar, ha precisado las diferencias entre los apartamentos, que son establecimientos turísticos, y las viviendas, inmuebles residenciales que se alquilan con uso turístico, conocidos como VUT. Ha recordado que en el primer caso se regularán por categorías (llaves) y contarán con dos años de plazo para su registro, mientras que en la segunda modalidad se establecen requisitos mínimos de habitabilidad y contarán con un año de moratoria. En esta última forma, ha explicado que el Ejecutivo castellano-manchego está pendiente del pronunciamiento de la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia (CNMC) por haber “excedido” algunas comunidades autónomas su capacidad regulatoria.
A partir de la publicación del decreto en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha (DOCM), todas ellas podrán inscribirse en el registro de empresas turísticas con un epígrafe concreto. Precisamente, sobre las viviendas de uso turístico, la consejera ha señalado que es difícil cuantificarlas por la falta de regulación hasta ahora, pero que “buceando” en las páginas comercializadoras, el Ejecutivo las ha cuantificado en unas 2.000, con una oferta de hasta 15.000 plazas. Confía en que alrededor de 1.200 o 1.500 de estos pisos se registren en un año y el resto hasta 2020.
Lucha contra el “intrusismo” y por la unidad de mercado
El decreto, ha dicho, también es una forma de “luchar contra el instrusismo” ante la ausencia de normativa, permitiendo que “aflore una actividad económica y garantizando la prestación de los servicios con unos mínimos de calidad”. Con ello también se protegerá los derechos de usuarios y propietarios, teniendo como base la la libertad empresarial y la Ley de Garantía de la Unidad de Mercado.
Otras novedades que ha detallado la consejera de Economía es que los apartamentos turísticos deberán tributar el 10% de IVA, mientras que las VUT estarán exentas de este impuesto y sus propietarios solo deben declararlas como rendimientos de capital inmobiliario en el IRPF. La excepción en este último caso es que los propietarios de las viviendas turísticas tengan personas contratadas a jornada completa o que el propietario preste también algún servicio adicional como limpieza o restaurante. En ese caso, tributarían el IVA al igual que los apartamentos.
Las sanciones en caso de incumplimiento de este nuevo decreto serían las establecidas en la Ley castellano-manchega de Ordenación del Turismo. Por ejemplo, se consideraría como infracción muy grave no presentar la exigida declaración de inicio de actividad o no registrar la vivienda turística, con multas de entre 6.000 y 60.000 euros o la suspensión del ejercicio de la empresa turística en cuestión.
En cuanto a los posibles problemas de convivencia, ha recordado que el decreto no exige una autorización expresa de los vecinos de un edificio con VUT, pero sí pide que los estatutos de las comunidades de propietarios no contengan esa prohibición. De hecho, sobre los casos especiales del alquiler de viviendas residenciales en Toledo y Cuenca, y las posibles competencias de los ayuntamientos, ha referido que las administraciones locales pueden regular en materia de urbanismo con el amparo legal del decreto, “para casos concretos y muy atentos a cómo evoluciona el sector”. De las 2.000 viviendas localizadas, Patricia Franco ha precisado que la mayoría pertenecen sobre todo a Toledo, a Cuenca, al resto de capitales de provincia, pero también a municipios con gran atractivo turístico como Sigüenza y Almagro.
“Este es un fenómeno en auge, ahora estamos regulando las bases necesarias, es un punto de inicio y a lo mejor dentro un tiempo sería posible una modificación de esta iniciativa y convenios con las comercializadoras. Lo que no podíamos hacer ahora era dejar esta situación sin normativa, cuando apenas supone un coste. Es un punto de partida, un marco regulatorio que irá evolucionando en aras de la estabilidad y del turismo sostenible, como agente dinamizador fundamental” ha concluido.