La Cámara de Comercio de Valladolid se ha saltado la imposición de su Administración tutelante, la Junta de Castilla y León y no ha presentado el plan de viabilidad obligatorio por ley para garantizar su continuidad. Tal y como informó eldiario.es, la institución cameral lleva varios años en números rojos y acumula una deuda que supera los 8 millones de euros. El pasado mes de junio la Cámara presentó la auditoría de las cuentas de 2018 a la Junta de Castilla y León. Al igual que en ejercicios anteriores, los resultados volvieron a ser negativos.
El artículo 11 de la Ley de Cámaras de Castilla y León, que entró en vigor en enero de 2019, obliga a que cuando una cámara incurre en resultados negativos de explotación en dos ejercicios contables consecutivos debe ponerlo en conocimiento de la Administración y acompañar su informe de un plan de viabilidad que deberá ser aprobado posteriormente por el Pleno. La Cámara de Valladolid no presentó este plan en junio, por lo que la Dirección General de Comercio, dependiente de la Consejería de Economía, le remitió un escrito exigiéndolo.
La Cámara, que llegó a negar en un correo a los empresarios la información publicada por este diario y que fue confirmada por la Junta de Castilla y León, acabó solicitando una prórroga de dos meses para presentar el plan y el presupuesto para este ejercicio porque no podía cumplir el plazo que expiraba el 2 de noviembre hasta que solventase unos problemas financieros. Poco antes de que finalizase la prórroga, el pasado 23 de diciembre, la Junta recibió el presupuesto para este 2020, pero no el plan de viabilidad. Desde la Consejería de Economía confirman a eldiario.es que se les ha vuelto a exigir ese plan, pero no precisan qué plazo dan esta vez o si se va a imponer una sanción por vulnerar la ley por segunda vez.
El plan, “un papel con una previsión”, según el presidente
El pasado 18 de diciembre, en una entrevista concedida a El Norte de Castilla, el presidente de la Cámara, Víctor Caramanzana aseguraba que no estaba de acuerdo con el requerimiento de plan puesto que debía haber “un plazo para alegar” que la Junta no cumplía. Además añadía que “ninguna ley tiene carácter retroactivo” y que la Ley de Cámaras había entrado en vigor en 2019 “de modo que no puede regir sobre lo ocurrido con anterioridad”. Definía el plan de viabilidad como “un papel con una previsión que precisa un presupuesto previo”. Insistía en que en la Cámara se trabaja “con criterios empresariales” y que no creían estar obligados a presentar el plan, pero que lo harían por la “buena relación” con la Dirección General de Comercio. Evidentemente, no fue así.
Mientras, en la Cámara de Comercio se niegan a facilitar información a este diario a pesar de que en su web se definen como un “organismo público”. Ni se pronuncian sobre el plan de viabilidad -si lo han realizado ya o cuando lo van a presentar- ni sobre ningún otro tema.
Tal y como marca el artículo 11, el plan debe ir acompañado de un inventario, el balance de situación, el informe de auditoría emitido, y “cuanta otra documentación se considere necesaria para la valoración de la situación económica” de la Cámara y del plan presentado. Además debe incluir un informe no vinculante acerca del mismo del Consejo de Cámaras de Castilla y León.
La Junta no responde de deudas si la Cámara se extingue
Una vez que la Junta tenga el plan, puede autorizarlo, modificarlo o determinar cualquier otra actuación que considere oportuna. La Ley de Cámaras no determina explícitamente qué ocurre si una Cámara no cumple el artículo 11, aunque sí establece que “cuando concurran circunstancias objetivas que hagan manifiestamente imposible solucionar la situación de inviabilidad económica mediante la presentación de un plan o cuando dicho plan se incumpliese, la Administración tutelante podrá proceder a la suspensión y disolución de los órganos de gobierno de acuerdo con el artículo 10 o aplicar los procedimientos previstos en los artículos 12 y 13 de esta ley”. Esto último pasa por la extinción de la Cámara. En este caso, y tras un proceso administrativo largo, las funciones que realizaba (ventanilla única, certificados de tráfico internacional para que las empresas de Valladolid puedan exportar, actividades de apoyo al comercio exterior...) pasarían directamente al Consejo de Cámaras de Castilla y León. Pero “en ningún caso” podrá asumirse en el proceso de extinción “obligación alguna para la administración tutelante”. O lo que es lo mismo: la Junta de Castilla y León no respondería de las deudas generadas por la Cámara de Valladolid.
Ya hay un precedente de institución cameral extinta en Castilla y León, la de Ávila desapareció hace un año, con una deuda de 600.000 euros. La de la Cámara de Valladolid asciende a 8,6 millones.
La Junta, principal deudora
El grueso de la deuda de la Cámara de Valladolid es precisamente con su administración tutelante. La Cámara no ha pagado los 5 millones de la construcción de una Escuela Internacional de Cocina financiada por una de las empresas públicas de la Junta. La institución cameral apenas ha podido cubrir las primeras cuotas desde su inauguración en 2011. Aunque la deuda se ha refinanciado en dos ocasiones a 42 años, la Cámara sigue sin pagar. Pero es que además ha interpuesto un recurso en la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León para que declare nulo de pleno derecho el contrato que firmó en 2008. La intención de la Cámara es que el Gobierno Autonómico se quede con la escuela y con su explotación, algo que podría ocurrir si finalmente la Cámara de Valladolid desaparece ahogada en números rojos.