Castilla y León entra en una nueva maraña judicial por la prohibición de la caza del lobo

Castilla y León entra en una nueva maraña judicial por la caza del lobo y su catalogación como especie protegida. El gobierno autonómico acude a los tribunales para recurrir la orden que el Ministerio para la Transición Ecológica publicó en el BOE y que prohíbe su caza desde este miércoles. Y los conservacionistas -ASCEL, que inició el trámite para proteger al lobo- también recurren a la Justicia, aunque en el sentido contrario: piden la suspensión del plan del lobo que la Junta de Castilla y León aprobó en 2019 y que permite su caza. Esto aventura una nueva batalla después de la tensión judicial de los últimos años.

El Ministerio incluye al lobo como especie de protección especial por su “importancia como patrimonio cultural y científico”, así como por los “servicios ambientales” que produce el lobo en los ecosistemas. La Comisión Estatal para el Patrimonio Natural y la Biodiversidad está integrada por un representante del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación, un representante de cada comunidad y ciudad autónoma y por el director general de Medio Natural y Política Forestal, del Ministerio de Medio Ambiente.

La Consejería de Fomento de Castilla y León, junto a las organizaciones agrarias, lleva meses presionando al Gobierno para que no prohíba la caza de este cánido. Ya lo había avisado hace meses el titular del ramo, Juan Carlos Suárez Quiñones, y este martes reafirmó su postura. La Junta de Castilla y León recurrirá la orden ministerial y pedirá la suspensión cautelar de la eficacia de la misma.

Su intención es presentar un recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional en los próximos días, porque “al día siguiente de la eficacia de esta orden ya se están produciendo daños y perjuicios a la Comunidad”. Castilla y León no es la única comunidad que ha decidido plantar cara judicialmente al Gobierno: Galicia, Cantabria y Asturias también se suman a este 'sí a la caza'. También la Federación de Caza ha anunciado un recurso contra esta orden ministerial.

En el otro plato de la balanza, la Asociación para la Conservación y Estudio del Lobo Ibérico (ASCEL) ha solicitado a la sala de Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia autonómico medidas cautelarísimas y la suspensión del plan de aprovechamientos comarcales del lobo. El objetivo es evitar que se abra la temporada de caza este domingo 26 de septiembre, la fecha que tiene prevista la Junta de Castilla y León.

Mientras tanto, las organizaciones agrarias piden la dimisión de la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, por la decisión “urbanita e irresponsable” de “blindar” al lobo e incluso han propuesto que se la declare 'persona non grata' en Castilla y León.

El plan de aprovechamientos comarcales para las temporadas 2019/2020, 2020/2021 y 2021/2022 contemplaba la caza de 339 ejemplares en tres años al norte del río Duero. Además, la Junta de Castilla y León subastó 18 lotes de lobos en León y Zamora para caza en esta temporada cinegética, a pesar de que conocía la intención del Ministerio de prohibir la caza de esta especie.

No es la primera vez que ASCEL exige la retirada del plan del lobo. En junio de 2020, la Sala de lo Contencioso administrativo de Valladolid del TSJ desestimó la medida cautelar porque esta vez sí había “estudios suficientes”. Ahora, ASCEL espera que se suspenda el plan del lobo ante la nueva orden del Ministerio.

No hubo esos estudios “suficientes” en el anterior plan de gestión del lobo, el de 2016 a 2019. En enero de 2020, el TSJ de Castilla y León anuló el anterior plan del lobo -en el que se cazaron 91 lobos- “por la falta de información suficiente, objetiva, científica y actual”. También obligó a la Consejería de Fomento y Medio Ambiente a pagar 800.000 euros, que debían destinarse a la elaboración de un programa para la recuperación del lobo ibérico, su conservación y la divulgación de la importancia de la especie.

278 manadas en España, 179 en Castilla y León

La inclusión del lobo en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial partió de ASCEL el año pasado y obtuvo el respaldo parcial de un comité científico del Ministerio de Medio Ambiente, puesto que rechazó catalogar al lobo como especie “vulnerable”. También recibió el apoyo de la mayoría de las comunidades, salvo Castilla y León, Galicia, Asturias y Cantabria, las autonomías con más manadas.

Según el último censo nacional (2014), Castilla y León tenía 179 manadas; Galicia contaba con 84 manadas de lobos; Asturias, 37 manadas; y Cantabria, 12 manadas. La presencia del lobo se concentra principalmente al norte del Duero, donde hasta ahora el lobo era cinegético y se podía cazar: 152 manadas. Al sur del Duero, la cifra es menos numerosa: 27 manadas.

El grupo de trabajo del Ministerio también ha acordado la necesidad de la actualizar el censo nacional del lobo. El Ministerio ya ha aprobado una partida presupuestaria para su realización, se ha designado un coordinador y se han avanzado los contactos con las administraciones y expertos concernidos para desarrollar las metodologías de trabajo más apropiadas desde el punto de vista científico. Esos trabajos incluyen también la creación de un grupo de expertos para la conservación y gestión del lobo, que apoyará al Ministerio en la toma de decisiones.

¿Qué cambia con la nueva orden?

Tras la orden del Ministerio, la autorización de la caza del lobo será una excepción y no una norma. Se podrán aplicar medidas de extracción y captura de ejemplares con una autorización administrativa si no hay “otra solución satisfactoria”. Es decir, cuando se haya demostrado que se han aplicado “adecuadamente” otras medidas “preventivas o de protección del ganado”, y estas hayan resultado “ineficaces”.

Deberá justificarse “con el mejor conocimiento disponible” que la caza del lobo no afecta “negativamente” al estado de conservación “favorable” de la especie. También debe justificarse la existencia de “perjuicios importantes” para el ganado, con posibles daños “recurrentes o significativos”.

La caza deberá ser “selectiva”, realizarse en un tiempo “lo más próximo posible al perjuicio” y lo más cercano a las explotaciones afectadas. También deberá realizarse un seguimiento del caso -para ver si la caza del lobo en cuestión ha sido efectiva o no- y las comunidades deberán informar al Ministerio sobre las autorizaciones concedidas para cazar al lobo.