El Gobierno de Castilla y León de PP y Vox ha intentado este martes vender como una victoria frente al Ministerio de Agricultura lo que en realidad es una derrota cuando ha señalado que, tras asumir el auto judicial de este lunes que le obliga a no relajar los controles sobre la tuberculosis bovina, “desaparecen las prohibiciones de movimiento de ganado que contenía la Orden Ministerial de 26 de mayo”. La realidad es que la Justicia ha anulado el intento de Vox de imponer unos criterios contrarios a la normativa estatal y europea, tumbados en los tribunales, por lo que la situación vuelve a los controles contemplados previamente para toda España.
La Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural de Castilla y León, en manos de Vox, ha evitado además condenar explicitamente el asalto violento que un grupo de ganaderos realizaron este lunes a la Delegación del Gobierno autonómico en Salamanca, a los que define como “los ganaderos que se manifestaron en Salamanca”, y que dejaron un saldo de un detenido y once policías heridos, limitándose a “lamentar y rechazar” los sucesos.
El asalto contra la Delegación de la Junta de Castilla y León en Salamanca sí ha provocado una condena unánime de sindicatos y colectivos veterinarios y partidos de la oposición. Dos consejeros del Gobierno en Castilla y León, el de Presidencia Luis Miguel González Gago y el de Medio Ambiente Juan Carlos Suárez Quiñones, sí han condenado el ataque ocurrido en Salamanca. En León han manifestado estar en contra “de cualquier acto de violencia en sede institucional autonómica” como el ocurrido este lunes, defendiendo que hay vías “para defender cualquier postura” y que nunca puede ser “a través de altercados”. Pero ambos consejeros del PP aseguraron que “seguiremos defendiendo en el Contencioso la legalidad de esa resolución” emanada de la consejería en manos de Vox.
Ni el presidente autonómico, Alfonso Fernández Mañueco, ni el vicepresidente, Juan García-Gallardo, se han pronunciado hasta el momento de forma pública ante el uso de la violencia contra funcionarios para imponer sus pretensiones.
Según la Consejería de Agricultura sus responsables mantienen una “comunicación constante” con los representantes de los ganaderos, y han pospuesto una reunión que se iba a celebrar este martes “para seguir avanzando en la búsqueda de soluciones para la grave situación en la que se encuentran”. La situación fue que los ganaderos salmantinos no podían vender sus reses fuera de su territorio ya que ante la falta de controles sanitarios el Ministerio prohibió la movilidad de los animales hasta que Castilla y León hiciera los controles adecuados a la normativa estatal y europea, que Vox intentaba saltarse.
El fondo del asunto es que la normativa estatal y europea contempla el sacrificio completo de aquellas ganaderías afectadas por tuberculosis, mientras que la consejería de Vox quería indultar a los animales de forma selectiva, algo que desde los colectivos veterinarios consideran que son decisiones “populistas” que ponen en riesgo la salud de los animales y de las personas.
La Consejería publicará este miércoles, dos días después de pronunciarse la Justicia, en el Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl) la parte dispositiva del auto que suspende como medida cautela la Resolución de 10 de mayo de 2023 de la Dirección General de Producción Agrícola y Ganadera, momento en que la situación vuelve a los controles habituales y por tanto, se permite la venta y movilidad de los animales.