El portavoz de la Junta de Castilla y León llama “al diálogo” entre la televisión autonómica y sus trabajadores

El portavoz de la Junta de Castilla y León, Carlos Fernández Carriedo, ha llamado “al diálogo” entre los trabajadores y la televisión autonómica -formada por dos empresas, Promecal, que pertenece al empresario burgalés Antonio Méndez Pozo, y Edigrup Media, fundada por el empresario leonés José Luis Ulibarri, condenado en la trama Gürtel y que ahora está en manos de sus hijos.

Fernández Carriedo ha asegurado que el gobierno autonómico pone a disposición de la compañía instrumentos de negociación como el Servicio de Relaciones Laborales, organismo que lleva una temporada trabajando. “Sobre la huelga en una empresa privada, llamamos al diálogo de los trabajadores y empresarios, ojalá haya un acuerdo lo más beneficioso posible para todas las partes. Tenemos una serie de apoyos vinculado al cumplimiento de una serie de objetivos, lógicamente que la empresa tiene que cumplir. Que haya un acuerdo siempre es bueno para todos”, ha afirmado el portavoz autonómico, que se ha negado a vincular la ayuda de 21 millones anuales a las condiciones laborales de los empleados.

La asamblea de trabajadores de Radio Televisión Castilla y León ha convocado para el 3 de octubre una huelga de 24 horas por la “falta de avances en la negociación” del convenio colectivo tras nueves “nueve meses de negociación y dos reuniones en el SERLA” para desbloquear la situación. Tras este tiempo, “la patronal sigue manteniendo una propuesta de subida salarial para el 2024 ridícula e insuficiente ignorando por completo el resto de temas jornada , vacaciones, días de exceso de jornada, clasificación profesional”, aseguraban los trabajadores en un comunicado hace unos días.

El consorcio formado por Promecal y Edigrup recibe una ayuda directa de la Junta de Castilla y León que ronda los 21 millones de euros anuales. Los trabajadores reclaman mejoras salariales desde hace años, sin que el gobierno autonómico entre a mediar en el conflicto y sin reducir su financiación. En 2022 denunciaron una “situación límite” y la “manipulación de la información política” tras la “salida” del director de informativos regionales.