La Fiscalía de Valladolid tendrá que estudiar la denuncia que presentaron en la Fiscalía Anticorrupción PSOE, Podemos, Ciudadanos y Grupo Mixto por el sobrecoste del Hospital de Burgos. Tal y como adelantó eldiario.es, el escrito se presentó el mismo día en que Ciudadanos y PP alcanzaban un principio de acuerdo para gobernar Castilla y León.
El pasado 12 de agosto, Anticorrupción remitió la denuncia a la Fiscalía Superior de Castilla y León y el pasado día 9 de septiembre esta acordó inhibirse en favor de la Fiscalía de Valladolid, que será quien investigue en primer término si hay indicios de delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos relacionados con los procedimientos de concesión, ejecución, construcción, financiación y explotación del Hospital Universitario de Burgos.
Las razones por las que se inhibe la Fiscalía de la Comunidad es que en la denuncia no aparece ninguna persona aforada, de manera que la competencia corresponde a la Fiscalía provincial, ya que los hechos s se habrían producido en la Gerencia Regional de Salud de la Junta de Castilla y León, con sede en Valladolid, dice el decreto de archivo que se ha notificado este jueves.
El complejo hospitalario, con un presupuesto inicial de 1.010 millones de euros acabó costando 1.667 millones a las arcas públicas. Los continuos cambios en el proyecto y la elección de una unión temporal de empresas de Burgos que hicieron una oferta temeraria que se reconsideró, provocaron que las previsiones presupuestarias se desbordasen con una justificación dudosa, a juicio de los denunciantes.
“la concesionaria resultó enorme e injustificadamente beneficiada, en perjuicio siempre del erario público, a través de una serie de actos y resoluciones que son difícilmente sostenibles, contrarios a toda lógica o, en fin, suponen un desprecio manifiesto los intereses primarios que le son encomendados a todo administrador, sea privado o servidor público”.
La construcción y explotación del Hubu se adjudicó a un grupo formado por constructoras burgalesas, la UTE Nuevo Hospital de Burgos S.A., entre las que figuran Arranz Acinas o el grupo de Antonio Miguel Méndez Pozo, condenado en el 'Caso de la Construcción' y propietario del 50% de Radio Televisión Castilla y León, un medio privado que financia la Junta.
El escrito define los hechos que relatan como “expresión de un expolio al erario público”. Según los denunciantes, se produjeron “incumplimientos repetidos de la empresa concesionaria, posiblemente planificados” o por razones ajenas a la administración, mientras esta, “lejos de cumplir con su obligación de vigilancia, no ha utilizado ninguno de los instrumentos de autotutela a su alcance sancionando o reclamando al menos el cumplimiento de lo pactado”. No sólo eso, creen que la Junta “ha actuado dando cobertura legal a dichos incumplimientos y consentidora, ha dictado resoluciones de manifiesta injusticia” y estas han sido “tan beneficiosas para la concesionaria, como perjudiciales económicamente para el erario público”.
La Fiscalía de Valladolid tendrá que decidir ahora sobre dos denuncias sobre el mismo caso ya que Ciudadanos, a través de su entonces procurador en las Cortes, Manuel Mitadiel, hoy gerente de Sacyl, presentó una denuncia en abril, saltándose el acuerdo al que habían llegado los grupos de la oposición tras concluir la comisión de investigación. Esta primera denuncia difiere de la primera no en los hechos, pero sí en la valoración, ya que entiende que el perjuicio causado por el sobrecoste es de 35 millones, una cifra notablemente inferior a la que aparece en la otra denuncia. La situación es complicada para Ciudadanos que ha denunciado así, por partida doble, a su actual socio de gobierno.