La ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, ha firmado este viernes en Valladolid con el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, un convenio de colaboración de 150 millones de euros para la economía de los cuidados, que serán ejecutados entre los años 2021 y 2023. De esta cantidad, el Gobierno transferirá 41,87 millones antes de que finalice 2021, otros 51,6 en 2022 y el resto, 57,3, en 2023
Belarra ha agradecido al presidente y a la consejera de Familia, Isabel Blanco, sus esfuerzos para allanar la llegada de estos fondos europeos a quienes lo necesiten en la comunidad. Según la ministra de Podemos, han conseguido “trabajar entre diferentes para garantizar los derechos de los castellanos y leoneses”. En ese sentido se ha expresado Mañueco, quien ha subrayado que después de la pandemia es necesario un diálogo fluido entre el Gobierno y las comunidades autónomas.
La ministra ha señalado que, en un país tan diverso como España, desplegar la agenda social “exige conocer y atender las necesidades específicas de esta comunidad”, que adolece de problemas propios como la dispersión y el envejecimiento de la población. Belarra se ha acordado en su intervención de las mujeres castellanas y leonesas quienes, históricamente, “han llevado el peso de los cuidados”. “Cuando el estado no lo hace, llegan ellas: las mujeres rurales”, ha indicado, tas apuntar que “cuidar no puede ser una tarea precaria y mal valorada”.
El convenio firmado por ambas administraciones va a permitir, según Belarra, desarrollar un modelo económico de los cuidados y oportunidades de empleo que contribuyan a fijar población, también en los pueblos más envejecidos, porque la atención para estas personas “no se puede deslocalizar”. Mañueco ha agradecido las ayudas del ministerio para financiar la dependencia, al tiempo que ha recordado que la suya es la única comunidad que obtiene el sobresaliente en la calificación, según el dictamen del Observatorio de la Dependencia, que puso un 8,9 la atención en esta materia.
Uno de los objetivos de este convenio, es transitar modelo residencial “que ha mostrado sus límites” durante la pandemia de COVID-19, a uno de asistencia domiciliaria. Entre los cambios que se pretenden financiar la reconversión de algunos centros residenciales para convertirlos en “plataformas de proximidad” en las que estas personas puedan hacer actividades, mientras continuan viviendo en sus casas. Con estos fondos procedentes de Europa, se financiará además teleasistencia con la mirada puesta en los pequeños pueblos, “porque todos tienen derecho al cuidado”. Belarra ha animado a la Junta a ponerse en marcha para ejecutar los fondos con la mayor celeridad posible y garantizar “una transición ecologista, justa y feminista”.