Dos asociaciones de defensa de los animales, han pedido al Ayuntamiento de Zamora que de marcha atrás en la aplicación de la llamada “tasa perruna”, una propuesta del consistorio para cobrar 9 euros por perro a todos los vecinos de la ciudad, que las asociaciones consideran “abusiva y de dudosa legalidad”.
Defensa Animal Zamora (DAF) recuerda que el anuncio de la recuperación de la tasa de 1992 ha supuesto el rechazo de la mayoría de las entidades de defensa de los animales, así como de un gran número de ciudadanos. Para DAF el argumento esgrimido por el consistorio de que con lo que se recaude se mantendrá la perrera municipal, no tiene sentido. “La ley obliga a todo municipio de más de 5.000 habitantes a tener una perrera”, dice la asociación en un comunicado. “No tiene sentido sufragar dicha responsabilidad con el dinero de los ciudadanos”.
La tasa, a juicio de los defensores de los animales, busca recaudar y no resultaría tan incomprensible si formara parte de un paquete de medidas dentro de una política de fomento de la adopción y de persecución del abandono y el maltrato a los animales, al mismo tiempo que de atención a los animales heridos y enfermos que cada día aparecen en nuestras calles.
Defensa Animal Zamora, asociación que lleva años trabajando tanto en la capital como en la provincia y en la comunidad por la defensa de todos los animales, pone en duda la legalidad de dicha tasa, pues se estaría pagando por un servicio por el que ya se tributa como ciudadano, y se estaría haciendo pagar a los “tenedores” de perros por la utilización de unos servicios públicos cuya voluntariedad establece la ley y, por tanto, se estaría cobrando sin respetar esa elección personal de cada ciudadano a la hora de acceder a dichos servicios.
El pasado lunes, 9 de septiembre, DAZ interpuso un escrito ante el ayuntamiento de Zamora que derivó en la reunión mantenida el miércoles 11 de septiembre con el Concejal de Hacienda, Recaudación y Rentas quien trasladó a la asociación la voluntad del equipo de gobierno de seguir adelante con la tasa y escuchó los argumentos esgrimidos por Defensa Animal Zamora.
Desde DAZ, añaden que hubiera sido deseable que esta reunión con el concejal del área hubiera tenido lugar con carácter previo a la imposición de la tasa para que la exposición mutua de razonamientos se hubiera desarrollado en un despacho (y no a través de los medios de comunicación) y que hubieran sido escuchados todos los sectores implicados antes de imponer una tasa de muy discutible implantación.
Por su parte, DAZ, tiene entre sus objetivos la efectiva protección y defensa de los animales, a través de la identificación, de la esterilización y de la persecución del abandono, y opina que el criterio de las tasas directas no logrará disminuir el número de perros u otros animales que llegarán a la perrera municipal, ni mejorar las condiciones de vida de los perros de la ciudad que no tienen la suerte de tener un hogar.
LIBERA!CyL, lamenta que el consistorio pretenda comenzar la casa por el tejado en lugar de sancionar la falta de identificación a través de campañas de la policía local, esterilización obligatoria de todos los animales censados (ante el aumento del censo canino) perseguir la venta y cría ilegal, gravar la compra animales (que inevitablemente les otorga el posterior “derecho a abandonarlos”) y prohibir la exposición al público de animales vivos en escaparates, además de constantes campañas de concienciación. Esta sería una buena manera de realizar políticas públicas de protección animal tal y como IU anunciaba en su programa de 2015, por lo que Libera! ha solicitado la relación de gastos (según el Ayuntamiento, de 200.000 euros) realizados en bienestar animal durante 2018.
Desde DAZ consideran incomprensible esta tasa sin abordar antes el enorme problema del abandono que genera cifras desorbitadas de las que se hacen cargo, en gran medida, protectoras y asociaciones de defensa de los animales. Si desde el ayuntamiento y el resto de Administraciones Públicas se abordara el drama del abandono de forma seria y con voluntad, el número de animales que llega a las perreras disminuiría y, con ello, los fondos públicos necesarios para su mantenimiento.