El impulso político del PSOE de Castilla y León anunciado semanas atrás por su secretario autonómico, Luis Tudanca, está resultando ser una especie de parto de los montes. No cabe calificar de otra forma los retoques introducidos en la Comisión Ejecutiva Autonómica, tres de ellos obligados por circunstancias forzosas (la incorporación de Ana Redondo a la Ejecutiva Federal y los fallecimientos de dos históricos alcaldes, Luciano Huerga y Miguel Nozal) y el cuarto por la sobrevenida dimisión de Ángel Hernández, el socialista soriano que ha tenido que renunciar a todos sus cargos institucionales y orgánicos tras ser considerado por el Juzgado de Instrucción presunto autor de delitos de amenazas, acoso, coacciones y maltrato en el ámbito de la violencia sobre la mujer.
Un reajuste sin ningún calado del que no cabe esperar nada mínimamente trascendente. ¿Y qué hay de los cambios en el grupo parlamentario, que es el ámbito que realmente permite imprimir y transmitir algún tipo de impulso? Pues de momento, nasti de plasti, y ello pese a que la salida de Ángel Hernández obliga a su relevo en la dirección.
Todo indica que Tudanca ha dado marcha atrás en su propósito inicial de acometer una drástica reestructuración en el grupo. El rumor señalaba su intención de cesar a las dos procuradoras socialistas plenamente “liberadas” -hay otras dos que comparten por turnos una tercera “liberación”- plenamente con cargo a la Cámara (93.365 euros de retribución anual).
La leonesa Nuria Rubio sería la primera víctima propiciatoria. Y no tanto por su mejor o peor gestión como por ser la mano derecha del secretario provincial del PSOE de León, Javier Alfonso Cendón, cuya relación con Tudanca ha llegado a tal grado de deterioro que ambos no se dirigen la palabra. Eso sí, tendría que ser relevada por otro/a procurador/a de León, ya que lo contrario supondría romper la cuota territorial asignada a la provincia que aporta mayor porcentaje de militancia al PSCL-PSOE.
La defenestración de la vallisoletana Patricia Gómez Urbán sería harina de otro costal, por cuanto con ello Tudanca pisaría nada menos que el callo de Óscar Puente. Y eso sería toda una temeridad por parte del secretario autonómico, quien, no olvidemos, tanto para volver a ser candidato como para repetir en el cargo orgánico, ha de someterse a sendos procesos de elecciones primarias.
Es por ello que Tudanca se lo habría pensado mejor y ha ido demorando cualquier cambio, al punto que no sería de extrañar que al final toda la “reestructuración” se limite a la cobertura de la vacante dejada por Hernández. Al respecto cobra fuerza la opción de la salmantina Rosa Rubio, máxime cuando ninguno de los ocho socialistas liberados en las Cortes (los dos miembros de la Mesa y los seis del grupo) pertenece al PSOE salmantino.
Mientras, el grupo popular cubre las tres vacantes
Entretanto, a la chita callando, el grupo popular ha cubierto las tres vacantes que mantenía en la dirección desde el comienzo de la Legislatura. De tal guisa que a sus dos representantes en la Mesa (el vicepresidente primero, Francisco Vázquez, y la secretaria segunda, la salmantina Rosa Esteban), al portavoz, Raúl de la Hoz, y a los tres adjuntos nombrados hasta ahora (Miguel Ángel García Nieto, Óscar Reguera y Mercedes Cófreces) se acaban de sumar Ricardo Gavilanes, Inmaculada Ranedo y Pedro Antonio Heras.
El criterio oficial seguido para estos nombramientos ha sido el de distribuir los nueve puestos de liberados entre las nueve provincias, algo que carecía de precedentes. La realidad es que ha sido un subterfugio para eludir la designación de determinados procuradores o procuradoras que no cuentan con el beneplácito bien del presidente Fernández Mañueco. bien del portavoz del grupo, Raúl de la Hoz. El caso más significativo es el de Pablo Trillo Figueroa (de los Trillo Figueroa de toda la vida del PP), quien, pese a haber tenido dedicación plena en la anterior Legislatura, sufre el veto expreso y directo de De la Hoz. En el PP hay quien no perdona a Trillo aquella declaración judicial en la que desveló que en su momento advirtió del sobrecoste que se disponía a pagar y pagó la Junta por la compra de la “Perla Negra”, el edificio encargado y adquirido por la consejería de Economía a una empresa participada por un ex alto cargo de la misma. Y menos que nadie el no en vano considerado “el eslabón podrido” de aquella trama corrupta.
No busquen ustedes en la web de las Cortes los nombres de los 19 procuradores que, junto a los seis componentes de la Mesa, están liberados por cuenta de la Cámara —los de la Mesa y los portavoces titulares con 97.955 euros brutos anuales y el resto con 93.653— porque sencillamente no aparecen. Como tampoco figuran, a diferencia de lo que ocurre en la Junta, los salarios asignados a los 17 eventuales nombrados al servicio de los miembros de la Mesa y a los cinco asesores de los cinco grupos parlamentarios.
Y lejos de dar marcha atrás en la ocurrencia de camuflar con iniciales la identidad de los procuradores no liberados que solo perciben dietas y kilometraje por cada asistencia a plenos y comisiones, se mantiene dicha absurdez. Estos son de los de sostenella y no enmendalla