El vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Juan García-Gallardo, no perjudicó la imagen de la Junta de Castilla y León cuando criminalizó a migrantes que fueron alojados temporalmente en un hotel balneario de Medina del Campo. Para la Comisión de Ética Pública del Gobierno de Alfonso Fernández Mañueco, las declaraciones que hizo el pasado 25 de octubre se enmarcan en su “derecho a la libertad de expresión”. El Código Ético cita la ejemplaridad y la no discriminación como algunos de los requisitos que deben cumplir, en su actuación, todos los altos cargos. Al dictaminar que ni García-Gallardo ni Veganzones han incumplido el Código Ético, la comisión enmarca de manera automática sus declaraciones xenófobas dentro de la ejemplaridad y la no discriminación
“Nosotros lo que queremos denunciar es precisamente eso, que tenemos a un Gobierno central que se arroga la representación de las mujeres y que luego trae aquí (a Medina del Campo) a 183 jóvenes varones en edad militar y que generan tanta sensación de inseguridad en el pueblo. Queremos denunciar a los culpables de esta invasión migratoria”, decía García-Gallardo, a la vez que arremetía contra oenegés que según él “colaboran con las mafias”.
Tampoco entiende la Comisión que llamar “delegado del PSOE golpista” al fiscal superior de Castilla y León, Santiago Mena, vaya más allá de la libertad de expresión, ya que “el texto constitucional no impide, en cualesquiera circunstancias, el uso de expresiones hirientes, molestas o desabridas”. Es más, aluden a que la persona -en este caso el fiscal- “que presuntamente pudiera estar ofendida, por su profesión y conocimientos jurídicos específicos, cuenta con sus propias facultades y procedimientos para su defensa, sin que se haya hecho pública ninguna acción suya al respecto”. O lo que es lo mismo: si él no se ha quejado o denunciado, la Comisión no lo va castigar.
En una nota de prensa, la Junta de Castilla y León da por resueltas y zanjadas las solicitudes de pronunciamiento efectuadas por el procurador de Ciudadanos y exvicepresidente de la Junta, Francisco Igea. Así, recuerda que la primera consulta se recibió el pasado 1 de diciembre para esclarecer si García-Gallardo y el consejero de Empleo, Mariano Veganzones pudieran haber violado el artículo sexto, apartado dos del Código Ético, que establece que «en su condición de ciudadanos, cumplirán con diligencia los deberes a los que, de manera general, estén sujetos. En actos públicos o privados evitarán adoptar conductas o actitudes que puedan perjudicar la imagen de la Administración o entidad en la que prestan sus servicios». Esta presunta violación se habría producido en el contexto de unas declaraciones en materia de inmigración. Lo que se elude en la nota es que además de las declaraciones de García-Gallardo en Medina del Campo, se produjeron otras en una manifestación frente a la sede del PSOE en Valladolid a la que acudió con Veganzones, y la que se corearon proclamas contra los menores migrantes no acompañados, pero también se hostigó a una periodista de Cadena Ser a la que algunos cargos de Vox grabaron con el móvil
Sobre esta consulta, dice la Junta en su nota hubo “una primera toma en consideración por la Comisión de Ética Pública en su reunión de fecha 22 de diciembre de 2023”, en la que se consideró necesario profundizar en su análisis, por lo que se propuso una nueva reunión de la Comisión el 15 de enero de 2024. Esta nueva reunión se pospuso al recibirse pocos días antes, con fecha 9 de enero de 2024, una consulta complementaria a la primera y formulada por el mismo interesado, al objeto de poder ser así contestadas conjuntamente, circunstancia que se ha efectuado en reunión de este lunes. Esta segunda consulta pedía a la Comisión analizar las declaraciones realizadas por el vicepresidente de la Junta de Castilla y León en relación con el archivo de unas diligencias de investigación fiscal de una denuncia formulada sobre el mismo tema, en las que García-Gallardo arremetía contra Santiago Mena, y al que acusaba de haberle demonizado por cuestiones políticas.
En relación con la primera de las consultas planteadas, a los solos efectos del posible incumplimiento del Código Ético, la Comisión ha señalado que la imagen de la Administración de la Comunidad de Castilla y León no se ha visto perjudicada por las manifestaciones objeto de consulta, y que la conducta adoptada por los altos cargos “se enmarca dentro del derecho a la libertad de expresión constitucionalmente protegida, sin prejuzgar otras posibles responsabilidades jurídicas que pudieran proceder contra sus autores”.
Sobre la segunda consulta formulada, se dan por reproducidas las consideraciones efectuadas en lo referente a la libertad de expresión en el asunto anterior del que trae causa este segundo, “señalando que el texto constitucional no impide, en cualesquiera circunstancias, el uso de expresiones hirientes, molestas o desabridas. Asimismo, la tercera persona que presuntamente pudiera estar ofendida, por su profesión y conocimientos jurídicos específicos, cuenta con sus propias facultades y procedimientos para su defensa, sin que se haya hecho pública ninguna acción suya al respecto”. En la nota de prensa se precisa que la Comisión de Ética Pública “llega a estas conclusiones teniendo en cuenta la doctrina generada por el Tribunal Constitucional y la jurisprudencia del Tribunal Supremo”.
Lo que no precisa es que ni el Constitucional ni el Supremo entran a valorar cuestiones éticas en su jurisprudencia, que es el principal objeto de la comisión, sino de relevancia jurídica.
Un exconsejero de Extremadura en la etapa de Monago, miembro de la Comisión
La Comisión está presidida por el consejero de la Presidencia, Luis Miguel González Gago, y cuenta como vocales con el secretario general de la Consejería, Santiago Fernández Martín; Elena Vicente Domingo, catedrática de Derecho Civil de la Universidad de Burgos; Miguel Díaz y García-Conlledo, catedrático de Derecho Penal de la Universidad de León y Pedro Tomás Nevado-Batalla Moreno, profesor titular de Derecho Administrativo de la Universidad de Salamanca, y Teresa García López.
Nevado-Batalla fue sido consejero de Administración Pública de la Junta de Extremadura entre 2011 y 2014, durante la etapa de José Antonio Monago (PP) como presidente, así como presidente del Consejo Consultivo y presidente del Tribunal de Recursos Contractuales en el mismo gobierno autonómico.
La Comisión de Ética Pública según Igea: “Ha demostrado su inutilidad e incapacidad, su fracaso”
El procurador Francisco Igea ha lamentado la decisión de la Comisión de Ética Pública y ha recordado que “debe distinguirse entre lo éticamente reprobable y lo penalmente punible”. “Es difícil que la imagen de la Junta de Castilla y León caiga más bajo. No se puede tener peor imagen”, afirma.
En referencia a los expertos que constituyen la Comisión de Ética Pública ha recordado que argumentan su conclusión en la jurisprudencia del Tribunal Superior, para advertir que “no se trata de eso. La ética es el estudio del deber ser y no de lo que es penalmente o no punible”.
“Este organismo ha asumido su inutilidad e incapacidad; su fracaso”, ha concluido. “Si en Castilla y León solo es reprobable aquello que es punible judicialmente, este organismo no es necesario”, lamenta.