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La Consejería de Empleo de Castilla y León volverá a financiar las Relaciones Laborales pero con la mitad que en 2022

El consejero de Empleo, Marian Veganzones, a su llegada al pleno de las Cortes de Castilla y León.

Alba Camazón

Valladolid —
13 de diciembre de 2023 11:01 h

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La Consejería de Industria, Comercio y Empleo de Castilla y León, dirigida por Vox, volverá a financiar el Serla con 400.000 euros, la mitad que en 2022, a pesar de que la financiación ha sido judicializada por UGT y CCOO, que la consideran insuficiente. La Junta de Castilla y León afea a la dirección del Serla de no adoptar “medidas de austeridad” y “dejar sin liquidez las cuentas de la fundación para el pago de las nóminas de los trabajadores”.

La Junta de Castilla y León ha acordado pagar las nóminas de los trabajadores del Servicio de Relaciones Laborales (Serla), una decisión que solo ha contado con el voto favorable de la patronal, según ha informado el gobierno autonómico a través de un comunicado. La Consejería ha garantizado una subvención de 40.000 euros para afrontar el pago de las nóminas y “paliar las consecuencias de una gestión inadecuada, con el bloqueo de decisiones por la negativa de los sindicatos a cualquier iniciativa de ahorro”, ha acusado el gobierno autonómico.

Hace unos días, CCOO exigía al consejero de Empleo, Mariano Veganzones, “transparencia” en el presupuesto del Serla tras los “incumplimientos reiterados” que le atribuye respecto al funcionamiento de esta entidad que pretende “eliminar”. La Consejería de Empleo acusa a la patronal y sindicatos de “provocar el posible impago” de las nóminas de diciembre de los trabajadores del Serla al no haber adoptado “ninguna medida de austeridad”. Este año, la Consejería de Empleo redujo a la mitad la financiación del Serla al pasar de los 800.000 euros anuales a 400.000 euros.

La Consejería responsabiliza de esta situación a los sindicatos por negarse a cesar al director del Serla “ante los constantes incumplimientos de las decisiones adoptadas por la mayoría de patronos en el órgano de gobierno de la fundación”, y a “aglutinar sus funciones en el director general de Trabajo y Prevención de Riesgos Laborales”.

La financiación, judicializada

En septiembre, y ante el juzgado, el director del Serla, Julio Cordero, veía “imposible” mantener el servicio con estos 400.000 euros. Cordero declaró como testigo en el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia después del recurso interpuesto por UGT y CCOO contra un acuerdo de la Junta de Castilla y León y la concesión de 400.000 euros para la Fundación del Servicio Regional de Relaciones Laborales (Serla) en lugar de incluir en los Presupuestos los 800.000 euros habituales. El Juzgado de lo social del TSJ derivó el caso al Tribunal de lo Contencioso-Administrativo porque consideró que carecía de “competencia objetiva” para dirimir sobre si la financiación del Serla es suficiente o no.

La Junta de Castilla y León insiste en financiar al Serla con 400.000 euros e insta a los agentes sociales y al director del Serla a adoptar “medidas de austeridad”. La Consejería insiste en el traslado de la sede a la Oficina Territorial de Trabajo, lo que disminuiría el gasto en 110.000 euros [el letrado de la Consejería calculó en el juzgado que el alquiler del local actual cuesta 39.000 euros anuales], la reducción de altos cargos o de duplicidades en los gastos de mediadores, lo que ahorraría otros 90.000 euros anuales. La Fundación Serla está compuesta por siete trabajadores y su director general, único alto cargo retribuido, cobra 60.229,67 euros brutos anuales.

Ante el juzgado, el director del Serla defendió que era “físicamente imposible” el traslado del servicio a las oficinas de la Junta de Castilla y León. “Allí no podríamos desarrollar las tareas de la Fundación Serla. Es más bien una zona de paso”, apuntó Cordero, que explicó que estas oficinas solo cuentan con una sala y hay posibilidad a utilizar una segunda en algún momento específico, pero el Serla requiere todos los días de un mínimo dos salas, muchas veces tres salas y en alguna ocasión hasta seis salas.

Para los sindicatos, la subvención es insuficiente

La secretaria general de la CEOE, Teresa Cetulio, confirma a este diario que la patronal ha votado a favor de la aportación de dineraria de 40.000 euros para pagar la nómina de diciembre de los trabajadores y asegura que está “a disposición” de la Fundación Serla para “optimizar” la gestión de recursos con una mayor transparencia presupuestaria.

Para CCOO, la subvención de 40.000 euros “se queda corta”. “La Junta debería haber aprobado 448.000 euros”, ha lamentado el sindicato a través de un comunicado. El secretario autonómico de Acción Sindical, Fernando Fraile, asegura que esta decisión es “consecuencia de la presión” que los sindicatos han ejercido, porque —afirma— la consejería no tenía “ninguna voluntad”. “Con esa cantidad no se va a poder hacer frente a todos los gastos del SERLA”, ha lamentado. 

UGT ha defendido su voto en contra porque los 40.000 euros de la Junta no bastan para cubrir el gasto del servicio y supone “un uso torticero” del servicio.

El secretario de Acción Sindical y Coordinador del Diálogo Social de UGTCyL, Raúl Santa Eufemia, ha reprochado que el director de la Fundación, Julio Cordero, lleva seis meses sin cobrar, porque la Junta de Castilla y León le ha retirado “de forma unilateral” en el patronato de julio “los poderes como director”. El sindicalista de UGT ha rechazado “tajantemente” que los sindicatos hayan provocado el problema de liquidez para el pago de las nóminas. “La organización nunca se ha negado a buscar el abaratamiento del coste total del servicio del Serla, ni con el gobierno de coalición con Ciudadanos ni con el actual”, ha afirmado Santa Eufemia, que ha afeado que el gobierno autonómico actual sea “incapaz” de crear un grupo de trabajo para abordar este abaratamiento del servicio.

“La asfixia económica que hace totalmente inviable el servicio del SERLA se pactó en el acuerdo presupuestario del gobierno autonómico de coalición. El secuestro de este servicio, obligatorio por ley, deja a trabajadores y empresas de la comunidad ante la incertidumbre de la continuidad de una herramienta pública que contribuye a resolver los conflictos laborales y mantener la paz social, tal y como se ha demostrado a lo largo de los años”, ha destacado Santa Eufemia a través de un comunicado.

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