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El consejero de Agricultura de Castilla y León, de Vox, asegura que combate “la psicosis ambientalista”

EFE

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El consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural de la Junta de Castilla y León, Gerardo Dueñas (Vox), ha asegurado este miércoles que no va a cejar en “hacer oposición” a la “psicosis medioambientalista que se traduce en el cierre de negocios rurales”, a la vez que ha rechazado problemas con los saneamientos ganaderos vinculados a enfermedades como la tuberculosis bovina, entre otras.

Durante su comparecencia ante la Comisión de Agricultura y Ganadería de las Cortes, para analizar el grado de cumplimiento de sus compromisos de legislatura cuando se ha alcanzado el ecuador de la misma, Dueñas ha cargado contra las medidas europeas que limitan el uso de determinados fitosanitarios, que “cada vez más limitante” como consecuencia de las “políticas radicales que contempla el Pacto Verde, talismán principal de la Agenda 2030”.

En materia de sanidad animal, Dueñas ha reconocido que ha sido objeto de “intenso debate”, ante lo que ha defendido el “rigor sanitario” de la Comunidad, sin aceptar que las medidas tomadas por su departamento generen problema de seguridad alimentaria.

El consejero ha reconocido que una “amplia mayoría” de los ciudadanos defienden que las ayudas de la PAC deberían enfocarse a la producción ecológica y con respeto por los criterios medioambientales, con una “reducción significativa del uso de fitosanitarios y fertilizantes”, pero en su opinión “la realidad” recuerda que “el objetivo principal de la PAC” es “garantizar alimentos a los ciudadanos”, aun respetando unos “modelos ambientales sostenibles, pero sin menoscabar la rentabilidad”.

En este punto, Dueñas ha citado las protestas de los agricultores de este año, para hacer suyo el argumento de que deben revisarse los “planteamientos de marcado carácter ideológico, sin propuestas realistas”: “No puede ser que la conservación y mejora del medio natural sirva para criminalizar a nuestros agricultores y ganaderos, ni que se realice sin respetar la calidad de vida de las personas”, ha argumentado.

Sanidad animal

En concreto, sobre la tuberculosis bovina, ha explicado que durante la legislatura figuran como oficialmente indemnes las provincias de Burgos, León y Valladolid, se mantienen bajos los niveles de prevalencia en las provincias de Palencia, Soria y Zamora, debido a un mayor movimiento de reses en Segovia y Ávila la situación oscila de unas campañas a otras, y, en el caso de Salamanca, que concentra casi el 50% del censo autonómico, se ha registrado “una mejoría” a cierre del periodo 2023.

En esta materia, Dueñas ha defendido la medida de declarar la Emergencia Cinegética por parte de la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, con el fin de instar a la articulación de los medios necesarios para reducir las poblaciones de especies silvestres vectores de la enfermedad.

Sobre los recientes cambios en la Ley de Sanidad Animal, que implican la habilitación de veterinarios privados para llevar a cabo los saneamientos, entre otras novedades, el consejero ha defendido que se trata de una medida demandada por los ganaderos durante años y ha rechazado el “revuelo” generado entre los veterinarios y la sociedad en general.

“Las enfermedades se presentan en ocasiones de forma abrupta, como ha pasado con la EHE, y se impone la necesidad urgente de afrontarlas acudiendo a todos los mecanismos de que pueda disponer la Administración en tales circunstancias”, ha comenzado por argumentar, convencido de que estos cambios normativos aportarán “inmediatez”.

Ha reconocido que esta normativa permitirá a su departamento habilitar a los veterinarios no oficiales para la realización de los trabajos derivados de los programas sanitarios de vigilancia, prevención, control y erradicación de enfermedades de los animales, tanto obligatorios como voluntarios.

Dueñas ha matizado que “se delegan funciones y nunca el control de los programas sanitarios, ya que éste último es inherente a esta Administración”, por lo que el ganadero podrá “elegir qué profesional quiere para ejecutar el saneamiento, dándole así la autonomía con la que cuenta cada empresario de este país”.