Las Cortes de Castilla y León debatirán la Ley que blinda los servicios esenciales, que la oposición considera “propaganda”

'Propaganda'. Ha sido la palabra más utilizada por la oposición durante el debate de la toma en consideración de la Proposición de Ley de Garantías de los Servicios Esenciales, celebrado este miércoles en las Cortes de Castilla y León. Se trata de una Proposición de Ley de seis artículos impulsada por el PP para garantizar el acceso a los servicios en igualdad de condiciones en el medio rural y urbano Este movimiento se produjo tras una promesa electoral del presidente autonómico, Alfonso Fernández Mañueco, que prometió blindar por ley la Sanidad, la Educación y los Servicios Sociales públicos. La toma en consideración se ha aprobado con el apoyo de PP y Vox, el voto en contra de los procuradores Francisco Igea y Pablo Fernández y la abstención del Grupo Socialista, UPL-Soria ¡YA! y el procurador de Por Ávila.

“Es pura propaganda, fuego de artificio. Esta ley se podría resumir como 'Virgencita virgencita, que me quede como estoy'”, ha protestado el procurador socialista Diego Moreno, que ha considerado que la igualdad de acceso a los servicios está garantizada en la constitución, el estatuto de autonomía y las leyes estatales. “¿De quién quieren protegerlos, si aprobar los presupuestos lleva más de 35 años de su mano?”, ha preguntado el socialista, que también ha criticado que la Ley no contemple sanciones ante los incumplimientos de sus artículos.

“Solo tiene un objetivo. La propaganda”, ha manifestado el portavoz de Soria ¡YA!, Ángel Ceña, que ha destacado que más de la mitad de las páginas de esta Proposición de Ley forman parte de la exposición de motivos, que contiene “autobombo fuera de toda lógica jurídica”. El soriano también ha calificado este Proyecto de Ley de “galimatías” puesto que este “deriva del carácter de nota de prensa”.

“No hay igualdad de acceso”

“No hay igualdad de acceso por mucho que se recoja en la Ley y ahora se recoja en otra, No es cierto”, ha criticado Ángel Ceña, que ha recordado que los ciudadanos de Soria deben recorrer cientos de kilómetros para las sesiones radioterapia y que tienen menos oportunidades para superar un ictus, infarto o cáncer. “Hay que tener voluntad de cumplir la Ley. Llevamos 15 años de obras en el Hospital Santa Bárbara y faltan años para terminar, se prometió la rehabilitación integral o nuevos centros de salud y no ha habido ninguna obra y la unidad de radioterapia. 16 años después seguimos viajando a Burgos por una carretera en pésimo estado”, ha protestado.

“Es una ley que no aporta absolutamente nada a los ciudadanos de esta comunidad. No da ni una garantía más y carece de poder coercitivo alguno”, ha afeado el procurador Francisco Igea, que ha recordado que la Sanidad privada ya realiza el 20% de las intervenciones quirúrgicas y el 25% de la población tiene un seguro privado. “Están fosilizando esta situación: están los muy ricos que pagan en efectivo; las clases medias altas que tienen póliza, circuitean al sistema y van al sistema público cuando están diagnosticados; y el de beneficencia”, ha enumerado.

El exvicepresidente autonómico ha reprochado que esta Proposición de Ley no garantice la atención en un periodo de tiempo determinado, sino que garantiza la apertura de los consultorios rurales. “¿Prestan la atención sanitaria los consultorios?”, se ha preguntado.

“Da igual que haya consultorios si no hay facultativos”

También por esta cuestión ha preguntado el procurador de Unidas Podemos, Pablo Fernández. “En el medio rural el consultorio es inocuo, no funciona. Da igual que haya consultorios médicos —edificios y soportes— si dentro no hay facultativos. De facto están cerrados si no hay nadie”, ha afeado Fernández, que considera que PP y Vox “toman el pelo y engañan a la gente”

En lo relativo a la Educación, Pablo Fernández ha destacado la gestión de la educación de 0 a 3 años, que Castilla y León está financiando de manera progresiva. “El 21% es en colegios públicos y el 41% en colegios privados. El resto son de entidades municipales, pero están gestionadas por empresas privadas. Es decir, el 79% son privados. Están detrayendo dinero público para dárselo a colegios privados”, ha recriminado el procurador de Unidas Podemos, que también ha aludido a la atención residencial, que tiene el 70% de las plazas privadas. “La concertación es un eufemismo. Es dar dinero público a entidades privadas, no engañen a la gente”, ha afeado.

El procurador 'popular' Miguel Ángel García Nieto, ha defendido la necesidad de esta Ley, que pretende garantizar “el nivel de excelencia” de los servicios sanitarios, educativos y sociales. “No pueden quedar desprotegidos y expuestos a la decisión caprichosa de cualquier responsable político o técnico que se le ocurriera debilitarlos o hacerlos desaparecer”, ha afirmado el 'popular', que no quiere que los servicios públicos se debiliten “gobierne quien gobierne”, a pesar de que el PP lleva gobernando en Castilla y León desde 1987.

El portavoz adjunto de Vox, Ignacio Sicilia, ha asegurado que los servicios públicos están “garantizados” pese a “los bulos de los negacionistas del PSOE” y ha reclamado “expulsar el adoctrinamiento de las aulas en los colegios”. También ha criticado la “desigualdad entre territorios” que promueve la Ley de Educación y cómo “el Gobierno de España y los enemigos de España” no garantizan estos derechos.