El gobierno de PP y Vox rebaja la política de 'no regalos' a los altos cargos de Castilla y León. La Comisión de Ética Pública —presidida por el consejero de la Presidencia, el 'popular' Jesús Julio Carnero— ha aprobado la modificación del Código Ético y de Austeridad de los Altos Cargos, que fue acordado en 2020 por el equipo de Ciudadanos, con el que entonces Alfonso Fernández Mañueco gobernaba. De hecho, en el acuerdo de gobernabilidad PP-Ciudadanos se fijaba el endurecimiento del Código Ético y la prohibición de gratificaciones, regalos, viajes y comidas. Ahora, con Vox como socio de gobierno, vuelven los regalos “de cortesía”.
La Junta de Castilla y León justifica estos cambios porque la Ley del Estatuto de Altos Cargos obliga a la Comisión de Ética a elaborar una propuesta de actualización “siempre que sea necesario y, al menos, al inicio de cada legislatura” (artículo 17). Además, desde la Consejería de la Presidencia aseguran que se trata de cambios “menores”.
Cuando el Código Ético sea aprobado por el Consejo de Gobierno —y remitido a las Cortes—, los altos cargos de la Junta podrán volver a recibir “muestras de cortesía habitual, objetos conmemorativos, oficiales o protocolarios que le puedan ser entregados en razón de su cargo”. Lo que no delimita la Junta de Castilla y León es qué se considera una “muestra de cortesía habitual”. Fuentes consultadas por este periódico aseguran que se trata de un “atraso” por los vínculos personales que se pueden crear a través de este tipo de dádivas.
Según figura en el acta de la reunión —a la que ha tenido acceso este diario—, se pretende conseguir “una redacción más actualizada, que se encuentra en línea con lo que recogen otros códigos éticos autonómicos sobre la recepción de muestras de cortesía habitual, sin que puedan ser considerados como un regalo o un beneficio”.
La Ley no regula qué se considera una “muestra de cortesía” y qué no. Sin embargo, algunas administraciones fijan límites a sus regalos. El personal de la Unión Europea, por ejemplo, no puede recibir dádivas que superen los 50 euros y no se permite la acumulación de obsequios.
El Código Ético —todavía en vigor— prohíbe cualquier tipo “de regalo ni beneficio”. Si se trata de regalos “de escasa entidad o valor residual”, se deben poner a disposición de la consejería o entidad. Si no, se deben devolver al generoso donante. Si no se pudieran devolver, deben remitirse a la consejería responsable del patrimonio. Tampoco se podrán aceptar “invitaciones, comidas o entradas a cualquier tipo de espectáculo o acontecimiento deportivo, lúdico o cultural”, salvo que los altos cargos acudan en representación institucional y lo reflejen en su agenda.
Con el cambio de norma, pueden volver esos jamones y botellas de vino, por ejemplo. Se obliga a renunciar a invitaciones, comidas o entradas a cualquier tipo de espectáculo o acontecimiento deportivo, lúdico o cultural salvo si tienen “que asistir por razón del cargo” o son “derivados de la muestra de cortesía social o atenciones protocolarias”, que figuren reflejados en la agenda pública. Es cierto que queda la garantía de la agenda pública, pero esta cuestión también se relaja —todavía más, puesto que en ocasiones no se cumplimenta—.
“Ninguna necesidad” de que empresas den regalos
La pregunta es: ¿qué es un “regalo de cortesía”? Es algo que no está delimitado en la regulación de Castilla y León, aunque sí en otras autonomías y ayuntamientos. “Una cosa es que te den unos bolígrafos y otra es una caja de vinos”, explica el investigador Antonio Castillo, que no ve “ninguna necesidad” de que una empresa entregue un obsequio a un cargo público. “Habría que preguntarse qué sentido tiene institucionalmente que aceptes ese regalo, cuál es esa función institucional”, plantea Castillo, co-coordinador de un grupo de investigación nacional sobre el lobby.
Este catedrático de la Universidad de Málaga apuesta por prohibir de forma tajante los regalos o fijar un valor económico y un contexto para los obsequios. Por ejemplo, un director general que visita una bodega y recibe una botella pequeña o un bolígrafo. “El problema está en que estés en tu despacho y recibas una caja de vinos. O que seas una empresa vinculada a Agricultura y le hagas un regalo al consejero del ramo”, propone este experto en grupos de presión.
Marta González, integrante del Consejo de Administración Compolider, insiste en el “equilibrio” que establece “el sentido común y la mera cortesía”, salvo que la función del cargo público pueda garantizar un mejor estatus del que envía ese regalo. “No es lo mismo una botella de vino que un piso en la playa”, defiende. “Ahí entra la racionalidad y el equilibrio personal del político para rechazar un regalo que sobrepase la mera cortesía”, dice.
Más modificaciones
El Código de Austeridad que quiere aprobar el gobierno PP-Vox elimina uno de sus apartados relativos a la publicación de las agendas públicas para remitirse al acuerdo de 2019 —aprobado por el gobierno PP-Ciudadanos—. El argumento esgrimido es “por razones de seguridad jurídica”. El apunte del Código Ético insistía en la obligación de publicar actos y reuniones públicas y en qué hacer si no. La publicidad podía sustituirse por una comunicación al Consejo de Gobierno.
Se modifica el apartado “para que la adhesión se pueda realizar tras el conocimiento del Código Ético”. Se elimina del Código Ético otro punto que menciona la Ley de Altos Cargos: se borra que la adhesión al Código deba ser “en el momento de su toma de posesión o firma del contrato”. La Ley de Altos Cargos de 2016 habla de adherirse “en el acto de toma de posesión”, pero no alude a la firma del contrato. Estos altos cargos también deberán remitir el documento correspondiente al Registro de Bienes y Actividades de los Altos Cargos. Esto se debe a que en la actualidad las adhesiones se remiten “desde diferentes órganos a la Inspección General de Servicios”, según la Junta.
Los regalos de “cortesía” en otras Administraciones
En su afán por “actualizar” el Código de Austeridad y permitir los regalos de “cortesía”, la Junta podría haber limitado económicamente el valor de dichos regalos, como han hecho otras Administraciones Públicas.
El Ayuntamiento de Segovia (PSOE) fue pionero en esta cuestión: en 2004 aprobó un reglamento de regalos, que limitaba el valor de las dádivas en 30 euros. Si superan los treinta euros y eran productos perecederos, se donan a organizaciones benéficas. Los regalos también se registran y se hacen públicos en la página web. En 2021, recibió una muñeca tipo fofucha de la agrupación de Canarias (remitida por el Festival Folclórico La Esteva), una menina de 19 centímetros de largo (remitido por el festival Folclórico), una lámina en recuerdo imborrable de La Quema de la Villa de las Ferias en defensa de la ciudad de Segovia (entregado por Medina del Campo) y 50 sellos de Correos (enviados por José Manuel Serrano Quintana en nombre de la Oficina de correos de Segovia).
Las Cortes de Castilla y León también tienen un registro público de regalos donados, cuyo valor no está cuantificado: en lo que va de legislatura, el parlamento ha recibido varios libros, una estampa, una litografía y unos dibujos; todos procedentes de diputaciones, ayuntamientos o delegaciones territoriales de la Junta. También han recibido una escultura (de 10 cm) de la cúpula de la Catedral de Zamora, enviado por el Consejo Consultivo.
Durante el liderato de Manuela Carmena al frente del Ayuntamiento de Madrid se limitó la política de regalos, que sigue vigente. El máximo fijado en 2015 está en 50 euros y la suma de los regalos procedentes de la misma persona es de 150 euros al año. También prohíbe que un tercero pague los gastos de manutención y hospedaje y las atenciones derivadas de la participación en un acto público o visita oficial en ponencias, congresos, seminarios o actos similares de carácter científico, técnico o cultural.
El equipo de Ada Colau en el Ayuntamiento de Barcelona aprobó en 2017 que los regalos no debían superar “individualmente o agrupados” los 50 euros. En caso de recibir regalos o presentes de valor superior, se tendrán que devolver o, si la devolución no es posible o es excesivamente onerosa, deberán ser entregados al órgano competente para que sean incorporados al patrimonio de la Corporación.
La Xunta de Galicia considera muestra de cortesía “social e institucional” aquellos que no sobrepasen un importe máximo de 90 euros. De hecho, la Xunta se jacta en su código ético de tener un máximo “inferior al umbral que para este tipo de atenciones fija la Comisión Europea (establecido en 150 euros)”. Esto ahora no se ajusta a la realidad, porque el límite es de 50 euros. Galicia sí permite “las comidas u hospedajes ligados con la función enmarcada en la programación de un acto público o visita oficial” y los gastos y atenciones “derivadas de la participación o presencia en ponencias, congresos, seminarios o actos similares de carácter científico, técnico o cultural”.