SERLA

El Gobierno presenta un requerimiento judicial para que Castilla y León recupere la solución de conflictos laborales

El Gobierno ha presentado un requerimiento judicial para que la Junta de Castilla y León reponga el Servicio Regional de Relaciones Laborales (Serla), según ha informado la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, a través de Twitter. Se trata de un requerimiento previo a la interposición de un recurso judicial por la falta de ejecución de la legislación laboral y de los acuerdos relativos a la solución de conflictos laborales.

El gobierno autonómico ha retirado la financiación que anualmente tenía el Serla fijado en los Presupuestos Generales de la Comunidad. El consejero de Empleo (Vox), Mariano Veganzones, ha realizado recortes millonarios a políticas de empleo y formación que dirigen los sindicatos y también quiere reducir la dotación económica al Serla a cero.

El Ministerio de Trabajo ha defendido que depende de Castilla y León garantizar que la mediación funciona “de forma adecuada” y la falta de financiación del Serla supondría un incumplimiento de la legislación laboral, puesto que la normativa prevé el recurso al sistema de solución de conflictos.

Hace un mes, el consejero portavoz de la Junta (PP), Carlos Fernández Carriedo, se abría a hacer “alguna aportación” al Serla “si fuera necesario” y con el “esfuerzo” también del resto. “Les cedemos el protagonismo en torno a cómo lo quieren hacer”, apuntaba entonces en rueda de prensa.

Este lunes, el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha criticado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, “vuelva a sobreactuar” mientras él le ha “garantizado de palabra” que las competencias en los conflictos laborales están “garantizados”. “Sánchez ataca a Castilla y León sobreactuando y utilizando derechos reconocidos por parte de todos en el ámbito del Diálogo Social y que están garantizados”, ha reprochado Mañueco desde Madrid, donde ha acudido para el Comité Ejecutivo Nacional del PP.

De hecho, Mañueco ha subrayado “las buenas relaciones” entre empresarios y sindicatos, que hacen que Castilla y León sea “una de las comunidades con menor tasa de paro del país”. “Más le valdría a Yolanda Díaz encontrar los fijos discontinuos que han salido de las cifras de estadísticas del INEM que seguir atacando a Castilla y León”, ha apuntado el presidente autonómico. En realidad, los fijos discontinuos que están inactivos no figuran como parados en el SEPE —anteriormente conocido como INEM—, aunque sí pueden hacerlo en determinados casos en la EPA del INE, de la misma manera que sucedía durante los mandatos del PP.

El secretario general del PSOE autonómico, Luis Tudanca, ha respaldado el requerimiento contra la Junta, “empeñada en lastrar las oportunidades de desarrollo”. El líder socialista ha recordado que la cartera de empleo está en manos de Vox, un partido que sigue mostrando su intención de “cargarse” el Diálogo Social.

Tudanca ha reiterado que el gobierno autonómico debe financiar el Serla “íntegramente” y ha reclamado que no haya “tibiezas, dudas ni medias verdades”. “Es un servicio público y hay una obligación de mantenerlo y financiarlo íntegramente. Esto es un servicio que se presta a ciudadanos y empresas”, ha exigido el líder socialista.

El Consejo Económico y Social también ha advertido en varios ocasiones que eliminar el Serla supondría “una vulneración” de los derechos individuales. Tanto patronal como sindicatos coinciden en señalar la importancia del Serla para la economía local.

Veganzones augura que el requerimiento se “archivará”

Veganzones ha augurado que el requerimiento se archivará “sin duda alguna” y ha defendido que la Administración autonómica busca “soluciones” al servicio sin que ello suponga subvencionar “chiringuitos sindicales”.

“Una vez más, el Gobierno interfiere en el ejercicio de las competencias del Ejecutivo de Castilla y León con amenazas de actuaciones judiciales”, ha aseverado el consejero, para después indicar que la Consejería que dirige “nunca ha puesto en duda la continuidad del Servicio de Solución Autónoma de Conflictos Laborales”.

Por ello, Mariano Veganzones ha recalcado que la Administración autonómica busca “soluciones” para garantizar la prestación del servicio con un “coste razonable”, algo que pasa por una reducción mínima del 50% del mismo.

Además, el responsable de Industria ha subrayado que Yolanda Díaz “no es ejemplo” de respeto al Diálogo Social “ni en su propio Ministerio”, al tiempo que ha destacado que Castilla y León “sí que es ejemplo en creación de empleo y en producción industrial”.

Los sindicatos reclaman que Mañueco “recobre la sensatez”

Los sindicatos UGT y CCOO han pedido al presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, que “recobre la sensatez” y actúe “dentro de la legalidad” tras el requerimiento del Ministerio de Empleo para que el Gobierno autonómico reponga “inmediatamente” el servicio de mediación laboral, el Serla.

“Esperamos que el Presidente de la Comunidad recobre la sensatez, actúe dentro de la legalidad y, en consecuencia, dé la espalda definitivamente a la ultraderecha y gobierne en minoría”, ha aseverado ambos sindicatos tras conocerse este lunes el requerimiento del Gobierno.

Barcones confía en que la Junta rectifique y solucione el conflicto del Serla

La delegada del Gobierno en Castilla y León, Virginia Barcones, ha asegurado este lunes que garantizar el diálogo social es una “prioridad” para el Ejecutivo central y lo va a defender con todos los medios, por lo que confía en que el requerimiento judicial enviado a la Junta para que reponga inmediatamente el Servicio Regional de Relaciones Laborales (SERLA) sirva para que el Gobierno autonómico rectifique.

“Desde que la Junta anunció su intención de retirar la financiación a este servicio, la postura del Gobierno siempre ha sido clara. La supresión de la financiación de la Fundación Serla supone una inactividad material contraria a las leyes y pone en riesgo la posibilidad del cumplimiento de la legislación laboral, con la consecuente vulneración de derechos laborales”, ha dicho la delegada.

El objetivo del requerimiento judicial es garantizar la plena ejecución de la legislación laboral y, como parte de la misma, de los acuerdos interprofesionales sobre sistemas autónomos de solución de conflictos, según sostiene Barcones.