La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, se ha comprometido este viernes a presentar un nuevo requerimiento judicial para que la Junta de Castilla y León dote al Servicio Regional de Relaciones Laborales de Castilla y León (Serla) de presupuesto “propio, adecuado y suficiente” para mantener la actividad y todas las funciones pactadas con el Diálogo Social desempeñadas antes de la llegada de Vox a la Consejería de Industria, Comercio y Empleo.
Según ha explicado el secretario de UGT en Castilla y León, Faustino Temprano, la presentación del nuevo requerimiento judicial se hará realidad cuando antes y, “a más tardar” la semana que viene.
“El compromiso de la ministra por salvaguardar un servicio que pertenece a los castellanos y leoneses es firme”, ha aseverado al respecto tras la reunión celebrada este viernes en la sede ministerial entre la ministra y los secretarios autonómicos de UGT y Comisiones Obreras, Vicente Andrés, que ha reivindicado la importancia de un servicio destinado a resolver conflictos de las personas trabajadoras de Castilla y León “sin juicio”.
Será el segundo requerimiento judicial del Ministerio de Trabajo a la Junta de Castilla y León, tras el que presentó el pasado 10 de marzo para pedir al Ejecutivo que preside Alfonso Fernández Mañueco que repusiera el Serla de forma inmediata, un aviso que fue inadmitido por el departamento que dirige Mariano Veganzones que tachó la iniciativa de “despropósito jurídico de una ínfima calidad por parte de los técnicos del Ministerio de Trabajo”.
Finalmente, la Junta de Castilla y León acordó en la reunión del Consejo de Gobierno del 13 de abril destinar 400.000 euros a la Fundación Serla, un 60% menos que en años anteriores, destinados únicamente a la mediación en conflictos colectivos laborales, que el Gobierno central y los sindicatos insisten en extender a los individuales y a otras de las actividades que realizaba este organismo en las anteriores legislaturas.
“Es un presupuesto muy ínfimo”, ha reprochado Temprano a la Junta de Castilla y León a la que ha advertido de que la cantidad aprobada hace un mes supone un “vacío de competencias” de la Fundación del Serla que los sindicatos y el Gobierno central no van a permitir, lo que ha motivado el segundo requerimiento judicial anunciado hoy por Yolanda Díaz.
Hay que recordar que según argumentó el Gobierno de Castilla y León en la documentación que sustenta el presupuesto de la Comunidad de 2023, la aportación económica anual de la Junta ha sido hasta el momento y desde su fundación la “única” fuente de financiación del Serla para el desarrollo del Sistema de Solución Autónoma de Conflictos Laborales en este ámbito territorial.
Y añadía que esa aportación anual estaba sustentada por los acuerdos suscritos desde 1997 en el seno del Diálogo Social entre la Junta de Castilla y León, CEOE, UGT y CC.OO, “ausente” en los momentos de elaboración de las cuentas de 2023, a juicio del Gobierno autonómico, que explicaba que no se había llegado a un nuevo acuerdo y que tampoco estaba vigente el acuerdo anterior lo que impedía incorporar al anteproyecto de esos presupuestos “cantidad económica alguna para la fundación”.