La Junta de Castilla y León rechaza valorar las acusaciones sobre sus exaltos cargos por la Trama Eólica

La Junta de Castilla y León rechaza ahora valorar la investigación judicial de la Trama Eólica, tal y como han demandado el Partido Socialista y Podemos, después de que la Fiscalía pidiera penas de hasta 148 años y 845 millones de euros para 16 excargos de la Junta y empresarios a los que considera responsables y beneficiarios de la concesión irregular de las autorizaciones de los parques eólicos. También ha pedido 42 años de prisión y 239 millones de multa al exviceconsejero de Economía de Castilla y León.

El consejero de la Presidencia, Ángel Ibáñez, ha afeado así a las preguntas del PSOE sobre el informe del fiscal: “Desde que vi El Milagro de P. Tinto no había visto ninguna película tan surrealista”. Justo después, Ibáñez ha asegurado que la Junta “colabora” con la Justicia y que acatará la sentencia cuando haya juicio. Ibáñez ha pedido a los procuradores socialistas que no se “erijan” fiscales y jueces y ha rechazado que el PSOE esté “legitimado para dar lecciones de justicia a nadie”.

La vicepresidenta de las Cortes y procuradora socialista por Zamora, Ana Sánchez, ha destacado la “contundencia absoluta” del escrito de Fiscalía sobre cómo funcionaba un “sistema de corrupción organizado”. Además, ha querido recordar cómo el exviceconsejero de Economía de Castilla y León, Rafael Delgado, aseguró en las Cortes que los delegados territoriales conocían el procedimiento (de las presuntas mordidas) y daban “cumplida cuenta” al consejero de la Presidencia, cargo que entonces recaía sobre Alfonso Fernández Mañueco, hoy presidente de la Junta. “Al fin y a la postre se nos conocía como Sicilia y León”, ha ironizado Ana Sánchez, quien ha acusado a la Junta de practicar la “omertá” o la ley del silencio siciliana en el “rosario de delitos” atribuibles altos cargos del PP y de la Junta en el caso de la trama eólica.

El consejero de la Presidencia de Castilla y León ha tildado a los representantes del PSOE de ser “socialcomunistas de corazón” y ha desviado el debate hacia el “sanchismo” y unas declaraciones de una procuradora socialista en el anterior pleno, en el que aseguraba que el sistema de acogida se había convertido “en un mercadeo de menores de los que no se ocupan hasta que son adoptados, se les realizan test de inteligencia y fotografías para ponerlos en el escaparate”.

El procurador de Podemos, Pablo Fernández, ha reprochado que el gobierno de Juan Vicente Herrera se pasara “por el arco del triunfo” las cartas que empresarios “honrados” enviaron al expresidente “hablándoles de las mordidas”. “No se les cae la cara de vergüenza porque no la tienen”, ha afeado.

“No me hable usted de caradura, porque la tiene más dura que el cemento armado; la cara, por supuesto”, ha respondido Ibáñez, quien ha enumerado los cargos de Podemos condenados en diferentes causas judiciales.