La Junta de Castilla y León reclamará al Gobierno 210 millones de la liquidación de 2022

La Junta de Castilla y León ha anunciado este jueves que enviará un requerimiento al Gobierno de España para tratar de recuperar hasta 210 millones de euros que, según su criterio, no han sido correctamente liquidados sobre el ejercicio presupuestario de 2022.

El consejero de Economía y Hacienda y portavoz de la Junta, Carlos Fernández Carriedo, ha explicado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno que hoy ha recibido el respaldo de sus compañeros de gabinete para enviar ese requerimiento previo, aunque ha adelantado que no descarta acudir a los tribunales de Justicia en caso de que no sea atendido.

Según el criterio del Gobierno autonómico, el Ministerio de Hacienda ha realizado mal el cálculo correspondiente a la liquidación del sistema de financiación autonómica de 2022, en concreto porque la Junta estima que ha tomado decisiones que han incrementado los gastos o disminuido los ingresos sin consultar con los gobiernos autonómicos, como en el caso del IVA.

En este sentido, ha asegurado que otras autonomías han planteado requerimientos similares, al ver modificada su capacidad presupuestaria por decisiones tomadas por el Gobierno con efectos al ejercicio presupuestario de 2022.

Aunque ha defendido la “lealtad institucional” de la Junta por recurrir a esta vía prejudicial, el portavoz ha lamentado que sea “muy común” que el Gobierno tome “unilateralmente” decisiones que afectan a los recursos económicos disponibles para las autonomías.

Ha recordado que ya vivieron algo similar cuando planteó una reclamación, primero por la vía del requerimiento pero que finalmente llegó a los tribunales, para demandar el pago de 192 millones también por la recaudación del IVA.

En aquella ocasión los tribunales de Justicia dieron la razón a la Junta y obligó al Gobierno central a pagar cantidades millonarias a todas las autonomías, por lo que Carriedo ha confiado en que ahora esa “experiencia” sirva para que el Ministerio entable un diálogo y puedan alcanzar un acuerdo.

Carriedo ha aludido a que estas cantidades pueden servir para “asegurar la adecuada financiación de los servicios públicos de calidad que presta la Comunidad”