El Kremlin de Ayuso: cada vez que salen a la luz delitos y corrupciones familiares, cae alguien por la ventana

¿Alguien recuerda qué fue de aquel supuesto espionaje a Isabel Díaz Ayuso por parte de personas contratadas en el Ayuntamiento de Madrid? La historia tuvo un tímido recorrido por los periódicos en febrero de 2022. Y coincidió (vamos a ser generosos con los verbos) con la noticia de la comisión de 283.000 euros que su hermano, Tomás Díaz Ayuso, se llevó de un empresario amigo de la familia al que el Gobierno de Madrid le pagó 1,5 millones en contratos para material sanitario cuando la administración había levantado los controles por la pandemia. 

Pasaron los días, los barones del PP y alguna prensa afín a Ayuso pactaron la decapitación de Pablo Casado y su relevo por Feijóo, y de aquel espionaje nunca más se supo. A algún observador curioso le llamaría la atención que uno de los señalados como sospechosos ha regresado a un cargo de confianza creado por Almeida y con un suculento salario.

Pasado el magnicidio de Casado, Feijóo dijo que no había caso en la comisión del hermano de Ayuso y a otra cosa. El episodio de los espías es tal vez el guion más exitoso que sale de la factoría de relatos de Miguel Ángel Rodríguez (MAR), presunto cargo público que cobra casi 100.000 euros al año de la Comunidad de Madrid por servir a todos los ciudadanos, pero que en realidad dedica la mitad de de su tiempo a atacar a los rivales de la presidenta Ayuso y la otra mitad, a distraer la atención sobre sus escándalos. Entre una cosa y otra encuentra huecos para repartir millonarios contratos publicitarios entre la prensa afín. Manejar al mismo tiempo la factoría de relatos y el dinero de las campañas de publicidad ayuda mucho a que algunos quieran creerse sus historias. 

En cuanto supo por elDiario.es del doble fraude fiscal de la pareja de la presidenta, la factoría de relatos de MAR volvió a ponerse en marcha para generar ruido. Y siete meses después, tenemos al fiscal general del Estado imputado en el Tribunal Supremo tras una denuncia de la pareja de Ayuso donde lo acusa de revelación de secretos. El de la pareja de Isabel Díaz Ayuso es probablemente el primer caso de fraude a Hacienda de la historia donde todos aparecen como sospechosos salvo el delincuente. Y eso que, cuando se publicó la primera línea del escándalo, Alberto González Amador ya hacía 40 días que se había confesado culpable de dos delitos. 

Fue el 2 de febrero de 2024. González Amador sabía que había sido cazado por Hacienda: la Agencia Tributaria llevaba dos años pidiéndole pruebas de las facturas que presentó para no declarar casi beneficios por el pelotazo de dos millones de euros de las comisiones de las mascarillas. Se trata de un caso de libro: Hacienda detectó facturas falsas, los testaferros declararon que no había trabajos, y el siguiente paso inevitable era la denuncia de la Fiscalía. González Amador lo sabía y acabó reconociendo dos delitos en un escrito remitido a un correo genérico de la Fiscalía de Madrid para tratar de evitar su entrada en prisión y el mal trago de un juicio.

La noticia del fraude a Hacienda fue publicada por este medio el pasado 13 de marzo. La primera reacción de la presidenta madrileña fue acudir a su manual: culpar de todo al Gobierno de Sánchez. Una confabulación de los poderes del Estado para acabar con ella, dijo entonces Díaz Ayuso, quien aseguró además que era al revés: que era Hacienda quien debía 600.000 euros a su pareja, el comisionista con el que se había ido a vivir meses antes a dos pisos ubicados en un mismo edificio en el barrio de Chamberí. 

Esa fue la primera salida de Ayuso. La siguiente maniobra de Rodríguez, tras amenazar a este medio con cerrarlo y triturarlo por publicar esa información, fue filtrar una noticia falsa a El Mundo, a la que aportaba un correo electrónico manipulado, para concluir que el fiscal del caso había propuesto un acuerdo de conformidad a la pareja de Ayuso. Una vez que vio publicada su filtración en El Mundo, Rodríguez salió a denunciar en Twitter que ese acuerdo propuesto por el fiscal a la pareja de Ayuso se había frenado por “órdenes de arriba”. Semejante tesis la difundieron sin ningún contraste algunos otros medios de la cuerda de la presidenta madrileña. La idea que se trataba de instalar era que la cúpula de la Fiscalía quería estirar el caso de la pareja de Ayuso.

Era todo falso. Lo reveló la Fiscalía General del Estado el 14 de marzo, cuando remitió a todos los medios de comunicación que habían preguntado una cronología donde se demostraba que había sido la pareja de Ayuso la que había dado el primer paso para reconocer los delitos, buscar un acuerdo y evitar la entrada en prisión. 

Horas antes, la Cadena Ser primero y elDiario.es después publicaron el correo original que evidenciaba que el acuerdo había partido del abogado de González Amador. El texto no podía ser más elocuente: “Ciertamente se han cometido dos delitos contra la Hacienda Pública”. En el archivo adjunto del correo, que no se conoció hasta varias semanas más tarde, la pareja de Ayuso asumía dos delitos y ocho meses de cárcel, siempre que eso no supusiese entrar en prisión ni la celebración de un juicio, con testigos, peritajes y testaferros declarando. También se comprometía a pagar con intereses la cantidad defraudada: 350.000 euros en dos anualidades.

El relato urdido en la Puerta del Sol se había venido abajo, pero Miguel Ángel Rodríguez improvisó un nuevo giro de guion: puesto que la Fiscalía había revelado sus mentiras, anunció una denuncia de la pareja de Ayuso por revelación de secretos. Básicamente acusaba al fiscal general del Estado de perjudicar su derecho de defensa al mostrar la cronología que desmentía el bulo que el jefe de gabinete había colocado entre algunos diarios de cabecera. 

La tesis de Rodríguez, con la que se alineó el Colegio de Abogados de Madrid, era que el relato de hechos perjudicaba a la defensa. Inciso: el Colegio de Abogados no dijo nada del primer correo filtrado por Rodríguez a El Mundo, en el que también se revelaban conversaciones (manipuladas, pero conversaciones al fin y al cabo) de un abogado con un fiscal.

En medio del escándalo, la factoría de relatos de MAR improvisó además historias de periodistas encapuchados de elDiario.es que habrían intentado entrar por la fuerza a la residencia de Isabel Díaz Ayuso y de reporteros de El País que acosaron a menores. Más decibelios para ver si el ruido podía tapar dos delitos de fraude fiscal, los dos millones de euros en comisiones por la venta de las mascarillas, y el misterio que todavía se mantiene: cómo y quién pagó las casas  donde vive la presidenta de Madrid con su novio defraudador confeso

Siete meses después de todo aquello, tras dos denuncias del Colegio de Abogados de Madrid y de la pareja de Ayuso, el Tribunal Supremo ha abierto una investigación a un fiscal general del Estado, la primera de la historia. El auto del Supremo descarta que la cronología facilitada por la Fiscalía cuya responsabilidad había asumido Álvaro García Ortiz sea delito, mantiene que no reveló nada distinto de lo ya publicado y que por tanto tampoco perjudicó su derecho de defensa. El tribunal quiere saber si fue el fiscal general del Estado quien filtró el correo adelantado por la Cadena Ser en el que González Amador se declaraba culpable. El mail llegó a un buzón compartido de la Fiscalía de Madrid, al que pudieron tener acceso, entre el 2 de febrero y el 13 de marzo, 14 fiscales y cuatro funcionarios. El primero en difundir material de esa cadena de mails, para manipularlo fue Miguel Ángel Rodríguez. No hay noticias de que vaya a ser investigado.

El fiscal general del Estado, mientras, alega que no va a dimitir, que su departamento solo cumplió con su deber de defender la actuación de la fiscalía y desmentir una información falsa que buscaba erosionar su credibilidad. Dos asociaciones conservadoras de fiscales, el Partido Popular, y el propio Miguel Ángel Rodríguez, que adelantó el movimiento del Tribunal Supremo hace una semana, piden su cabeza. El Gobierno defiende que no va hacer caer a nadie por decir la verdad. 

Entretanto, la Comunidad de Madrid empieza a parecerse cada vez más al Kremlin: con sus supuestos espías, su aparato de propaganda, y sobre todo porque, como en el caso de Putin, cada vez que sale a la luz un nuevo escándalo de corrupción o los delitos del clan Ayuso, alguien cae por la ventana o tiene un accidente. En el episodio de las comisiones de su hermano, la víctima fue Pablo Casado. Con el doble fraude fiscal de su pareja, el objetivo es el fiscal general.