El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco (PP), no va a convocar una “manifestación institucional” contra el acuerdo entre el PSOE y los independentistas como le ha pedido esta mañana el vicepresidente de su Ejecutivo, Juan García-Gallardo (Vox).
Fuentes del Gobierno regional han trasladado a EFE que la Junta está centrada en la acción institucional aprobada en el Consejo de Gobierno extraordinario, que se fundamenta “en la impugnación de los acuerdos en el Tribunal Constitucional” .Y por ello no van a “convocar manifestaciones” desde la Junta, como este viernes le había pedido García-Gallardo a Mañueco.
El vicepresidente de la Junta ha urgido a Mañueco (PP) a convocar de forma “urgente” una “protesta institucional” contra el “golpe” a la democracia y la ley que en su opinión representan los acuerdos del PSOE y los partidos independentistas.
A través de un comunicado de la Vicepresidencia de la Junta, García-Gallardo ha alertado de las consecuencias que tendrá el pacto para la investidura respecto a la “separación de poderes, el Estado de derecho, la democracia, la igualdad y la unidad nacional”.
Se da la circunstancia de que el líder de Vox, Santiago Abascal anunció hace días que su partido defendería la convocatoria de estas movilizaciones institucionales en los gobiernos autonómicos y ayuntamientos de los que participa, pero, según confirmó ayer el portavoz de la Junta, Carlos Fernández Carriedo (PP), en la última reunión del Consejo de Gobierno no se abordó esa iniciativa, que ahora sí plantea Vox a través de un comunicado.
“En este momento histórico de extrema gravedad, los partidos han de aparcar sus diferencias y llamar unidos a la movilización ciudadana desde las instituciones”, ha sostenido García-Gallardo, convencido de que este acuerdo que “aparentemente desbloquea la investidura de Pedro Sánchez” está siendo “ampliamente contestado por la sociedad civil”.
Para García-Gallardo estos acuerdos son un “golpe contra la democracia y contra la ley”, lo que implica la “abolición del Estado de derecho y la separación de poderes, así como la deslegitimación de todas las instituciones clave de nuestra convivencia, desde la Corona al Poder Judicial, pasando por las fuerzas del orden o los parlamentos”.
El vicepresidente ha añadido en su comunicado que los acuerdos son también “una amenaza a la soberanía nacional de los españoles, y a la unidad del país, al contemplar el compromiso de un referéndum de autodeterminación, así como la posibilidad de una mediación internacional que deslegitimaría a nuestra nación ante el mundo”.
García-Gallardo ha remarcado que “la gravedad de la amenaza” ha puesto de acuerdo a todas las asociaciones judiciales y otras instancias del ámbito de la Justicia, por lo que “es la hora de que las instituciones se enfrenten con todos sus recursos frente a esta situación crítica, incluyendo la convocatoria de movilizaciones ciudadanas desde el Ejecutivo regional”