El PP de Castilla y León, entre tramitar la Ley de 'Concordia' pactada con Vox o volver a la memoria histórica

El Partido Popular y Vox presentaron en marzo la Proposición de ley llamada 'de Concordia', una norma que pretendía derogar el decreto de Memoria Histórica que aprobó el expresidente popular Juan Vicente Herrera en 2019. Ahora, el PP –que gobierna en minoría– debe decidir qué hace con este asunto, que influirá en el apoyo de Vox a las leyes y presupuestos futuros. Y el partido de extrema derecha ha decidido presionar, de manera específica, precisamente con la Ley de Concordia. Esta nueva norma se tramitó en el parlamento autonómico con normalidad, por lo que debía debatirse en uno de los plenos de septiembre si las Cortes tomaban en consideración para deliberar la Proposición de Ley en la comisión correspondiente.

Esta Ley 'de Concordia' –contra la que se habían posicionado historiadores y profesores universitarios– tiene que aprobarse este jueves o pasará 'a la cola', según explican desde Vox, cuyo portavoz, Juan García-Gallardo, ha reclamado al PP que aclare “sus principios”. El primer acuerdo de la Mesa de las Cortes establece que si un grupo decide no incluir la iniciativa en una sesión plenaria cuando es su turno, esta iniciativa “perderá su prioridad y pasará a ocupar el último lugar de la lista”.

Este jueves se espera que el presidente del parlamento, Carlos Pollán (de Vox) la presente para que la Mesa de las Cortes debata si se da el siguiente paso o no. Después, pasará a la Junta de Portavoces, organismo que aprobará que el debate vaya al pleno. Ahí es donde tendrá que votar el Partido Popular, y de cuyo voto podría depender la estabilidad de la legislatura.

Una propuesta conjunta y negociada

Cuando los dos portavoces de PP y Vox –ahora ex los dos, tras las elecciones europeas y la ruptura de la coalición de gobierno– presentaron la Ley 'de Concordia', que pretendía “reivindicar la ”historia común, entendida como elemento integrador para la reconciliación, combatiendo cualquier intento de quienes tratan de utilizarlas para dividir a los españoles“. La Proposición de Ley buscaba atender a las víctimas no solo de la guerra civil y del franquismo –a la que no condenaba–, sino también de la II República.

De hecho, dentro del articulado se alegaba a la protección de datos y el derecho a la intimidad e víctimas y verdugos: pretendía prohibir la difusión pública de imágenes, documentos o cualquier otro material que pueda revelar la identidad de las personas involucradas en el proceso de recuperación, incluyendo a las víctimas y sus familiares.

Poco después de la presentación, en sesión parlamentaria el presidente del gobierno autonómico, Alfonso Fernández Mañueco, defendió esta norma y aseguró que no diferenciaba “entre víctimas buenas y malas”, sino que ampliaba derechos y mejoraba servicios. Ahora, Fernández Mañueco no aclara qué hará al respecto a pesar de las reiteradas demandas de su antiguo socio de gobierno a pesar de que desde Vox destacaba Juan García-Gallardo que se le había dedicado “mucho diálogo, reposo y negociación”.

Aragón y la Comunitat Valenciana ya han aprobado sus respectivas leyes 'de Concordia', una senda que quiere continuar Vox en Castilla y León. El exvicepresidente autonómico y actual portavoz del Grupo Vox, Juan García-Gallardo, reclamaba la semana pasada a Mañueco que concretara qué iba a hacer “más allá de las palabras vacías y frases huecas”. A pesar de que Vox no ha fijado líneas rojas de cara a negociar los próximos Presupuestos autonómicos –que Mañueco podría prorrogar para 2025–, sí ha dejado claro que esta es una de sus prioridades, algo que no parece encajar con la agenda actual del PP.

Ahora no es “una prioridad” para el PP

El portavoz del Grupo Popular, Ricardo Gavilanes, aseguró que la Ley 'de Concordia' no estaba entre sus prioridades y apuntó que será el jueves cuando se verá si se continúa con el trámite o se paraliza. “Habrá que valorar las posibilidades de que se lleve a la Junta de Portavoces o no. Nosotros no tenemos que negociar con nadie”, manifestó el lunes después de reunirse con el presidente autonómico, con quien no abordó esta cuestión, según sus palabras.

En el otro extremo del hemiciclo, el Partido Socialista mantiene su “mano tendida” al PP de Mañueco para llegar a acuerdos de comunidad en los próximos meses e incluso de cara a las nuevas cuentas. Pero, eso sí, necesitan “pruebas” de que el PP ya no quiere seguir “alimentando” a Vox. Para el Partido Socialista, no es suficiente con que la Ley 'de Concordia' se quede en stand by. “Le pido que retiren esa Ley. No me vale con soplar y sorber a la vez”, protestó el líder de la oposición, el socialista de Luis Tudanca.

Esta no es la única Proposición de Ley que no ha avanzado más allá de su registro por parte de PP y Vox. También se quedó a mitad de trámite la Proposición de Ley que modificaba la norma relativa al Servicio Público (uno de los caballos de batalla de Vox), al igual que la Ley del Ruido. Eso sí, la Ley de blindaje de la Sanidad –promesa electoral de Mañueco– sí que ha sido tramitada con normalidad, precisamente aprobada la semana pasada.

El Partido Popular necesita mover ficha en algún sentido si espera aprobar los Presupuestos de 2025, salvo que tenga intención de adelantar de nuevo las elecciones en busca de una nueva mayoría absoluta 'popular'. Eso sí, Juan García-Gallardo ya le avisó del coste de su apoyo parlamentario y también le advirtió que este no será “un cheque en blanco”.