Veganzones plantea que el Servicio de Relaciones Laborales de Castilla y León solo asuma conflictos colectivos y no los individuales

El consejero de Industria, Comercio y Empleo, Mariano Veganzones, ha sostenido este lunes que su pretensión es que el Servicio de Relaciones Laborales (SERLA) se encargue únicamente de los conflictos colectivos, mientras que los individuales de Valladolid que hasta ahora tramitaba pasen a ser asumidos todos por la Oficina Territorial de Trabajo.

En una rueda de prensa, preguntado por la situación del Servicio de Relaciones Laborales autonómico (SERLA), en el que participan el empresariado y los sindicatos mayoritarios, ha insistido en que la resolución de conflictos laborales colectivos “va a seguir radicada” en este organismo y que cuenta con “financiación suficiente para ello”.

Sin embargo, ha defendido su propuesta de que los conflictos individuales en la provincia de Valladolid, la única en la que se abordaban, se resuelvan desde la Oficina Territorial de Trabajo como ya se hace en el resto de la Comunidad, algo que rechazan los otros miembros del Diálogo Social.

“Creo que la fórmula de éxito más adecuada es que el SERLA, como ya autorizó el Consejo de Gobierno, se dedique a los conflictos colectivos y que el resto, entre ellos los individuales, como ya se hace en toda Castilla y León menos en Valladolid, se tramiten en las oficinas territoriales”, ha afirmado.

Por su parte, el representante de la UGT en el Patronato de la Fundación SERLA, Raúl Santa Eufemia, ha acusado a Veganzones de estar “secuestrando la democracia” en el seno de este organismo, en referencia a que estos cambios que quiere introducir se pretenden realizar una vez que entre en vigor la modificación en la Ley de Fundaciones, en concreto para no precisar de unanimidad en los acuerdos.

Para el representante sindical se trata de un “ejercicio unilateral en contra de la sociedad y en contra del beneficio de las relaciones laborales”, ya que esta situación arrastrada ya desde el pasado año está perjudicando a todos los ciudadanos que se ven afectados por un conflicto laboral y tiene que pasar previamente por este servicio, antes de acudir a los tribunales.

“Es una imposición monodireccionada por el Gobierno y que impide la libertad de los ciudadanos en Castilla y León y de las empresas, para poder llegar a soluciones extrajudiciales en materia del diálogo entre empresas y trabajadores”, ha resumido Santa Eufemia.