Castilla y León contará, si el trámite parlamentario así lo permite, con un presupuesto para 2023 en el que se pretende acabar “el concepto de violencia de género que no responde a la realidad”. Así lo celebró el pasado lunes el vicepresidente de Acción Política y eurodiputado de Vox, Jorge Buxadé, quien valoró la reducción a 15.000 euros que esta Comunidad va a destinar en campañas para luchar contra la violencia de género.
Preguntado por las palabras del dirigente nacional de uno de los socios de gobierno de la Junta, el portavoz de la misma, Carlos Fernández Carriedo (PP), ha apuntado que “el concepto de violencia de género y las ayudas están en el presupuesto”. Asimismo, ha defendido que han creado “una partida de 500.000 euros para la violencia intrafamiliar” y que “una cosa no quita la otra” ya que desde el Ejecutivo autonómico están protegiendo “a todas las víctimas” y “están en contra de cualquier tipo de violencia.”
Carriedo ha añadido que estas cuentas fortalecen “los créditos destinados contra la violencia de género” aunque los 15.000 euros en medidas específicas para 2023 contrastan con los casi 770.000 euros en este proyecto ejecutados en 2022 en una cuantía fijada inicialmente en 143.000 euros.
Hace unos días el vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Juan García-Gallardo (Vox), recordaba que por primera vez se creaba una línea de 500.000 euros para la violencia intrafamiliar, que gestionará la consejería 'popular' de Familia. El medio millón euros se sumará al presupuesto del Plan de Prevención de la Violencia Intrafamiliar que empezó en 2019 y que está en vigor hasta 2023. Está previsto que este plan —dotado con 146 millones de euros para los cinco años— ascienda hasta convertirse en una Ley, por lo que la nueva línea se incorporará al plan y servirá como línea de ayudas (se desconoce todavía el tipo) y para campañas de sensibilización.
PP y Vox han conseguido diluir la violencia de género dentro de la violencia intrafamiliar. El propio Buxadé se jactaba de que gracias a su partido se iba a “acabar con el adoctrinamiento y el concepto de violencia de género, defendiendo a todas las personas que puedan sufrir agresiones en el ámbito doméstico con independencia de su orientación sexual”.
Preguntado en qué se basa Buxadé para sustentar esta afirmación, Carriedo no ha querido entrar en los motivos del eurodiputado: “No es mi misión si quiera contestar ya no contestar a un parlamentario autonómico, menos a un parlamentario nacional que además es muy capaz de explicarse por sí mismo”.
Junto a los 15.000 euros específicos contra la violencia de género de la Junta, Castilla y León cuenta con otros 1,5 millones de euros entre campañas, formación, coordinación y la gestión de fondos del Pacto de Estado contra la violencia de género. Además, está previsto recibir 8,8 millones del Estado para dar ayudas a las víctimas de violencia de género.