La oficina antiocupas de Soria no ha recibido ninguna consulta desde que se instaló hace un mes y medio, según explica la Cámara de la Propiedad Urbana y confirma la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León a este diario.
En 2022 se produjeron 85 juicios verbales posesorios por ocupación ilegal de viviendas en Castilla y León y se ejecutaron 1.596 lanzamientos, el 4% de todos los lanzamientos que ejecutaron los juzgados españoles, según los datos del Poder Judicial. El 19,7% de las viviendas de Castilla y León están vacías (se usan menos de 15 días al año), el 6,9% están casi vacías y el 13,8% tiene un uso esporádico. En el caso de Soria capital, tiene 2.303 viviendas vacías (el 9,1%) según los datos del INE.
Está prevista la posibilidad de que el personal que presta asesoramiento ponga en conocimiento de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad la existencia de un delito de usurpación del artículo 245 del Código Penal o cualquier otro de persecución pública que detecte.
Estas oficinas arrancaron el 8 de junio con el objetivo de informar sobre la ocupación ilegal de viviendas, facilitar asesoramiento en relación con la prevención, la actuación inmediata y, en su caso, en las actuaciones posteriores en caso de ocupaciones ilegales en curso. A través de la página web de la Junta de Castilla y León están a disposición del usuario, con preguntas y respuestas sobre cómo evitar la ocupación y cómo actuar en un caso así.
Este era uno de los ejes de gobierno de la coalición PP Vox, constituido el año pasado: “defender la propiedad privada, combatiendo especialmente el fenómeno delictivo de la ocupación y ofreciendo asesoramiento gratuito a las víctimas de este hecho”. Esto es algo que está siendo extendido a otros territorios del país como en la Comunidad Valenciana, al igual que en Murcia o Madrid (donde no gobierna con Vox). En Extremadura también se está estudiando su creación.