La Justicia anula el plan de regulación del tráfico del Ayuntamiento de Valladolid

El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ha declarado nulo el decreto del Ayuntamiento de Valladolid por el que se establecía una nueva regulación del tráfico con la peatonalización de varias calles del centro, carriles bici segregados en el Paseo de Isabel la Católica y en parte de la Avenida de Gijón y los viales exclusivos para bus taxi. Con esta sentencia, aprobada por la Sala de lo Contencioso Administrativo del Alto Tribunal con sede en este la capital, se confirma el recurso que interpuso el PP contra esta modificación.

Se desestima así el recurso que el propio Consistorio había puesto contra una primera sentencia del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de Valladolid. Según ha explicado el propio TSJ, se confirma dicha resolución por entender que la intervención en el tráfico en esos puntos neurálgicos, en los que se ha provocado un “caos circulatorio”, fue de tal calado que debió hacerse mediante una ordenanza y no por decreto. 

Entre las consecuencias de esta anulación, se obliga al Ayuntamiento a reintegrar “sin excusa ni dilación alguna” cualquiera las de las sanciones “impuestas y recaudadas” derivadas de la implantación de dicha regulación. Asimismo, el texto también deja abierta la posibilidad a que “las empresas y vecinos usuarios de esas vías” puedan presentar “las oportunas reclamaciones de responsabilidad patrimonial”, ya que, como refleja la sentencia, la regulación se hizo sin un estudio económico sosegada y sin atender a los implicados.

El TSJ basa su decisión en que “el decreto anulado supuso una intervención extraordinariamente intensa en la circulación de vehículos en la ciudad de Valladolid. Tanto, que puede afirmarse que existe un antes y un después de la implantación de las tres medidas controvertidas”. El Alto Tribunal ha explicado que “cambiando un sentido de circulación no se desnaturaliza el derecho de utilización de esas vías; instalando un semáforo tampoco; haciendo peatonal esa vía o, como confiesa la propia administración, reducir la movilidad del vehículo privado” para fomentar el uso de transporte público “sí se afecta general e intensamente a los derechos de los vallisoletanos y por ello, como mínimo, se ha de hacer por ordenanza”.

El alcalde de Valladolid, Óscar Puente, ha reaccionado a la sentencia, “que conoció un minuto antes” de comparecer en los medios, para asegurar que ya se encuentra próxima a la aprobación definitiva la ordenanza municipal para regularizar los cambios de tráfico como recomendaba la primera resolución judicial.