De Gürtel a Púnica pasando por Enredadera: los cuatro casos de corrupción de un empresario que lleva 11 años imputado sin perder el poder

La primera imputación del constructor y magnate de los medios en Castilla y León, José Luis Ulibarri, llegó en febrero de 2009, cuando el entonces juez Baltasar Garzón levantó el secreto de sumario en una causa que investigaba una red de corrupción entre empresarios y Partido Popular: Gürtel. En ese momento, Ulibarri era un empresario reconocido en la Comunidad, como dueño de la constructora Grupo Begar y propietario de una televisión, emisoras de radio y varios periódicos. A lo largo de más de una década sin juicio, ha ido sumando imputaciones en causas de corrupción sin que la Justicia haya podido hacer nada por evitarlo.

Poco antes de esa imputación que marcaría un antes y un después para el PP, el 23 de enero de 2009, la Junta de Castilla y León había anunciado que la oferta conjunta de Ulibarri y del empresario Antonio Miguel Méndez Pozo había ganado el concurso para la explotación de dos canales autonómicos de la TDT. Ulibarri estaba bajo sospecha, pero ello no impidió que recibiese año tras año y hasta la actualidad, una subvención millonaria -de entre 18 y 25 millones de euros por ejercicio- para Radio Televisión Castilla y León. Tampoco se le retiró la publicidad institucional en sus medios, y mucho menos dejó de concurrir a licitaciones. Sin condena firme, Ulibarri siguió haciendo negocios y los políticos de la Comunidad continuaron acudiendo a sus galas, charlas y agasajos. Ulibarri, presuntamente, era un corrupto, pero de facto seguía siendo un prohombre en Castilla y León.

Han pasado 11 años desde esa primera imputación en Gürtel y José Luis Ulibarri ya está formalmente acusado desde 2016. La Fiscalía pide para él 7 años y un mes de prisión por los presuntos delitos de prevaricación, fraude a las administraciones públicas, tráfico de influencias, delito contra la Hacienda Pública y delito continuado de falsedad en documento mercantil. Según el Ministerio Público, su empresa UFC consiguió una parcela en Boadilla del Monte mediante el pago de mordidas de más de un millón de euros. El juicio no ha llegado a señalarse cuatro años después aunque la previsión era que se celebrase en septiembre de 2018. El volumen de causas de la Audiencia Nacional lo han ido retrasando.

Enredadera

Mientras tanto, a Ulibarri se le han ido acumulando los problemas judiciales. En junio de 2018 reventaba el caso que más le ha afectado y el único por el que ingresó en prisión provisional, la Operación Enredadera. Una investigación de un juzgado de Badalona acabó descubriendo una trama para el amaño de concursos públicos liderada por el empresario leonés. Los pinchazos que contiene el sumario pusieron en solfa a varios políticos de la Comunidad que le informaban de concursos, le ofrecían obras o que se sentían maltratados en sus medios. La cota de poder de Ulibarri había ido subiendo, especialmente en Castilla y León, y sus medios de comunicación son una herramienta. En el sumario, la Fiscalía destacaba la “asombrosa capacidad” de influencia del empresario gracias sus medios y cómo “premiaba o castigaba” a quienes no accedían a sus pretensiones.

Gürtel: “hay que hablar con alguien de arriba”

Esos pinchazos también afloraron su intento de manejo, abogado mediante, de “las fiscales de Gürtel” cuando suponía que quedaba poco para que se señalase el juicio. Tal y como publicó eldiario.es, en una conversación telefónica pidió a su abogado, el reputado penalista Luis Rodríguez Ramos, hablar con alguien “de arriba” para que las fiscales recibiesen “directrices”. De lo contrario, afirma el constructor, estarían “perdidos”.

Pero, en tanto la investigación Enredadera seguía avanzando, con piezas abiertas en la mitad del país, Ulibarri volvió a aparecer imputado en otro caso de corrupción en septiembre de 2019, en concreto en la Operación Púnica. Según el juez, el cabecilla de la trama, Francisco Granados, Francisco Granados, contó con Ulibarri en su plan de amaño de concursos públicos mientras fue consejero de Transportes de la Comunidad de Madrid y después de Presidencia y Justicia. Tal y como relata en un auto, Granados “vislumbró en la Consejería de Transportes, y especialmente en la entidad Mintra, una nueva oportunidad de negocio, que le permitiría enriquecerse con dinero público procedente de las adjudicaciones millonarias en el sector de infraestructuras y transporte de la CAM, y en concreto con las adjudicaciones para la construcción de las infraestructuras de metro y metro ligero proyectadas en el ”Plan de Ampliación de Metro de Madrid para 20032007“, que contaba, según se ha podido saber por fuentes abiertas, con un presupuesto de 4.700 millones de euros”. Ulibarri recibió adjudicaciones y presuntamente realizó pagos por ellas superiores a los 100.000 euros.

De nuevo, Gürtel

Con la tríada de imputaciones, parecía que el empresario había tocado techo, pero hace tan sólo unos días, su nombre apareció en el listado de imputados de la pieza principal de Gürtel y que investiga los pagos y el patrimonio del líder de la trama Francisco Correa. Ulibarri y sus empresas aparecen como pagadores en sociedades vinculadas al primero. Estas cantidades serían presuntas mordidas maquilladas como prestaciones de servicios.

La actividad pública de José Luis Ulibarri en Castilla y León es más discreta desde hace dos años. No acude a los actos que organiza con sus medios pero mantiene el poder en la clase política. Pocos se niegan a acudir los desayunos de prensa que organiza con su periódico en Valladolid, El Mundo de Castilla y León, la última fue la presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas.

En cuanto a su actividad empresarial, Méndez Pozo, su socio en la televisión privada que financia la Junta, no le quiere dentro: meses después de su paso por prisión por la Operación Enredadera, Ulibarri dejó de ser consejero delegado, miembro de la comisión ejecutiva y consejero delegado mancomunado de Radio Televisión Castilla y León. Su mano derecha, también imputado en la causa, dejó la presidencia de la tele. Pero en el consejo están sus hijos: Soledad, Adriana y Enrique. Soledad Ulibarri es consejera desde el mismo día en que salió su padre. Adriana era consejera de la tele desde 2014, pero desde la salida de Ulibarri forma parte de la comisión ejecutiva, y ocupa el lugar de su padre. Es además secretaria del consejo y consejera delegada mancomunada. Enrique, el más joven de los tres, entra también como consejero. Los tres hijos que tuvo Ulibarri con su primera mujer aparecen en los pinchazos de la Operación Enredadera, hablando de las reacciones de algunos políticos a las presiones que según la Fiscalía ejercía el empresario sobre ellos, pero no están imputados.

El devenir judicial de las causas contra el empresario determinará si continúa recibiendo dinero público a través de sus medios y el resto de empresas que posee y si puede mantener el poder y la influencia en políticos de Castilla y León y Madrid.