En Castilla y León hay 170.778 personas en pobreza severa, el 7,2% de su población y 9.013 personas más que en 2021, que viven en hogares con ingresos inferiores a 6.725 por persona al año, mientras que su tasa AROPE, que mide los ciudadanos en riesgo de pobreza o exclusión se situó en el 2022 en el 22,1%, esto es 525.248 personas, un punto porcentual menos que un año antes, y 49.667 personas menos en dato absoluto.
Esos son algunos de los datos del informe elaborado por la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social (EAPN) sobre el estado de la pobreza en las Comunidades Autónomas de mayo de 2023 y que mañana se completará con los datos específicos del XIII Informe “El Estado de la Pobreza y la Exclusión Social en Castilla y León” .
El informe de Castilla y León se dará a conocer en un acto en el Consejo Económico y Social de la Comunidad, con la asistencia de su presidentes, Enrique Cabero, y del presidente de la EAPN en la Comunidad, Óscar Castro.
En el conjunto autonómico, según el informe de mayo, la tasa AROPE (personas en riesgo de pobreza y exclusión social), osciló en el 2022 entre el 14,5% de Navarra, con un 15,7 en el País Vasco, y el 36,9 en Extremadura, con una media del 26% en el conjunto nacional. Castilla y León se mantuvo en la novena posición con ese 22,1%, que en términos de personas suponen el 4,4% menos que en el 2021.
Valencia, con un 10,3% menos de personas en riesgo de pobreza o exclusión social, fue la que más mejoró en el último año.
La Tasa Arope, un indicador propuesto por la Unión Europea, tiene en cuenta el porcentaje de personas que residen en hogares con carencia material y social severa; el porcentaje de población en riesgo de pobreza; y el porcentaje de personas en situación de baja intensidad en el empleo.
Si se tiene en cuenta el dato de riesgo de pobreza, este afecta al 17,8% de la población de Castilla y León, también el noveno menor nacional, con 421.000 personas en la Comunidad, 4.664 menos que en el 2021, el 0,1% menos en dato relativo.
El informe recoge que aunque la Comunidad ha mejorado “tímidamente respecto a 2015, se aprecia una desviación de unas 80.000 personas que ya deberían haber salido de la situación de riesgo de pobreza y/o riesgo de exclusión para así poder cumplir con los objetivos señalados en la Agenda 2030”.
El estudio precisa que “ hasta que llegó la pandemia, la contribución de esta comunidad se ajustaba a dichos objetivos”.
Además, el informe de la EAPN señaló que en Castilla y León las pensiones por jubilación “juegan un papel esencial en la contención de la pobreza y la desigualdad”.
“Su tasa de pobreza aumentaría en 5,3 puntos porcentuales si sólo existiesen las pensiones por jubilación y supervivencia, si no hubiese ningún tipo de aportación pública, más de dos quintas partes de la población castellanoleonesa (43,8 %) estaría en riesgo de pobreza (+26,0 p.p.)”, analiza el informe.
Y en la misma línea ocurriría con las personas en pobreza severa, “que aumentaría en 4,5 puntos si sólo hubiese pensiones y en 26,0 puntos de no producirse ningún tipo de transferencia pública. La continuidad de estas diferencias a lo largo de los años refleja la importancia que juega el Estado en su papel redistributivo, y, en casos como el de esta comunidad autónoma, en buena medida a través de las pensiones por jubilación”.