“Hay muy buenas palabras, pero somos un colectivo vulnerable. Se dicen cosas muy etéreas, pero nadie lo materializa y mientras tanto seguimos con el riesgo”. Leticia Heras está embarazada de 29 semanas y es profesora de Secundaria en un instituto de Burgos. “El médico no me daba la baja por riesgo de COVID-19, pero el espacio es el que hay y fuera de clase se quitan las mascarillas”, defiende Leticia, una de los integrantes de la plataforma Trabajadores de Riesgo del sector de la Enseñanza en Castilla y León. “Tenemos miedo, queremos un entorno seguro”, reivindican.
Los profesores vulnerables reclaman poder teletrabajar, recolocación o una baja para evitar el contagio de la COVID-19. “Estamos muertos de miedo”, reprocha la portavoz de esta plataforma, Patricia de la Fuente, quien lamenta que a pesar de que tengan informes favorables que demuestran las patologías específicas de algunos profesores, no se está teniendo en cuenta.
“Nos dicen -por teléfono- que no corremos ningún riesgo porque los chicos, si tienen la COVID, son asintomáticos”, denuncia Patricia. En su caso, el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales (SPRL), le dijo que aunque su centro educativo no pudiera garantizar su seguridad, debía incorporarse a su puesto de trabajo o correría el riesgo de que se le abriera un expediente disciplinario.
Estos profesores reclaman que se cumpla para ellos el protocolo del Ministerio y el de la Junta de Castilla y León y se les dé la posibilidad de adaptar su puesto de trabajo o reubicarle en otro puesto exento del riesgo. “En estas situaciones, se deben extremar las medidas de prevención y vigilancia dado que en caso de contagio en TES (trabajadores especialmente sensibles), las consecuencias pueden ser de más gravedad que para otra persona no considerada como tal”, refleja la Guía de Medidas Preventivas en los centros de trabajo dependientes de la Junta, que también se compromete a garantizar “en todo momento la detección y protección de los empleados especialmente sensibles”.
Los sindicatos también han apostado por la protección de este colectivo. En las bases del acuerdo entre Educación y sindicatos, rubricadas el 5 de septiembre, se promete “un procedimiento de actuación específico para trabajadores especialmente sensibles, adaptado a la peculiaridad de los funcionarios docentes”. Los docentes consultados por este diario aseguran que desde entonces, nada ha cambiado y denuncian que un mes después de este acuerdo, ellos continúan con las mismas condiciones laborales.
“Yo no me invento que las embarazadas somos personas vulnerables. Hay muy buenas palabras, pero yo doy clase a 6 grupos diferentes cada día. Lo de los grupos burbuja es mentira porque los profesores entramos en varios grupos”, reprocha Leticia. En su caso, como está embarazada, el protocolo del Ministerio indica que se debe 'continuar actividad laboral en zona NO COVID'. “El problema es que nadie se quiere responsabilizar de las bajas”, plantea esta burgalesa. “La gente se está buscando la vida”, apostilla Patricia.
Francisco da clase en Segovia y señala las “incongruencias” de que en ciudades como Palencia o León no puedan juntarse seis personas pero sí “metamos en un colegio o instituto a 500 personas”. “¿Cómo se come eso”, se pregunta. Francisco tiene una discapacidad del 33%, ha tenido 15 operaciones, un trasplante, un solo riñón y un pulmón “apretado”, por lo que tiene dificultades para respirar, con una merma de su capacidad del 25%. “Que me digan si soy un paciente de riesgo o no”, reta.
De esta manera, por “impotencia”, se fueron reuniendo profesores a través de las redes sociales hasta montar esta plataforma de Trabajadores de Riesgo del sector de la Enseñanza en Castilla y León. Al principio comenzó en Castilla y León, pero se han ido incorporando docentes de Madrid, Andalucía, Extremadura, Aragón y Castilla-La Mancha, y ahora son más de un centernar.
Francisco, profesor de instituto, rechaza que le den una baja: “No estoy enfermo, solo tengo mayor riesgo de contagio. Quiero tener condiciones para que me dejen desempeñar mi profesión de forma segura. Y si no se puede, sintiéndolo mucho, habrá que volver a las clases online”, propone.
Actualmente hay 126 aulas en cuarentena en toda la Comunidad y se han detectado, desde que comenzó el curso, 195 alumnos positivos y 23 profesores contagiados.
Los profesores denuncian que no en todos los casos se garantiza esa distancia de seguridad entre alumnos y profesor, sobre todo cuando los docentes son los responsables de desinfectar las mesas con los alumnos sentados y abrir las ventanas de las clases para ventilar. Desde la plataforma rechazan que cuando los centros responden que no pueden cumplir con las medidas de seguridad propuestas, les exigen una segunda valoración “que en realidad nunca llega”. Como Leticia, que ha reclamado la resolución y continúa esperando una respuesta.
Ya se han reunido con la concejala de Educación del Ayuntamiento de Valladolid y el procurador socialista José Bayón, explican. Este viernes se han reunido con el secretario general de Educación y la directora general de Recursos Humanos de Educación. La Consejería de Educación se ha comprometido a analizar cada caso que se presente a través del protocolo acordado con las organizaciones sindicales que la Dirección General de Recursos Humanos ha puesto en marcha para tal fin, según informan fuentes de la Consejería.