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Las defensas del caso de la fallida pista de esquí de la Diputación de Valladolid alegan la prescripción del delito

El alcalde de Olmedo (Valladolid) y exvicepresidente de la Diputación vallisoletana, Alfonso Centeno (2d), este lunes en el banquillo de la Audiencia Provincial donde desde hoy se enfrenta, junto a otros tres acusados, a una petición de pena de la Fiscalía de siete años de inhabilitación para el ejercicio de cargo público por un delito continuado de prevaricación en el caso conocido como Meseta Ski.

Europa Press

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Las defensas en el juicio por el caso denominado 'Meseta Ski' han alegado la prescripción del delito de prevaricación que se imputa a los cuatro encausados, entre ellos el actual alcalde de Olmedo, Alfonso Centeno (ex PP), y tres exdirectivos de la Sociedad Provincial de Desarrollo de Valladolid (Sodeva), por el supuesto despilfarro y presuntas irregularidades cometidas en el proyecto de las pistas de esquí en seco en Villavieja del Cerro.

El juicio por estos hechos ha dado comienzo este lunes en la Sección Segunda de lo Penal de la Audiencia Provincial, donde los letrados de la defensa, en el trámite de cuestiones previas al que se ha reducido en exclusiva la primera sesión, han hecho causa común para, en el intento de 'cortocircuitar' el proceso judicial, solicitar la absolución de sus clientes por entender que el delito de prevaricación que se les imputa ha prescrito.

Y es que sostienen que han transcurrido más de diez años entre el auto de imputación dictado contra los acusados en 2019 y el acuerdo del Consejo de Administración de Sodeva, de fecha 31 de marzo de 2008, en el que se ratifica la ejecución del polémico proyecto que, en opinión de las acusaciones, está muy alejado del inicial y fue tramitado al margen de la legalidad administrativa y sin someterlo a concurso público.

El letrado de Centeno, primero en tomar la palabra, ha argumentado además que la inconstitucionalidad del acuerdo de las Cortes por el que se declaró Meseta Ski como Proyecto Regional supone que todos los hechos previos, entre ellos el acuerdo de Sodeva de marzo de 2008, han quedado al margen de la vía penal.

Sin embargo, tal cuestión previa de las defensas ha sido rechazada de plano tanto por la fiscal jefe, Soledad Martín, como por el letrado de la acusación popular, en representación de Valladolid Toma La Palabra (VTLP) y Ecologistas en Acción, quien además ha recordado que al respecto ya hay un pronunciamiento de la Sección Cuarta de lo Penal de la Audiencia de Valladolid que dejó bien claro dicha cuestión y que no vio prescripción alguna.

Los defensores han pedido también al tribunal que en caso de sentencia condenatoria aplique como atenuante las dilaciones indebidas registradas, a su juicio, en una fase de instrucción que se ha prolongado durante cinco años, así como por el tiempo transcurrido desde la denuncia formulada ante Fiscalía por los partidos políticos en julio de 2018 hasta que dicha acusación pública decidió, un año después, dar traslado de la misma a un juzgado de instrucción.

Una vez que las partes han puesto sus cartas sobre la mesa, el tribunal ha dado por zanjada la primera sesión tras anunciar a defensores y acusadores que no se pronunciará sobre la prescripción hasta el momento de dictar sentencia.

Minutos antes del inicio de la vista, el diputado de VLTP y el portavoz de Ecologistas en Acción en Castilla y León, Julio Pereda y Luis Oviedo, respectivamente, han comparecido para recordar que si el proceso sigue adelante es gracias a ellos, ya que en 2022 el juez del caso sobreseyó las diligencias por prescripción de delitos y sólo gracias a su recurso -la Fiscalía no recurrió- ante la Audiencia Provincial se logró la reapertura del procedimiento.

Para Pereda, en declaraciones recogidas por Europa Press, “hay pruebas evidentes de que las cosas no se hicieron bien, mientras que para Oviedo es el momento de depurar responsabilidades pese a haber transcurrido dieciséis años.

“Volatilizados” 15 millones de euros

“Es el momento de que sepamos la verdad y se demuestre el despilfarro registrado en una obra que desde el principio se sabía que era ilegal”, ha denunciado el representante de EA, quien apunta que al final el juicio investiga la comisión de un delito de prevaricación aunque entiende que el trasfondo del caso encierra otro delito de malversación.

“Al final, parece que el que comete una prevaricación lo hace por bondad”, ha criticado Oviedo, quien recuerda que en 'Meseta Skí' se han “volatilizado” 15 millones de euros, entre lo que costó la ejecución del proyecto y los trabajos para su posterior desmantelamiento.

En este proceso se juzga a los cuatro encausados por delito continuado de prevaricación, con la atenuante de dilaciones indebidas, en relación al proyecto de las pistas de esquí en seco en Villavieja del Cerro (Tordesillas) que empezaron a construirse en 2006 y fueron desmanteladas por orden judicial en 2018.

Junto al 'expopular' Centeno--se dio de baja cautelar de militancia a raíz de su encausamiento--, comparten banquillo el exalcalde de Villaverde de Medina, exdiputado provincial y exvicepresidente de Sodeva, Pedro Pariente (PP); el exjefe de Servicio de Urbanismo de la Diputación Luis Torroglosa, y el arquitecto de Sodeva Valentín González.

Fiscalía de Valladolid solicita siete años de inhabilitación para cada uno de los cuatro encausados por un delito continuado de prevaricación--no pide responsabilidad civil--en el caso 'Meseta Ski', el fallido Complejo de Ocio y Aventura en Villavieja del Cerro, pedanía del municipio de Tordesillas, impulsado por la Diputación Provincial, que empezó con un presupuesto de 4 millones de euros que se disparó hasta los casi 12.

Se encuentran también personados como acusación popular Valladolid Toma la Palabra y la Federación Ecologistas en Acción, que, a diferencia de la acusación pública, no aplica la atenuante de dilaciones indebidas, pide 11 años de inhabilitación y el pago, conjunto y solidario, de una indemnización de 11.615.097 euros en favor de Sodeva y/o la Diputación Provincial.

Fue a principios del año 2006 cuando Sodeva planteó abrir un centro de deportes de invierno. El estudio que consta en la documentación de Sodeva tomaba como referencia la pista que se estaba ejecutando en la localidad francesa de Ville de Noeux les Mines y proponía para su construcción la localidad de Tordesillas, con una inversión prevista de 5.000.000 euros que sería factible una pista de 30 metros por 20 metros para principiantes y una pista de 300 metros de longitud por 50 metros de ancho para avanzados.

El 27 de marzo de 2006 el Consejo de Administración de Sodeva aprobó, por unanimidad, la redacción del Proyecto Técnico de ejecución, dirección de las obras y ejecución de las obras de construcción de la estación de ski seco y demás servicios adicionales, durante dos años, en la localidad de Villavieja del Cerro, Tordesillas, por importe máximo de 4.060.000 euros y un plazo de ejecución de seis meses, para lo cual en abril se solicitó al Ayuntamiento de Villavieja del Cerro de la cesión gratuita de terrenos necesarios para su construcción y explotación.

El presupuesto superaba con creces el capital de Sodeva, “sin que conste acuerdo alguno de la Diputación que amparara el notable exceso en el coste previsto del proyecto”, que fue adjudicado finalmente el 12 de junio a la empresa Corsan-Corviam Construcciones S.A, que percibiría unos ingresos por el abono de gastos de obra de 4.060.267 euros y unos ingresos por dos años de la explotación de servicios de 2.257.122 euros.

Sin embargo, en lugar de comenzar los trabajos, una vez adjudicado el proyecto, a instancia del entonces presidente del Consejo de Administración de Sodeva, Alfonso Centeno, se propuso reconsiderar la opción de longitud y superficie elegidas para el complejo, “sin que conste informe alguno que justifique la necesidad”, a fin de construir una pista de 9.600 metros, con una longitud mínima de 280 metros más otra pista de 900 metros para principiantes cuyo coste se incrementó hasta los 7.498.962,74 euros.

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