El exvicepresidente de la Diputación de Valladolid, Alfonso Centeno (PP), que se sentará en el banquillo de los acusados por el caso 'Meseta Ski'- una pista de esquí seco que triplicó el presupuesto y que nunca se llevó a cabo por construirse en monte quemado- tiene abierto un nuevo frente judicial. La Fiscalía de Valladolid le ha denunciado por un presunto delito contra la Administración Pública cometido en el desarrollo de su función de alcalde en Olmedo. El ministerio público ha denunciado además al concejal de Hacienda, César de Andrea, y a un abogado que ha trabajado para el Consistorio y al que supuestamente se le ha perdonado una tasa de más de 26.000 euros.
Según el escrito de la Fiscalía al que ha tenido acceso elDiario.es, el abogado P.C.R llevó a cabo, entre marzo de 2019 y diciembre de 2020, unas obras de demolición y construcción de una vivienda unifamiliar. Aunque era el promotor de esa obra, no solicitó licencia de ocupación de la vía pública si bien pidió al encargado de los trabajos que instalase vallados en dos calles con los que lindaba el terreno.
El 27 de mayo de 2020 tras recibirse numerosas quejas de los vecinos, el Grupo Municipal Impulsa Olmedo pidió en el Ayuntamiento copia de la licencia y justificante del pago de la tasa por ocupación de vía pública, pero esta no existía. Al día siguiente el arquitecto municipal giró una visita de inspección de las obras y emitió un informe que confirmaba la ocupación de la vía pública y la cantidad diaria que correspondía pagar por la misma. Indica la fiscalía que P.C.R “al parecer, por algunas actuaciones como letrado en ejercicio y corredor de seguros tenía buena relación con el alcalde del Ayuntamiento de Olmedo, Alfonso Centeno Trigos”. Así, cuando el abogado tuvo conocimiento de la inspección habló con el encargado de las obras y le dijo que no se preocupase, que había hablado con el alcalde y que lo que tenían que hacer era pedir un permiso para el vallado. “Eludiendo figurar como solicitante, pese a ser el sujeto pasivo de la tasa municipal, convenció al constructor, lego en cuestiones jurídicas y normativa administrativa, para que solicitara, a su nombre, el permiso de ocupación de la vía pública desde el 3 de marzo de 2019, cosa que hizo el 1 de junio de 2020. El 30 de julio de ese año el Ayuntamiento determinó una liquidación provisional de 26.151,84 euros. El concejal de Hacienda, César de Andrea acordó notificar la resolución al solicitante de la licencia (el responsable de las obras) y al propietario (P.R.L) y se les informó de que cuando concluyesen las obras se expediría la liquidación definitiva.
El encargado de las obras presentó tanto un escrito de alegaciones como un recurso contra la liquidación provisional. Los escritos fueron redactados por P.R.L, que aseguró al encargado que no se preocupase porque si llegaban a juicio con el Ayuntamiento “haría una mala defensa para perderlo”. “Estas afirmaciones del promotor y propietario de la obra han resultado no ser algo baladí a la vista del devenir de los acontecimientos”, apunta la Fiscalía. El plazo para resolver el recurso era de seis meses y caducó sin respuesta, por lo que fue desestimado por silencio administrativo. “Ninguna actuación se ha llevado a cabo por los titulares de las distintas áreas municipales afectadas, y los encargados de la tramitación del expediente, inactividad que parece deberse a la voluntad de favorecer a la persona que es la principal obligada al pago de la tasa”, añade.
El 21 de junio de 2022 ni el Ayuntamiento había reclamado el pago de la liquidación provisional, ni finalizada la obra, en diciembre de 2020, se había expedido la liquidación definitiva que debía ser aprobada por la Junta de Gobierno Local. Los hechos podrían constituir un delito contra la Administración Pública, tipificado en los artículos 404 y 429 del Código Penal. El asunto está en un juzgado de Instrucción de Medina del Campo. Aunque se había citado a declarar a los denunciados el 9 de noviembre, finalmente se ha pospuesto al 1 de febrero de 2023.
No es el único problema judicial al que se enfrenta Centeno. El pasado mes de octubre, el Juzgado de Instrucción número 4 de Valladolid, que investigó el caso Meseta Ski, dictó un auto por el que encausaba a cinco personas por un delito continuado de prevaricación y decretaba apertura de juicio oral. Además de Centeno, aparecen como imputados por este mismo delito continuado el ex alcalde de Villaverde de Medina y ex diputado provincial Pedro Pariente; el ex jefe de servicio de Urbanismo de la Diputación y actual gerente de Reval, Luis Torroglosa y el arquitecto de Sodeva Valentín González. Serán juzgados sólo por prevaricación tras haber prescrito los delitos de falsedad documental y malversación y cerrar en falso la causa que ordenó reabrir la Audiencia Provincial, ya que la prevaricación no ha prescrito. “Obran en la causa indicios suficientes sobre la poca viabilidad del estudio previo del proyecto denominado Meseta Ski y sobre la presunta ilegalidad de las adjudicaciones, que derivó en un derroche de fondos públicos”, decía el instructor de la causa. El proyecto Meseta Ski se preparó “sin informes previos solventes, técnicos y jurídicos, y por ende a un considerable perjuicio económico de la administración pública”.​ En su declaración ante el juez, a la que tuvo acceso elDiario.es, Centeno reconoció que había viajado a Francia y a Reino Unido para ver materiales de fabricación de la pista sin saber quién lo había pagado.
A pesar de la situación, Centeno no ha dimitido de su cargo como alcalde de Olmedo.