La serie A dos metros bajo tierra sobre la familia Fisher, dueña de una funeraria, puede parecer una exageración, hasta que se leen los autos, informes y acusaciones que pesan sobre la familia Morchón, afincada en Valladolid y propietaria del grupo Funeraria El Salvador. No es un guion. A lo largo de 20 años, en los crematorios de los Morchón se sacó a los muertos de sus ataúdes antes de la incineración para reutilizarlos con otros cadáveres posteriormente. Está en los informes policiales: se aprovechaban hasta las flores, que se revendían a la siguiente familia que fuese a velar a su difunto.
Durante cuatro lustros nadie sospechó lo que ocurría en la trastienda de las salas de duelo. Mientras, el emporio El Salvador se expandía por toda Castilla y León, un negocio boyante con instalaciones cada vez más modernas y crematorios en varios puntos de Castilla y León. Tras cuatro años de investigación, se ha llegado a la conclusión, según figura en el escrito de la Fiscalía, de que 5.973 cadáveres –el 73,08% de las incineraciones– fueron extraídos de los ataúdes donde ser les iba a incinerar y que entraron el horno sobre maderas viejas o tapas de antiguos féretros. La práctica reportó a la familia Morchón unas ganancias ilícitas de 4.048.768,09 euros, según el ministerio público.
¿Cómo se pudo descubrir algo que se hizo durante dos décadas con total sigilo y oscuridad? Jugó un papel clave la avaricia de dos personas: la de un empleado que intentó extorsionar a su jefe, Ignacio Morchón Alonso, y la de este, que supuestamente urdió el fraude para multiplicar los beneficios de la empresa, se negó a ceder al chantaje de su trabajador y además dio por hecho que nadie investigaría el escándalo. La llamada Operación Ignis, en honor al dios del fuego, comenzó en 2017, después de que Morchón denunciase a Justo M., un extrabajador jubilado desde 2015 que pretendía que se le compensase por participar durante años en el cambiazo de los ataúdes, y disconforme con la pensión que le había quedado tras retirarse. El operario jubilado empezó a enviar mensajes a su exjefe que incluían imágenes de cadáveres. Convencido de que tenía las de ganar, el jefe se presentó en comisaría.
El trabajador chantajista acabó condenado pero el caso no acabó ahí: las pruebas existían y el juzgado abrió una pieza secreta. 26 libretas, tres archivadores con 746 partes de defunción y esquelas, 14 carretes de fotos con 450 imágenes, dos sobres con 72 fotos y negativos, tres memorias USB con 207 fotografías y 44 vídeos, no dejaban lugar a dudas. Justo había estado documentando cada cambio de ataúd, había colocado carteles o esquelas sobre cada cadáver antes de meterlo en el horno sobre una vieja tapa o unos maderos, y había precisado incluso cuando esos cambiazos no se habían ejecutado por razones varias: desde que el muerto fuese drogadicto, hasta que estuviese demasiado gordo para moverlo, o que el propio proceso de descomposición hubiese afectado al féretro para poder vendérselo a otra familia.
El sumario de la causa es una antología del horror y a la vez retrata los avances de la tecnología: Justo M. empezó usando cámaras analógicas y carretes, siguió con los primeros teléfonos móviles que permitían tomar imágenes y acabó documentando todo con cámaras digitales. En las fotos que almacenó el extrabajador aparecen recién nacidos, niños de corta edad o abuelos que llevaban con ellos los dibujos de despedida de sus nietos. Dos años después de la apertura de la pieza, la Policía Nacional irrumpió en uno de los tanatorios del grupo El Salvador el 31 de enero de 2019, como adelantó elDiario.es, con las primeras luces del alba y cuando un un par de familias velaban a sus muertos. Los Morchón tuvieron que asistir atónitos a los registros que se efectuaron tanto en las instalaciones de las dos sociedades funerarias que tenían, como en la vivienda del patriarca, donde decomisaron un millón de euros guardados en bolsas de supermercado. “No me gusta mezclar churras con merinas, son los ahorros de toda una vida”, intentó justificarse el empresario ante la juez instructora poco después.
Ignacio Morchón Alonso, que fue detenido de inmediato, tuvo que pagar una fianza de 800.000 euros para salir de prisión unos meses más tarde. Nunca reconoció los hechos. En su primera declaración judicial quiso convencer a la jueza de que el cambiazo de los ataúdes no era rentable. “No merece la pena, vale 100 euros, qué hago yo con un ataúd lleno de sangre y de babas y de mierda, es que eso no se lo cree nadie”, le llegó a decir. Pero la investigación policial y el trabajo del fiscal del caso fue tan arduo como preciso para seguir el rastro del dinero, estudiando las facturas de los proveedores así como cuentas de las mercantiles y las personales de sus propietarios. Aunque inicialmente se avanzó que el beneficio ilícito superaba los 7 millones, sólo se han podido documentar más de cuatro de ganancias con el fraude.
Morchón ya no podrá responder de todo ello, porque murió en octubre de 2022, pero sí tendrán que hacerlo su viuda, sus tres hijos y varios empleados, incluido Justo, el que puso en marcha la maquinaria policial.
La Fiscalía pide penas por constitución de organización criminal, pertenencia a organización criminal, delito continuado de apropiación indebida, en concurso medial con un delito continuado de estafa; delito continuado contra el respeto a los difuntos, blanqueo de capital y delito continuado de falsedad en documento mercantil.
Las penas más duras las solicita para la viuda de Ignacio Morchón, María del Rosario V.L, y sus hijos Ignacio, Laura y María del Rosario M.V: 20 años de cárcel para cada uno de ellos, junto con su inhabilitación para la prestación, directa o indirecta, de servicios funerarios por espacio de tres décadas y el pago de multas por importe de 12 millones de euros.
Respecto del resto de trabajadores, una veintena, las penas oscilan entre los nueve y los dos años de cárcel. Así, la acusación pública reclama nueve años de prisión para cuatro de los encausados, seis y medio para otros nueve, seis para Justo M.G, cuatro años para otro de los acusados, cinco años de privación de libertad para otros cuatro empleados más y dos años para otro de los supuestos implicados.
La veintena de acusaciones particulares también van presentando sus escritos, algunas se adhieren al escrito del Ministerio Fiscal que incluye incluso un delito continuado contra el respeto a los difuntos, previsto y penado en los artículos 74 y 526 del Código Penal (El que, faltando al respeto debido a la memoria de los muertos, violare los sepulcros o sepulturas, profanare un cadáver o sus cenizas o, con ánimo de ultraje, destruyere, alterare o dañare las urnas funerarias, panteones, lápidas o nichos será castigado con la pena de prisión de tres a cinco meses o multa de seis a 10 meses) además de la indemnización de 3.000 euros para cada uno de los herederos.