Al juez instructor que investiga la presunta financiación ilegal del PP de Salamanca no le cuadran ni los documentos ni las declaraciones de algunos de los testigos fundamentales de la causa. Así lo hace constar en una providencia del pasado 26 de octubre a la que ha tenido acceso elDiario.es. El juez solicita que dos mujeres, la exalcaldesa de Cantalapiedra, Juana González Mulas, que formaba parte del grupo provincial en la Diputación, y la entonces administrativa del PP salmantino, ahora cargo de confianza en la Diputación, Emma Figueiredo, vuelvan a declarar para aclarar contradicciones.
La decisión se toma tras haberse cotejado 516 recibos bancarios en los que se fraccionaron las presuntas donaciones altruistas con las que se pagaron cuotas atrasadas de afiliados con el fin de que votasen en las primarias que acabó ganando el actual presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco. Tal y como declaró en su momento el presidente del PP de Salamanca, Javier Iglesias, en la sede provincial se volcaron para que “un salmantino” como era Mañueco, pudiese optar a presidir la Comunidad. Para ello, de manera “espontánea” y “altruista” se recogieron donaciones de cargos públicos del partido para pagar los recibos de militantes que llevaban años sin satisfacer las cuotas y que recuperasen así el derecho a votar en las primarias.
El juzgado concluye, tras revisar unos recibos de ingresos en la cuenta del PP, que “no hay firma” en varios recibos originales, que en otros hay “firmas del ingresante repetidas” pero que “en la gran mayoría de los recibos se aprecian firmas de personas diferentes” y que en algunas se lee “el nombre del afiliado que ingresa” el dinero, lo que para el instructor es “contradictorio” con lo declarado por González Mulas y Figueiredo.
Ambas mujeres habían explicado en su primera declaración que mientras que González Mulas se dedicó a recoger las donaciones en la Diputación de Salamanca, Figueiredo, como administrativa que era en ese momento, se encargaba de llevar el dinero ya fraccionado al banco e ingresarlo en la cuenta del PP destinada a las cuotas de afiliados. De ese modo, si era ella la única que hacía los ingresos, no tendría sentido que los recibos los firmasen otras personas. Ambas testigos tendrán que volver a dar explicaciones al juez el próximo 23 de noviembre “con el fin de aclarar contradicciones”.
El abogado de la acción popular, Francisco Martín del Río, en declaraciones a elDiario.es, va más allá que el juez y ha tachado de “burdo montaje” los documentos que aporta el PP, y a los que él no ha tenido acceso. El partido se ha empeñado en anonimizar los documentos en los que aparecen datos de militantes, hasta el punto de que el juzgado tuvo que insistir en que remitiese los documentos originales para poder examinarlos. Martín del Río ha lamentado que no se le dé acceso a los originales y tener que fiarse sólo de las contradicciones que detectan en el juzgado.