Juana es trabajadora doméstica y alérgica a los gatos. Por eso dijo que no cuando la empresa le propuso ir a trabajar a una casa en la que había dos felinos. Pero le hicieron ir igual. “Estaba lleno de pelos, iba todo el día hasta arriba de antihistamínicos para que no se me cerraran las vías respiratorias”, relata. Aunque la empresa nunca la obligó explícitamente a hacer ese servicio, si no accedía, Juana notaba las consecuencias. “Me pasaba dos o tres días sin clientes. Me castigaban”, recuerda.
La empresa en cuestión es Clintu, una plataforma de la 'economía colaborativa' que une a clientes con profesionales que realizan trabajos puntuales, a cambio de una comisión. Al menos, así es sobre el papel. Juana se creó un perfil con la intención de hacer sólo algunos trabajos a la semana, para completar su sueldo, pero pronto se dio cuenta de que lo que le habían explicado era mentira.
Hace 13 años que trabaja 30 horas a la semana para una empresa de limpieza y pensó que Clintu le podría ayudar a mejorar un poco su sueldo, que de base es de entre 700 y 800 euros al mes. Ella tenía cuatro clientes fijos y, para no perderlos, se vio obligada a ir aceptando cada vez más servicios, hasta que llegó a hacer entre cuatro y cinco horas de más cada tarde, incluidos los sábados.
“Si denegabas un servicio, cuando aceptabas uno que sí te interesaba, automáticamente se te informaba que ya había sido adjudicado. Y así durante días”, recuerda. Esta es una práctica que se repite en otras muchas empresas de la economía de plataforma como Glovo o Uber, que han sido sancionadas en diversas ocasiones por operar con falsos autónomos.
“Me apunté pensando que sería libre de gestionar mi trabajo, como cualquier autónomo, pero era como tener otro trabajo, en otra empresa y con otro jefe”, se lamenta Juana. A raíz de las quejas de otras trabajadoras, CCOO acabó viendo que las limpiadoras de Clintu eran, en realidad, falsas autónomas. Así que el sindicato puso una denuncia a Inspección de Trabajo, que llegó a la misma conclusión.
Finalmente, el caso se ha zanjado esta semana, después que un juez de Barcelona haya considerado probado que entre Clintu y las limpiadoras hay una relación de laboralidad y haya condenado a la empresa a contratar a 505 falsas autónomas en su delegación de Barcelona y a pagar 1,29 millones de euros en concepto de deuda a la Seguridad Social.
“Las trabajadoras recibían órdenes de Clintu” y, además estaban “sometidas a la organización empresarial”, reza la sentencia a la que ha tenido acceso elDiario.es. En ella, el juez también establece que “la actividad real de la empresa no es la prestación de servicios informáticos, sino la llevanza a cabo de servicios de limpieza”. Esto es bastante fácil de demostrar si se habla con las trabajadoras, ya que mientras los clientes sí gestionan los servicios a través de una 'app', las trabajadoras simplemente eran añadidas a un grupo de 'Whatsapp' donde se iba informando de los servicios disponibles.
Para este reportaje, ElDiario.es se ha puesto en contacto con la empresa, que no ha respondido a las preguntas de este medio.
Pagar por trabajar
Juana es una de estas 505 trabajadoras. Ella duró apenas ocho meses en Clintu, porque vio varias cosas que no le gustaron. La primera fue su bajo sueldo. A pesar de dedicar entre veinte y treinta horas a la semana a Clintu, apenas conseguía 200 euros. Empezó a preguntar a sus clientas y descubrió que ella percibía casi la mitad de lo que cobraba por cada servicio de Clintu.
Esto desesperó a Juana, sobre todo siendo que las trabajadoras estaban obligadas a poner de su bolsillo los productos de limpieza si el cliente no disponía de ellos. “Te aseguraban que te los pagaban, pero no era así”, explica Juana. Cada mes, las trabajadoras reciben un solo pago y, al no estar desglosado, “muchas pierden la cuenta”, asegura Juana, que llevaba al día sus servicios en una libreta, “como una viejita”. “Aparte de no pagar nunca los gastos, algún mes te dabas cuenta de que te pagaban de menos, y eso sí que no”, exclama esta limpiadora, que no quiere ni imaginar “cuánto dinero se habrán quedado de chicas que ni siquiera se han dado cuenta”.
A parte de no pagar nunca los gastos, algún mes te dabas cuenta de que te pagaban de menos, y eso sí que no
Otra de las cuestiones que, para el juez, prueba que hay relación laboral entre las trabajadoras y Clintu es el hecho de que la empresa “filtra” los perfiles de las limpiadoras. La aplicación no es de libre acceso para cualquiera, sino que hay pruebas de selección. La primera es un formulario online en el que se pregunta, de manera velada, si se tiene permiso de residencia: se le enseña a la aspirante fotografías de diferentes documentos de identidad como un DNI, un NIE o una tarjeta de asilo para que seleccione cuál tiene. El objetivo era contratar “sólo a personas con permiso de residencia”, tal como destaca el juez en su sentencia.
Esto se explica porque, a priori y para guardarse las espaldas, Clintu exige estar dada de alta en el régimen especial de trabajadoras del hogar, una especie de cuota de autónomo de precio más reducido, pensado especialmente para este sector. Pero en la entrevista se les dice que se pueden organizar como mejor consideren y se les da entender que pueden trabajar en negro. “Es un contrato de adhesión, un 'o lo tomas o lo dejas' en base a condiciones ilegales”, resume Montse Arcos, abogada de CCOO y representante de las trabajadoras.
La letrada asegura que Clintu era conocedora de los fraudes que estaba cometiendo y “ha buscado sistemáticamente saltarse la legislación laboral con diversas trampas”. Requerir, aparentemente, que las trabajadoras estuvieran dadas de alta es una de ellas. Otra fue que, cuando se finalizó el informe de la Inspección de Trabajo, en 2018, intentaron evitar el juicio dando de alta a todas las trabajadoras, pero sólo durante unos días. Es el caso de Juana, que se sorprendió al ver que había cotizado con Clintu durante algunas semanas.
El 'modus operandi' de Clintu es igual, en palabras de Arcos, al de otras empresas de la economía colaborativa como Uber o Glovo, que también han sido condenadas por trabajar con falsos autónomos. “Hablar de economía digital suena genial, pero es la misma batalla de siempre de intentar escapar del derecho laboral y evitar la laboralidad”, se lamenta la abogada. Confía en las propuestas legislativas que se están planteando desde Europa para generar una ley rider comunitaria, pero alerta de que “no será la panacea”.
Aunque haya una ley que les ampare, los trabajadores no siempre están en disposición de denunciar. “La mayoría de estas empresas se enfocan a colectivos vulnerables de los que se pueden aprovechar”, asegura Arcos. La desprotección de ciertos sectores es muy clara en el caso de Clintu: de las 505 falsas autónomas, la mayoría eran mujeres migrantes y sólo 30 estaban sindicadas. “Son personas solas, en trabajos muy atomizados y que, a veces, vienen de países en los que los sindicatos tienen muy mala fama”, apunta la abogada, que tiene la esperanza de que la victoria judicial en Barcelona sea como una arenga para las trabajadoras de Valencia y Madrid, donde Clintu también opera.
El miedo a la denuncia
Conseguir que trabajadoras tan precarias y vulnerables se unan es muy difícil, cosa que dificulta mucho la denuncia y la acción legal. Así lo considera Fany Galeas, responsable de las trabajadoras del hogar en CCOO. Su trabajo se basa en “hacer un llamado a todas las trabajadoras precarias para que se organicen ante la explotación”. Pero no siempre es fácil, pues muchas veces vence el miedo.
“La mayoría de estas empresas se enfocan a colectivos vulnerables de los que se pueden aprovechar”
De hecho, muchas de las trabajadoras que no estaban sindicadas declararon en el juicio asesoradas por abogados de oficio y defendieron la versión de la empresa “por miedo a las repercusiones”, asegura Arcos. Algunas pensaban que, al haber trabajado en negro, les podría tocar pagar una multa; otras no querían perjudicar a la empresa para no perder su trabajo y algunas más, simplemente, no querían meterse en líos.
“No se vale mirar a otro lado ni bajar la cabeza. Tenemos que hacer algo, estas empresas no se van a hacer ricas a nuestra costa”, exclama Juana. Pero ella reconoce que también tiene miedo. De hecho, se ha negado a ser fotografiada para este reportaje y Juana no es su nombre real. “Yo alzo la voz, pero si enseño mi cara o se me reconoce, la empresa para la que llevo 13 años trabajando podría tomárselo a mal y despedirme. Y necesito ese dinero”, explica.
Nacida en Perú, hace diecisiete años que tiene permiso de residencia en España. Y, aunque tiene estudios y experiencia, aquí no ha conseguido trabajo más que de limpieza. “Es muy frustante, pero tengo que pagar el piso”, dice Juana, que tiene claras dos cosas: “Voy a seguir luchando porque, aunque no me jubilaré con el mocho y la escoba, las que vengan detrás no pasarán por lo que yo”.