La salida de prisión de los líderes independentistas es un paso necesario para encauzar el conflicto soberanista o al menos ese es el consenso compartido por la mayor parte de fuerzas parlamentarias catalanas, salvo las de derecha y extrema derecha, aunque los métodos para conseguirlo difieren. Mientras el Gobierno apuesta por un indulto parcial que agilice la excarcelación de los condenados por sedición, los independentistas insisten en una amnistía de más que difícil encaje legal e imposible viabilidad parlamentaria para que el resto de encausados por el procés también puedan hacer borrón y cuenta nueva.
La reclamación independentista de la amnistía es de máximos y llega a englobar a los centenares manifestantes encausados por los altercados en las protestas por la sentencia del procés. Paradójicamente, la Generalitat ejerce la acusación contra varios de ellos. Dentro de los miles de “represaliados”, los partidos soberanistas también cuentan a más de 700 alcaldes que fueron investigados por la Fiscalía en vísperas del referéndum del 1-O del 2017, aunque la inmensa mayoría de pesquisas se archivaron y solo menos de diez ediles fueron denunciados en los juzgados.
Más allá del cómputo de encausados, sí está claro que aunque se indulte a los condenados por el Supremo, más de 60 exdirigentes independentistas y actuales altos cargos del Govern se seguirán enfrentando bien a causas penales bien a multas económicas millonarias ante el Tribunal de Cuentas derivadas de su presunta participación tanto en la difusión del proceso soberanista en general como en la organización de la consulta del 1 de octubre de 2017 en particular.
Los que más cerca están del juicio son los diputados de ERC Josep Maria Jové y Josep Lluís Salvadó, estrechos colaboradores de Oriol Junqueras en la vicepresidencia de la Generalitat y procesados por el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) por desobediencia, prevaricación, malversación y revelación de secretos, estos dos últimos delitos castigados con penas de cárcel. Ambos ya abonaron una fianza de 4,5 millones de euros después de que la jueza instructora concluyera que tuvieron una “participación activa” en los preparativos del 1-O y en la planificación de las denominadas “estructuras de Estado”.
A ellos se podía unir la nueva consellera de Cultura de la Generalitat, la republicana y recién aforada Natàlia Garriga, que junto a otros 26 altos cargos y funcionarios y seis empresarios y particulares está pendiente de juicio en la Audiencia de Barcelona por los mismos delitos en la causa sobre los preparativos del 1-O que instruyó el juzgado de instrucción 13 de Barcelona. Es la causa original del 1-O y los atestados de la misma integraron la mayor parte del sumario del caso del procés del Tribunal Supremo al abarcar los mismos hechos –preparación de aspectos de la votación como el censo, el encargo de papeletas y sobres, etc.– salvo la protesta del 20 de septiembre de 2017 ante la conselleria de Economía y la movilización de la jornada de la votación. La magistrada impuso una fianza de 5,8 millones a los procesados.
Además de Garriga, en esta causa están procesados varios altos cargos cuya continuidad en la Generalitat del nuevo mandato de Pere Aragonès no está clara, como por ejemplo el director de TV3, Vicent Sanchis, el director de Catalunya Ràdio, Saül Gordillo, o la presidenta en funciones de la empresa que gestiona los medios públicos catalanes, Núria Llorach, además de varios directores y secretarios generales de departamentos. Pese a que la instrucción del caso lleva finalizada varios meses, el juicio se está demorando porque la Audiencia de Barcelona ha ordenado a la magistrada instructora practicar nuevas declaraciones sobre las resoluciones del Tribunal Constitucional para impedir el 1-O que presuntamente obviaron los procesados.
Todavía en una fase inicial de instrucción se encuentra otra causa relativa a los gastos del Govern para promocionar el procés en el exterior, en la que están investigados el exconseller de Exteriores Raül Romeva, el exsecretario del Govern Víctor Cullell, el exsecretario general del Diplocat Albert Royo y otros siete exaltos cargos.
Al margen de las causas penales, otro procedimiento que se ha convertido en un quebradero de cabeza para las defensas de los independentistas es el que sigue el Tribunal de Cuentas sobre los gastos del 1-O. La causa no enviará a nadie a la cárcel, pero sí puede comprometer el patrimonio de 37 altos cargos –entre ellos exdirigentes nada sospechosos de apostar por la vía unilateral como el expresident Artur Mas o el exconseller Andreu Mas-Colell– al tener que afrontar multas millonarias por los gastos exteriores del procés. El próximo 29 de junio el tribunal ha citado a los encausados para comunicarles la fianza que se impondrá para responder a una posible condena, que se sumará a los 4,1 millones de euros que ya calculó que costó el referéndum del 1 de octubre de 2017.
Se da la circunstancia que el eventual indulto por la causa del Supremo no salvaría a algunos de los condenados, como el exvicepresident Oriol Junqueras, del pago de su responsabilidad contable por el 1-O en caso de condena por parte del Tribunal de Cuentas. Cabe recordar que el Supremo, pese a condenar a cuatro exconsellers por malversación, no concretó el total del dinero malversado ni obligó a los condenados a devolver el dinero como responsabilidad civil, sino que lo dejó todo en manos del Tribunal de Cuentas.
El Supremo, también contra la amnistía
Son todas estas causas que afectan al 'sottogoverno' soberanista las que empujan al independentismo a reclamar una amnistía, pese a que la Constitución prohíbe los indultos generales y que el PSOE –a diferencia de Unidas Podemos– ya ha advertido de que votaría en contra de la medida, lo que entierra sus posibilidades de éxito. La amnistía tampoco tiene mimbres jurídicos y ha recibido una dura crítica este miércoles por parte del Tribunal Supremo en el informe contrario al indulto a los condenados del procés.
“La preferencia por la amnistía –justificada en momentos políticos de transición de un sistema totalitario hacia un régimen democrático, prescinde de una enseñanza histórica que evidencia que, en no pocos casos, las leyes de amnistía han sido el medio hecho valer por regímenes dictatoriales para borrar gravísmos delitos contra las personas y sus derechos fundamentales”, reza el informe del tribunal que condenó a los preso del procés.
Sabedor de que su reclamación política tiene poco recorrido, el nuevo president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha recogido el guante lanzado por Pedro Sánchez y ha evitado cargar contra los indultos, como hicieron los independentistas en campaña electoral. “Nuestra propuesta es la amnistía pero no nos opondremos a medidas que aligeren el dolor”, ha dicho Aragonès este miércoles tras la toma de posesión de los nuevos consellers y conselleres del Govern.